Escribo este texto como trabajadora sexual y como activista, pero sobre todo lo escribo como sobreviviente. Sobreviviente no de un hecho aislado, sino de un sistema que nos empuja todos los días a una frontera donde la muerte es una posibilidad cotidiana.
Nosotras no hablamos de inseguridad en abstracto. Nosotras sabemos a qué hora bajan las motos sin placa, sabemos cuándo una moto o un auto no busca servicio sino reconocimiento territorial, sabemos que hay miradas que preguntan precios y otras que nos dicen que no les cuesta nada desaparecernos.
Por eso el 13 de febrero no es una fecha simbólica cualquiera: es una fecha nacida de la acumulación de muertes, es un día construido con nombres propios. No lo elegimos por calendario. Lo elegimos porque necesitábamos un día donde nuestras compañeras no vuelvan a desaparecer dentro de la estadística general de homicidios.
El inicio: cuando entendimos que nos estaban matando como grupo
Durante años, cada asesinato aparecía como un caso separado. La prensa lo presentaba como crimen común, ajuste de cuentas, algo que salió mal o situación riesgosa inherente a la “vida que llevamos”.
Pero nosotras empezamos a notar algo que no estaba bien: de un momento a otro comenzaron a aparecer malos extranjeros que se presentaban como clientes y se quedaban allí, como quien hace un estudio de mercado. Algunos se emparejaban con las “mamis” del lugar (las mamis o madames peruanas que durante décadas cobraban cupo). Algo andaba mal; no es común que extranjeros bien puestos y jóvenes se emparejen con algunas “mamis” otoñales.
Anteriormente, en el 2010, tuvimos una ola de trabajadoras sexuales ecuatorianas; luego, en el 2013, vino el boom de las colegas colombianas. Estaban de moda: se llenaban los clubes, bares, prostíbulos y calles de ellas. Pero en el 2019 llegaron hombres venezolanos encargados de hacer un estudio sobre cómo se mueve la prostitución en Lima. Las calles eran “Las Plazas”, el cobro de cupos era “La multa”.
En octubre del 2019 las trabajadoras sexuales peruanas recibíamos el primer comunicado donde se presentaban como el “Bus del Oriente”, la “Dinastía de Alayón” y “Los Gallegos”. Parecía una mala broma. Nos advertían de su presencia y que las “Plazas” tenían que ser desocupadas porque ellos las estaban tomando. También advertían que ese era un plan piloto que después se extendería a las regiones. Advertimos a la policía de estos mensajes, pero hicieron caso omiso.
En enero del 2020 asesinan al Cholo Isaac en Lince, conocido por traer chicas del extranjero dedicadas al trabajo sexual. El lunes 16 de marzo de 2020 el presidente Vizcarra decreta el inicio del confinamiento por la pandemia del COVID. La cuarentena obligaba a todos los ciudadanos peruanos y extranjeros a permanecer encerrados en sus casas, pero apenas terminó el confinamiento, de la noche a la mañana las calles de Lima se llenaron de mujeres —en su gran mayoría venezolanas— ofreciendo servicios sexuales, pero que en realidad eran víctimas de trata de personas para explotación sexual.
El 19 de febrero Elvia Álvarez y Gabriela Carranza, de nacionalidad ecuatoriana, fueron acribilladas en jirón Zepita, en el Cercado de Lima. Es en ese momento en que la policía recién actúa, dado que esos asesinatos se dieron a pocas cuadras de la comisaría de Alfonso Ugarte y del Ministerio de la Mujer. Fue escandaloso ver cómo las mafias habían logrado hacer patria en nuestro país, y es que poco importaba mientras fuéramos las trabajadoras sexuales las afectadas.
Recuerdo mi indignación como si fuera hoy cuando, por televisión, vi una conferencia de prensa donde un periodista le pregunta al entonces presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres:
—¿Qué opina sobre los asesinatos de dos trabajadoras sexuales en la calle Zepita?
Él responde:
—La prostitución tiene que desaparecer porque son la principal fuente de contagios de sida en los penales. Yo veo cómo la población de penales se muere de sida y que también afecta a los jóvenes.
De ahí en adelante nos comenzaron a matar. Nos avisaron que no teníamos que pararnos en sus plazas, que ahora pagaban la multa todas, peruanas y extranjeras. Una tras otra fuimos cayendo: en el distrito de La Victoria, Lince, El Agustino, en un hotel de la avenida Tomás Valle en San Martín de Porres, en San Juan de Miraflores, San Juan de Lurigancho. Comenzamos a caer en las provincias.
Casos emblemáticos: nombres, historias y brutalidad
Entre los casos que más han conmocionado a la opinión pública y a la comunidad de trabajadoras sexuales destacan varios que han marcado un antes y un después en la visibilidad del problema y en la demanda de justicia.
