¿Por qué Chile consume (y juzga) el contenido adulto de sus figuras públicas? Un análisis sobre la moralidad chilena y la economía de la intimidad en la era de OnlyFans

Lo que antes parecía evidente, ya no lo es. Lo que antaño se resolvía en los pasillos, el plenario o las comisiones del Congreso, hoy encuentra un nuevo cauce: los sets de televisión, las redes sociales y la instantaneidad virtual. Tal vez siempre fue así y solo se ha agudizado: una virtualidad sin filtros, de pago. O bien, para ser más precisos, una que vive en el píxel de una suscripción mensual, entre precios, packs y ofertas.

Casos como los de Camila Polizzi o Cathy Barriga no son meras anécdotas ni simples síntomas de la decadencia; son el testimonio de una frontera que se ha disuelto de forma irreversible: aquella que separaba la representación pública de la capitalización de la intimidad. En un Chile donde las instituciones crujen, la desconfianza se dispara y los autoritarismos arrecian, el cuerpo se presenta como el último activo financiero disponible y rentable, tensionando una moralidad nacional que condena en voz alta lo que consume en la clandestinidad de un clic privado. En plataformas como Arsmate o OnlyFans.

Contextualicemos.

“Pura plata”: el cuerpo como campo de batalla moral

El caso de Cathy Barriga representa, quizás, la parábola más radical de esta transmutación. De figura televisiva en Mekano —el exitoso programa juvenil de los años 2000—, saltó a la política como alcaldesa de Maipú (2016-2021), una de las comunas más populosas de Santiago y el país. En su gestión cultivó un imaginario “rosa”, ciertamente excéntrico para la realidad institucional de aquellos años, caracterizado por el uso de peluches para promocionar su labor y una estética marcadamente autorreferencial.

Creó la beca “Alcaldesa Cathy Barriga”, instaló retratos suyos en un liceo público y se inmortalizó en un mural con su rostro mientras, a través de las redes sociales municipales, realizaba videos con bailes coreografiados para anunciar hitos de gestión. Sin embargo, tras no alcanzar la reelección, su trayectoria derivó en un complejo escenario judicial: hoy es investigada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, además de negociación incompatible y malversación de caudales públicos (Ortiz y Soto, 2025).

La incursión de Barriga en plataformas de contenido adulto —en específico, Onfayer— mientras cumplía la medida cautelar de arresto domiciliario total, se instaló de inmediato en la palestra pública, desatando una oleada de juicios que transitaron entre la mofa y la indignación moral. José Antonio Neme, conductor de uno de los matinales más populares de la televisión chilena, señaló con sarcasmo: “La Cathy Barriga ahora está haciendo videos sensuales. La mina loca”.

Posteriormente, aludiendo a la motivación económica tras la plataforma, sentenció: “Pura plata. Si no puede sacar por aquí, me pongo el colaless” (Cooperativa, 2024). Por su parte, Rodolfo Carter —actual senador y entonces alcalde de La Florida— se sumó a las críticas con un tono de condena institucional, señalando: “El tema es tan penoso y decadente que da vergüenza ajena. Ni por beato, ni por cartucho, pero que una exalcaldesa, que hoy se defiende en tribunales, elija este nuevo oficio, habla tanto de ella como de lo decadente que se ha vuelto nuestro sector político” (Muñoz, 2024).

Mientras las palabras de Neme no solo reflejan una caricaturización del personaje, sino que explicitan la tensión existente entre la “respetabilidad” de una figura de autoridad y la monetización privada de su imagen, las de Carter sitúan el ejercicio del trabajo sexual digital en la categoría de lo “degradante”, utilizándolo como una vara para medir la crisis ética de la política chilena. En ambos discursos, bosquejados brevemente, el cuerpo de Barriga deja de ser un territorio soberano para convertirse en el campo de batalla de una moralidad que se siente amenazada por la autonomía financiera derivada del erotismo.

