Cada 1 de diciembre, el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA ofrece una oportunidad para renovar la conciencia pública sobre la pandemia, recordar a las personas fallecidas y evaluar las políticas públicas adoptadas por los Estados. En el Perú, este balance resulta especialmente urgente cuando se analizan las condiciones en las que viven lxs trabajadorxs sexuales frente al VIH. Más allá de los avances discursivos y normativos, persisten profundas brechas entre los compromisos internacionales asumidos por el Estado y la experiencia cotidiana de este colectivo en el acceso a la salud, la protección frente a la violencia y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.
El presente artículo examina la situación del VIH en el contexto del trabajo sexual en el Perú desde un enfoque de derechos humanos. Para ello, se abordan cinco ejes estrechamente vinculados:
- Los estándares internacionales aplicables y su limitado cumplimiento;
- El desabastecimiento estructural de medicamentos antirretrovirales;
- La discriminación y la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales, particularmente aquellas que viven con VIH;
- La criminalización indirecta del trabajo sexual;
- Las oportunidades y límites que plantean los proyectos de ley actualmente en debate en el Congreso.
Estándares internacionales y vulnerabilidad estructural
Las directrices de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos reconocen, de manera expresa, que las personas que ejercen el trabajo sexual se encuentran entre los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia. Esta vulnerabilidad no se explica únicamente por el mecanismo de transmisión sexual del virus, sino por factores estructurales como la exclusión social, la desigualdad de género, la violencia y la discriminación institucional que limitan el acceso efectivo a derechos básicos.
En el Perú, la ausencia de datos actualizados sobre la prevalencia del VIH en mujeres trabajadoras sexuales constituye en sí misma una forma de invisibilización. El último estudio ampliamente citado, realizado por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en 2003, señalaba una prevalencia del 0,4 %, similar a la registrada en hombres en el mismo periodo según UNAIDS. Sin embargo, como advierte la quinta directriz de la ONU, las mujeres trabajadoras sexuales suelen ser tratadas como “vectores de infección”, y las estrategias de prevención continúan concentrándose de manera desproporcionada en ellas, mientras se omite la responsabilidad de los clientes y se limitan las acciones orientadas a promover el uso efectivo y sostenido del preservativo entre los usuarios de sus servicios.
Las directrices internacionales subrayan, además, que la posición subordinada de las mujeres en la familia y en la vida pública reduce su capacidad para negociar relaciones sexuales seguras y de tomar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva, se dediquen o no al trabajo sexual. Estas limitaciones se traducen en barreras persistentes para acceder a información, educación, métodos de prevención y servicios de salud. Barreras que se ven reforzadas por normas culturales, estereotipos de género y prácticas institucionales profundamente arraigadas.
En relación con las trabajadoras sexuales, Naciones Unidas recomienda una serie de medidas claras: la despenalización y regulación del trabajo sexual entre personas adultas; la garantía de acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del VIH sin discriminación; el fortalecimiento de asociaciones comunitarias diseñadas por y para trabajadoras sexuales; y la eliminación de todas las formas de discriminación en el acceso a derechos fundamentales. A pesar de estos lineamientos, el Perú mantiene un marco normativo ambiguo y prácticas estatales que contradicen abiertamente estos estándares.
El desabastecimiento de medicamentos como violación de derechos
Para las personas que viven con VIH, el acceso oportuno y continuo a medicamentos antirretrovirales es una cuestión de vida o muerte. La evidencia científica demuestra que, con el tratamiento adecuado, una persona con VIH puede alcanzar una carga viral indetectable y dejar de transmitir el virus, incluso durante el embarazo, el parto y la lactancia. Esta realidad sustenta el enfoque “indetectable igual a intransmisible”, hoy ampliamente reconocido a nivel internacional.
La Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre derechos humanos en el contexto del VIH y el SIDA, aprobada en 2018, establece la obligación estatal de garantizar el acceso pleno e ininterrumpido a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Sin embargo, en el Perú esta obligación ha sido incumplida de manera reiterada, al punto de requerir la intervención de la justicia constitucional.