Rubí Torres Silvano y Priscila Aguado Hutaco
Los asesinatos de Rubí Torres Silvano y Priscila Aguado Hutaco en febrero de 2023 sacudieron a Lima y desencadenaron protestas de colectivos LGTBIQ+ frente a la Dirección de Investigación Criminal (Dinincri), exigiendo que las investigaciones no quedaran en la impunidad.
Rubí, de 31 años, y Priscila, de 19, eran mujeres trans trabajadoras sexuales que se encontraban en el centro de Lima cuando fueron secuestradas por mafias que pretendían expulsar a las trabajadoras sexuales trans de las cuadras del jirón Zepita, lugares que durante décadas ocupaban para ofrecer sus servicios e imponerles el pago de cupos para el control del ejercicio de su trabajo.
Una investigación informó que una mujer venezolana —identificada como Eglismar Andreina Reyes Sojo, alias “Andrea”— fue detenida por su implicancia en los asesinatos de Rubí y Priscila. En su celular se encontraron mensajes donde advertía a un supuesto mafioso sobre los enfrentamientos con las mujeres trans y que eso ya la tenía cansada, recibiendo como respuesta: “No te preocupes, mañana desaparecemos a una y pasado a otra”.
Coincidiendo con las fechas, el 12 de febrero secuestraron del jirón Zepita a Priscila Aguado, quien fue asesinada en Chorrillos, y con una diferencia de 16 horas, el día 13 secuestraron a Rubí Torres. Ella fue llevada al distrito de Carabayllo y su ejecución fue filmada y enviada a todos sus contactos por los sicarios como advertencia de lo que nos puede pasar a las que no nos alineamos.
Una vez más los titulares: la repetición, mismo contexto, misma amenaza previa, mismo tipo de agresor, misma falta de investigación posterior. No eran eventos aislados; era una práctica social tolerada.
Hasta ese momento, varias compañeras habían sido asesinadas en el país: muchas eran mujeres trans, mujeres cisgénero, mujeres migrantes, todas pobres. Ahí comprendimos que no solo trabajábamos en la calle; vivíamos en una zona de sacrificio. Con nuestro mayor terror: no llegar a casa. Vivir así no es vivir.
El trabajo sexual en el Perú: existir sin existir
El trabajo sexual en el Perú no es ilegal, pero tampoco está protegido. Eso significa que existimos para el mercado, para el cliente y para la policía cuando quiere cobrarnos el cupo, pero no existimos para la política pública cuando pedimos protección.
No tenemos categoría laboral, no tenemos protocolos de seguridad, no tenemos rutas claras de denuncia. La ambigüedad legal produce una paradoja cruel: somos lo suficientemente visibles para ser perseguidas, pero lo suficientemente invisibles para no ser protegidas.
La economía del miedo: los cupos
En muchas zonas del país, trabajar implica pagar: no impuestos, no alquiler, extorsión. Pagamos para que nos dejen trabajar. Siempre lo hemos hecho a malos elementos policiales que también nos cobran cupo o nos obligan a tener sexo a cambio de dejarnos trabajar, a malos operarios de los gobiernos municipales. Ahora nuestra situación empeoró al llegar las mafias extranjeras: ahora pagamos para no desaparecer.
La extorsión es un sistema organizado de control territorial sobre nuestros cuerpos. No se trata solo de dinero; se trata de autoridad. Quien cobra el cupo decide quién puede pararse en la esquina, quién puede rotar de zona, quién puede atender a un cliente y en qué hotel y quién debe irse.
Cuando alguien intenta romper esa regla, la violencia escala. Nosotras aprendemos a leer esos códigos porque la vida depende de eso.
El punto de quiebre
Hubo un momento en que dejamos de llorar en privado. Cuando varias compañeras fueron asesinadas en un corto periodo de tiempo, entendimos que la reacción social sería la misma de siempre: impacto breve y olvido rápido.
Entonces hicimos algo distinto: marchamos juntas desde la Asociación de personas que ejercemos el trabajo sexual “Miluska Vida y Dignidad”, la naciente Asociación de trabajadoras sexuales del Centro de Lima “Rubí Fuerza Trans”, FEMINAS, Mis TRANS, Observatorio Trans, activistas independientes y con apoyo de la comunidad trans ítalo-peruana. De manera inspiradora, en profunda y completa unión, nos abrazamos y nos acuerpamos en una primera gran marcha contra los crímenes por odio contra las trabajadoras sexuales mujeres diversas.
Marchamos no solo por nuestras compañeras caídas, sino por nosotras. Frente a autoridades a las cuales les exigimos algo básico: que investiguen considerando que eran trabajadoras sexuales, porque cuando esa condición no aparece, el crimen pierde contexto, el móvil desaparece y la responsabilidad estructural se diluye.
Ese día entendimos que necesitábamos una fecha permanente de memoria. Así nació el 13 de febrero: el día que nos dolió el alma y el pecho al ver en un video a nuestra amiga y compañera Rubí Ferrer, en sus últimos segundos, rogar por su vida antes de que le destrozaran el cuerpo a balazos.