De la reclusión al set: la monetización del morbo judicial

Una trayectoria similar recorrió Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa y diputada por Concepción, apenas un año antes que Barriga. El nombre de Polizzi se instaló mediáticamente  en el marco del denominado “Caso Lencería”, una de las aristas más conocidas del “Caso Convenios”. El escándalo, que estalló en 2023, impactó profundamente en la credibilidad de personeros vinculados al Frente Amplio y puso bajo la lupa el traspaso de fondos públicos hacia fundaciones como Democracia Viva (Segovia, 2025). Actualmente, Polizzi permanece formalizada por los delitos de fraude al fisco, estafa y lavado de activos, sujeta a la medida de arresto domiciliario nocturno.

Durante su reclusión, Polizzi ha incursionado con éxito comercial en plataformas de contenido para adultos como Vodscene y Arsmate. Su actividad, sin embargo, ha trascendido el ámbito virtual: el 5 de julio de 2025, realizó un espectáculo en un club nocturno en Santiago y tuvo diversas apariciones televisivas, amparada en permisos concedidos por la justicia.

Esta capitalización del morbo despertó la reacción del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que en noviembre de 2024 solicitó retener sus ganancias, estimadas en hasta 250 millones de pesos. El documento legal era taxativo: “La imputada actualmente cuenta con cuantiosos ingresos (...) para responder de la responsabilidad civil de los ilícitos imputados. Por tanto, resulta de toda lógica que se proceda a cautelar dichos bienes, máxime considerando que a la fecha se desconoce la existencia de otros bienes de su titularidad” (Martínez, 2024).

Polizzi, cuyo perfil en Arsmate indica una tarifa de 24 dólares mensuales por suscripción —sin contar las “propinas” adicionales que permite la interfaz—, adujo que su incursión en la plataforma respondía a una necesidad económica. Según su defensa, ella continúa siendo la sostenedora de su hogar y el arresto domiciliario total, al impedirle el desplazamiento físico, no le habría dejado otra alternativa viable para generar ingresos (Martínez, 2024).

¿Acaso Polizzi se encontraba realmente impedida de ejercer un oficio convencional debido a su proceso legal, viéndose forzada a la carencia de recursos? ¿O acaso Barriga comprendió tempranamente que, en la dinámica de la economía de la atención, el escándalo judicial no representa un punto final, sino un combustible transmutado en producción rentable?

Más allá de las respuestas individuales, y el juicio que cada persona puede hacerse, lo cierto es que el morbo ha pasado a convertirse en todo un sueldo. El trabajo sexual digital (TS) ha mutado en una estrategia de supervivencia y en una capitalización agresiva de la imagen pública, tensionando la moralidad institucional frente a las crudas realidades del consumo privado en el Chile contemporáneo.

Lo anterior revela una verdad incómoda: una sociedad que condena la falta de probidad en la esfera del derecho y las instituciones pública, pero que premia y financia la transgresión en la esfera del deseo. Al final, qué significa la suscripción, qué es lo que se moviliza. ¿Estamos ante una liberación del cuerpo o ante la última etapa de la precarización laboral, donde ya no vendemos nuestro tiempo, sino nuestra intimidad?

La paradoja del consumo

Jean Baudrillard, en Cultura y simulacro (1978), señala que vivimos en la época del simulacro, donde el mapa precede al territorio. Es decir: la imagen de la realidad se vuelve más real que la realidad misma. Bajo esta premisa, los casos de Barriga y Polizzi demuestran que un proceso judicial y un arresto domiciliario han dejado de ser meras instancias jurídicas para convertirse en hiperrealidad.

Lo que importa hoy no es la culpabilidad o la inocencia —el “territorio”—, sino la puesta en escena de esa reclusión —el “mapa”— a través de las plataformas de contenido adulto. Al monetizar su cautiverio, estas figuras han logrado que la sanción del Estado sea absorbida por el sistema de consumo. Ya no existe distinción entre la figura pública, la imputada y la performer erótica; todas convergen en una sola superficie de signos que el público consume con avidez y fruición, borrando el límite entre el castigo legal y el espectáculo mediático.

Cuando espectáculo y escándalo se confunden, toda crisis aparece como mercancía perfecta. Abran sus billeteras —o más bien, sus aplicaciones de pago— y prepárense para la próxima función.