En septiembre de 2025, un juzgado constitucional de Lima emitió una sentencia histórica en la que reconoció que el acceso al tratamiento del VIH constituye una obligación de resultado y no un mero trámite administrativo. La jueza identificó la existencia de una situación estructural de desabastecimiento, con un déficit del 39 % en la distribución de medicamentos antirretrovirales, y advirtió su impacto directo sobre derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal.
Los datos disponibles confirman este diagnóstico. Solo en 2025, el Grupo Impulsor de Acceso a Medicamentos Antirretrovirales recibió 250 denuncias por desabastecimiento. Una supervisión realizada por la Contraloría General de la República reveló que el 85 % de los establecimientos de salud presentaba desabastecimiento de medicamentos esenciales, incluidos los vinculados con el VIH, y que el 78 % contaba con un suministro inferior a dos meses de consumo promedio. De manera paradójica, numerosos establecimientos acumulaban medicamentos con riesgo de vencimiento, evidenciando graves fallas de gestión pública.
Estas deficiencias responden a causas estructurales: la fragmentación del sistema de salud, que dificulta compras eficientes y redistribución oportuna; la deficiente ejecución presupuestal —solo el 41,5 % del presupuesto destinado a medicamentos VIH y TBC había sido ejecutado a septiembre de 2025—; y la alta rotación de funcionarios, especialmente en entidades clave como el CENARES. Frente a este escenario, resulta indispensable fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como ampliar los espacios de participación de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que viven con VIH, tal como lo exigen las directrices internacionales.
Discriminación estructural y violencia
La discriminación es uno de los principales factores que incrementan la vulnerabilidad frente al VIH. Según las directrices de la ONU, la discriminación contra las mujeres limita su autonomía, reduce su acceso a recursos y protección frente a la violencia, y las expone a prácticas y condiciones que aumentan su riesgo de infección. En el Perú, estos patrones de discriminación interseccional se manifiestan con particular crudeza en el caso de las trabajadoras sexuales, especialmente cuando se cruzan con factores como la migración.
Un estudio del Ministerio de Justicia señala que el 70 % de las personas migrantes con VIH enfrenta discriminación, y hasta 2024 solo el 2 % accedía a tratamiento público. La promulgación de una ley que amplía la cobertura para VIH y TBC a personas migrantes supuso un avance relevante, aunque insuficiente frente a la magnitud del problema existente.
En el caso de las trabajadoras sexuales con VIH, el Índice de Estigma y Discriminación hacia las personas con VIH en el Perú muestra cifras alarmantes:
- El 26,7 % se sintió discriminada;
- El 46,7 % reportó haber sido insultada, acosada o amenazada en los últimos doce meses;
- El 35 % sufrió agresiones físicas, mayoritariamente por parte de sus parejas;
- El 16,7 % reportó discriminación en el acceso a servicios de salud.
Estas experiencias no son hechos aislados, sino que configuran un entorno estructural de exclusión que desalienta la búsqueda de prevención, diagnóstico y tratamiento, y debilita la capacidad de las personas para exigir sus derechos. La criminalización indirecta del trabajo sexual y los estereotipos morales profundamente arraigados legitiman prácticas discriminatorias por parte de agentes estatales, personal de salud y fuerzas del orden, erosionando la confianza en las instituciones públicas.
Criminalización del trabajo sexual y VIH
Aunque el trabajo sexual no es delito en el Perú, existen figuras penales y ordenanzas administrativas que, mediante interpretaciones expansivas, son utilizadas para criminalizar a las trabajadoras sexuales. A ello se suman operativos de “limpieza social” que desplazan violentamente a las trabajadoras de determinados espacios urbanos, exponiéndolas a mayores riesgos y vulneraciones.
La evidencia empírica es clara: la criminalización y las violaciones de derechos humanos tienen repercusiones directas sobre la incidencia del VIH. Las prácticas represivas empujan a las trabajadoras sexuales a escenarios de mayor precariedad, donde la negociación del uso del preservativo se vuelve más difícil. Se han documentado incluso casos en los que la policía considera los preservativos como pruebas incriminatorias o comete violencia sexual.
