Un Estado más fuerte... ¿para quién?
"Hay que darle una oportunidad". En los últimos días esa ha sido una de las frases más repetidas frente al inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Pero, el gobierno de la señora Fujimori no parte de cero.
Ella nunca ha dejado de reivindicar la figura de su padre, el autócrata Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Además, la nueva presidenta ha dirigido en los últimos años la principal fuerza del Congreso, desde donde ha impulsado una agenda claramente anti derechos. Sus primeros actos al frente del gobierno son también elocuentes.
El discurso presidencial del 28 de julio dejó pocas dudas sobre ese rumbo. La seguridad ciudadana, el crecimiento económico y la competitividad ocuparon el centro del mensaje. En cambio, los derechos humanos, la igualdad de género y la protección de los sectores históricamente excluidos apenas aparecieron. En política, los silencios también gobiernan.
Aunado a ello se ha conocido un proyecto de ley en el que se solicita al Congreso la delegación de facultades legislativas. El Ejecutivo solicita amplias facultades para legislar en seguridad ciudadana, régimen laboral, desregulación administrativa, normativa ambiental, minería, hidrocarburos y modernización del Estado.
Bajo la promesa de mejorar la competitividad y eliminar barreras burocráticas, se evidencia una agenda de fuerte concentración de poder y de flexibilización de los mecanismos de protección ambiental, laboral y administrativa, cuyos efectos probablemente recaerán con mayor intensidad sobre quienes ya ocupan las posiciones más vulnerables de la sociedad.
Lo que comienza a perfilarse es un modelo de Estado donde la seguridad desplaza a los derechos, la desregulación económica se presenta como motor del desarrollo y el poder encuentra cada vez menos límites.
La memoria de la violencia
Resulta significativo que el discurso presidencial concluya invocando la "reconciliación nacional" y afirmando que el orden y la reconciliación son "términos perfectamente compatibles". Sin embargo, esa reconciliación se presenta como un llamado a la unidad política y al trabajo conjunto, no como un proceso sustentado en la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Las víctimas de Barrios Altos, La Cantuta y las esterilizaciones forzadas, las familias que siguen esperando justicia por las ejecuciones ocurridas durante las protestas sociales, quienes han visto cómo el Congreso liderado por el fujimorismo aprobó normas que favorecen la impunidad de agentes estatales, tienen razones legítimas para observar este gobierno con preocupación.
Cuando Keiko Fujimori reivindica el legado político de su padre y Fuerza Popular ha impulsado iniciativas que debilitan los procesos de justicia, la desconfianza de las víctimas no nace del prejuicio, sino de la experiencia. Pedirles que olviden no es reconciliación. Es pedirles que renuncien a la memoria.
Poder sin cortapisas
La preocupación no reside únicamente en quién ocupa la Presidencia, sino en el escenario institucional en el que lo hace.
Durante los últimos años el fujimorismo ha tenido un papel decisivo en la conformación del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. Ahora suma el control del Poder Ejecutivo y la presidencia del nuevo Senado, una cámara que no puede ser disuelta y que tiene facultades enormes en la producción legislativa.
Este proceso coincide con un contexto internacional igualmente preocupante. El multilateralismo atraviesa una etapa de debilitamiento, mientras el avance de gobiernos conservadores en la región ha reducido la presión política en defensa de la democracia y los derechos humanos. La intención de Keiko Fujimori de integrar al Perú al denominado Escudo de las Américas refleja esa nueva orientación.
Nunca había coincidido una concentración tan amplia de poder interno con un escenario internacional tan poco dispuesto a ejercer contrapesos democráticos.
Militarizar no es proteger
El mensaje presidencial no dejó dudas sobre el rumbo que seguirá la política de seguridad. Keiko Fujimori anunció que, se declararán estados de emergencia y que las Fuerzas Armadas asumirán el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno.
El anuncio fue acompañado por otra decisión significativa: colocar a un militar al frente del Ministerio del Interior. Ambas medidas apuntan en la misma dirección. La respuesta a la inseguridad se plantea desde una lógica militar, relegando a la Policía Nacional, institución a la que la Constitución asigna la responsabilidad del orden interno y la seguridad ciudadana.