En cuatro días no solo habían matado a Rubí: también asesinaron a Anita en San Martín de Porres, Liz de Puente Piedra y Priscila Aguado en Chorrillos.
Por qué necesitábamos una fecha
Cuando un grupo social es asesinado de forma reiterada pero dispersa en el tiempo, la sociedad no percibe patrón. Cada muerte queda aislada, cada familia llora sola, cada caso se archiva como individual. La fecha rompe esa fragmentación.
El 13 de febrero une los nombres en un mismo espacio temporal para que la sociedad no pueda decir “son casos distintos”. Ese día demostramos que existe continuidad. La memoria colectiva no es ritual, es evidencia política.
Lo que hacemos el 13 de febrero es reunirnos, marchar, nombrar a viva voz. Ese día no pedimos lástima, denunciamos abandono: entramos en duelo colectivo, denuncia pública y protección preventiva, porque la visibilidad reduce la impunidad.
Visibilizamos la violencia institucional
Cuando se trata de nosotras, nos encontramos con que en las investigaciones hay mucho cuestionamiento a las víctimas; a eso lo llamamos “putofobia”. No solo por parte de las autoridades u operadores de justicia, también opiniones de personas de la sociedad, inclusive de nuestro entorno, que nos hacen mucho daño.
Como, por ejemplo, qué hacía de noche, si consumía alcohol o por qué estaba sola, si era migrante, si era trans o lesbiana. El prejuicio altera la investigación, la perjudica; como resultado, las prostitutas no tenemos acceso a la justicia.
Cuando la vida de la víctima vale menos socialmente, la urgencia disminuye. La impunidad no siempre es decisión consciente; muchas veces es consecuencia de jerarquías morales aprendidas.
El problema de fondo: la jerarquía de vidas
No todas las muertes producen la misma indignación social: algunas paralizan ciudades, otras generan comentarios de burla.
Las trabajadoras sexuales ocupamos el último escalón de empatía pública. Nuestra muerte se interpreta como riesgo asumido, no como crimen intolerable. Esa diferencia es lo que permite que la violencia continúe.
El agresor sabe que la búsqueda será menor, sabe que la presión mediática durará poco, sabe que el caso puede diluirse, que quedará en impunidad.
La sociedad no mata directamente, pero su indiferencia crea condiciones de posibilidad.
Lo que revela el 13 de febrero
El 13 de febrero demuestra que una comunidad puede construir memoria cuando el Estado no la garantiza. Es un mecanismo social de reparación simbólica: transforma el dolor privado en denuncia colectiva, convierte la vergüenza en identidad política y convierte la vulnerabilidad en organización.
Nosotras no marchamos porque nos guste recordar; marchamos porque olvidar nos pone en riesgo.
Lo que pedimos
No pedimos que les guste nuestro trabajo. Pedimos que nuestra vida no dependa de esa opinión.
Necesitamos:
- Reconocimiento del trabajo sexual.
- Un mecanismo para denunciar sin exponernos.
- Investigaciones sin prejuicios.
- Protección frente a extorsión.
- Participación directa en políticas públicas.
- Formación a operadores de justicia.
- Ley que tipifique los crímenes por odio.
- Modificatoria de las leyes que criminalizan al trabajo sexual y a la persona que lo ejerce.
El objetivo no es privilegio, es igualdad básica ante la violencia.
Lo humano detrás de lo político es que cada nombre tiene una historia cotidiana: una hija, una madre, una amiga, alguien que enviaba dinero a su casa. Pero cuando muere una trabajadora sexual, la biografía se reduce a la ocupación; la persona desaparece detrás del estigma.
El 13 de febrero recupera la humanidad robada por el prejuicio.
Análisis final: Memoria como mecanismo de supervivencia social
La existencia de esta fecha evidencia un problema profundo: cuando el sistema de justicia no produce suficiente confianza, las comunidades crean sus propios rituales de garantía simbólica.
El 13 de febrero es una institución informal de derechos humanos. No reemplaza al Estado, pero señala su ausencia. Es la prueba de que el reconocimiento social de la dignidad aún está condicionado por moralidades históricas sobre el cuerpo y la sexualidad.
Mientras algunas vidas sean consideradas menos llorables, la violencia seguirá encontrando permiso.
Nuestra conmemoración no es identitaria únicamente; es democrática. Amplía el límite de quién merece protección. Marchar ese día es decir que la ciudadanía no depende de la respetabilidad y por eso seguimos saliendo cada año, no porque queramos recordar la muerte, sino porque queremos dejar de acostumbrarnos a ella.
El día que ya no tengamos que marchar el 13 de febrero significará que el país aprendió a reaccionar antes de que nos maten. Ese día la fecha dejará de ser necesaria.