Frente a estos enfoques punitivos, resulta necesario recordar que, como señala la octava directriz de la ONU, el interés de la salud pública no se opone a los derechos humanos. Por el contrario, está demostrado que cuando los derechos humanos son protegidos, disminuye el número de nuevas infecciones y se fortalecen las políticas de prevención.
Las leyes en debate: oportunidades y límites
En el balance de 2025, dos proyectos de ley han concitado especial atención por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de los colectivos vinculados al VIH y al trabajo sexual. El Proyecto de Ley N.º 13202-2025/CR busca modernizar la normativa peruana sobre VIH, incorporando un enfoque de derechos humanos, prevención basada en evidencia científica, atención integral y eliminación de estigmas. El proyecto refuerza el acceso universal a los servicios de salud, prohíbe prácticas discriminatorias y actualiza la respuesta estatal a la realidad epidemiológica contemporánea.
Por su parte, el Proyecto de Ley N.º 12475/2025-CR propone un cambio más estructural: reconocer el trabajo sexual como actividad lícita, garantizar derechos laborales y acceso a la seguridad social, eliminar detenciones arbitrarias y descartar la obligatoriedad de pruebas de VIH para ejercer. Asimismo, incorpora medidas contra la violencia, la extorsión y el acoso por parte de autoridades y terceros, atendiendo demandas históricas de las propias trabajadoras sexuales organizadas.
Ambos proyectos responden de manera directa a las recomendaciones internacionales y a compromisos asumidos por el Estado peruano. Sin embargo, su aprobación enfrenta un contexto político adverso, marcado por un Congreso con fuerte sesgo conservador y recientes retrocesos en materia de educación sexual integral y enfoque de género. Incluso si estas normas fueran aprobadas, el desafío principal será su implementación efectiva.
La experiencia peruana demuestra que la promulgación de leyes no garantiza cambios reales sin financiamiento adecuado, mecanismos operativos claros, capacitación sostenida de funcionarios y participación activa de las comunidades afectadas.
Conclusión
La situación de las trabajadoras sexuales frente al VIH en el Perú no es el resultado de conductas individuales, sino de decisiones políticas, marcos normativos excluyentes y una discriminación estructural persistente. El desabastecimiento de medicamentos, la violencia, la estigmatización y la criminalización indirecta no solo vulneran derechos humanos fundamentales, sino que debilitan la propia respuesta sanitaria frente al VIH y reproducen desigualdades evitables.
Abordar el VIH desde un enfoque de derechos humanos implica reconocer a las trabajadoras sexuales como sujetas de derechos y actoras políticas, garantizar acceso continuo al tratamiento, erradicar la discriminación institucional y abandonar enfoques punitivos que han demostrado ser ineficaces y dañinos. Los proyectos de ley actualmente en debate representan una oportunidad concreta para avanzar en esa dirección, pero su impacto dependerá de la voluntad política para implementarlos de manera efectiva y con participación real de la sociedad civil.
Persistir en políticas que excluyen y criminalizan no solo contradice las obligaciones internacionales del Estado peruano, sino que perpetúa un modelo que produce enfermedad, violencia y muerte evitables. Apostar por los derechos humanos, en cambio, no es una concesión ideológica, sino una condición indispensable para una respuesta justa, eficaz y sostenible frente al VIH en el Perú.
En este sentido, el debate sobre VIH y trabajo sexual interpela directamente el modelo de Estado que se está consolidando en el Perú. La persistencia de políticas basadas en el control, el castigo y la moralización de los cuerpos revela una resistencia profunda a reconocer derechos a quienes históricamente han sido marginadas. Garantizar una respuesta integral al VIH exige asumir que la salud pública no puede construirse sin igualdad, ni la prevención sin justicia social. Ignorar esta premisa no solo vulnera compromisos internacionales, sino que perpetúa una respuesta ineficaz que sacrifica vidas en nombre del orden y la exclusión. Colocar los derechos humanos en el centro no es una opción política más: es la única vía responsable y sostenible.