También preocupa la consolidación de los estados de emergencia como principal respuesta frente a la delincuencia. Lo excepcional ha terminado convirtiéndose en una práctica recurrente que, sin haber demostrado resultados sostenidos en la reducción del crimen, sí implica restricciones a derechos fundamentales y mayores riesgos de uso abusivo de la fuerza.
La preocupación se agrava con la experiencia reciente. Apenas unos días antes del cambio de gobierno, una intervención militar en Colcabamba terminó con la ejecución de cinco civiles que se trasladaban después de jugar un partido de fútbol, recordándonos los riesgos que implica emplear personal militar en tareas de control interno.
No es casual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostenga que el mantenimiento del orden público debe permanecer, por regla general, en manos de cuerpos policiales civiles y que la participación militar solo pueda ser excepcional, temporal y subsidiaria.
Los efectos de esta estrategia recaen sobre poblaciones pobres, racializadas, e históricamente estigmatizadas, como las trabajadoras sexuales, que con frecuencia enfrentan intervenciones arbitrarias, hostigamiento y violencia institucional. Una política de seguridad basada en estados de excepción y en la militarización del orden interno incrementa el riesgo de que esos abusos se profundicen.
Combatir al crimen organizado exige fortalecer la investigación criminal, la inteligencia y las capacidades de la Policía Nacional. La seguridad ciudadana es un derecho. Pero convertir la excepción en regla y desplazar el liderazgo hacia las Fuerzas Armadas difícilmente hará al país más seguro; sí puede hacerlo menos democrático.
¿De qué mujeres hablamos?
El discurso presidencial dedica amplio espacio a la infancia, la familia y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, cuando se trata de las mujeres, el silencio resulta elocuente. No hay una sola referencia a la igualdad de género, a la violencia contra las mujeres, al feminicidio, a la autonomía económica, a la participación política o a los derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres aparecen principalmente como madres, cuidadoras o beneficiarias de programas sociales, pero no como titulares de derechos cuya igualdad requiere políticas específicas.
Esa omisión no puede analizarse de manera aislada. Se suma a un gabinete integrado por solo dos mujeres y a la designación de una ministra de la mujer sin experiencia previa en políticas de género o derechos de las mujeres, decisiones que refuerzan la impresión de que esta agenda tendrá un lugar secundario en el gobierno.
Tampoco es una ruptura con la trayectoria política del fujimorismo. Durante la campaña electoral, Keiko Fujimori reiteró su oposición a la despenalización del aborto en casos de violación, incluso tratándose de niñas víctimas de violencia sexual, reafirmando una posición conservadora en materia de derechos reproductivos.
Nada de ello significa que las políticas dirigidas a la niñez o a la familia carezcan de importancia. El problema aparece cuando esas políticas sustituyen una agenda de igualdad. Las mujeres no son únicamente madres, esposas o cuidadoras. También son trabajadoras, lideresas, defensoras de derechos humanos, políticas, estudiantes y ciudadanas que enfrentan formas específicas de discriminación y violencia. Cuando esas realidades desaparecen del discurso oficial, también corren el riesgo de desaparecer de las prioridades del Estado.
Y hay un grupo que ni siquiera alcanza ese nivel de reconocimiento: las trabajadoras sexuales. Si las mujeres aparecen en el discurso principalmente desde su rol familiar, ellas ni siquiera son nombradas. Esa invisibilidad también dice mucho sobre quiénes quedan fuera del horizonte de las políticas públicas.
Las trabajadoras sexuales: otra vez las últimas
En los últimos años las trabajadoras sexuales en el Perú han enfrentado el avance del crimen organizado, las extorsiones, los asesinatos y la corrupción policial sin políticas públicas capaces de protegerlas. Durante la campaña electoral permanecieron prácticamente invisibles y nada indica que esa situación vaya a cambiar.
Un Estado que privilegia la militarización, reduce la agenda de derechos y concentra el poder difícilmente colocará en el centro a un colectivo históricamente estigmatizado. Seguirán apareciendo cuando se anuncien operativos policiales, pero no cuando se discutan derechos laborales, acceso a salud, protección frente a la violencia o participación en las decisiones que afectan sus vidas.
Todas las señales están ahí. Juntas configuran un patrón difícil de ignorar. Cuando un gobierno concentra poder, militariza la seguridad y elimina controles institucionales, quienes habitan en los márgenes deben prepararse para resistir. En este escenario, la solidaridad y la cohesión de las organizaciones sociales serán más necesarias que nunca.