Violencia silenciada: El asedio del crimen organizado sobre las trabajadoras sexuales en Perú

Como cada año, este 25 de noviembre de 2025 se conmemoró el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. En Perú la ola verde condenó los graves recortes de la agenda de igualdad en el país, con unas reformas que muchos coinciden en que nos hacen retroceder más de cien años, el desmantelamiento progresivo del Ministerio de la Mujer y el desfinanciamiento de programas esenciales para la garantía del enfoque de género en el país. También alzó su voz frente a la represión de la protesta social, y en rechazo de  las guerras, exigiendo además justicia y atención real a las desaparecidas. 

La resistencia transfeminista inundó las calles,  denunciando  el avance de las mafias sobre los territorios, y cómo estas profundizan las violencias machistas, reivindicando también el reconocimiento del trabajo sexual como expresión de la autodeterminación de las mujeres sobre sus cuerpos.

Crecimiento exponencial de la extorsión 

Las mujeres gritan en las calles lo que la gran prensa calla. Las portadas muestran el auge del crimen organizado en el país, los asesinatos, los secuestros y las extorsiones que se han convertido en el pan nuestro de cada día. 

El pasado 20 de noviembre los transportistas, los emprendedores del emporio textil de Gamarra, los trabajadores de construcción civil, los pueblos indígenas, las organizaciones feministas y de derechos humanos se juntaron frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia pública para denunciar la escalada de esta lacra social y la falta de respuesta del Estado Peruano. 

La CIDH advirtió que la violencia del crimen organizado - extorsión, sicariato, economías ilícitas - se ha convertido en una grave crisis que vulnera derechos humanos fundamentales: vida, integridad, seguridad y trabajo. Se cuestionó al Estado peruano la falta de políticas efectivas de prevención, protección y participación ciudadana, especialmente en zonas vulnerables. Además, se subrayó la urgencia de estrategias focalizadas para mujeres, pueblos indígenas, niñez, transportistas, comerciantes y otros sectores golpeados por la inseguridad. La Comisión anunció que prepara una nueva resolución sobre crimen organizado y derechos humanos.

No es para menos. De acuerdo al Sistema de Denuncias Policial del Perú, de enero a setiembre de este año  se registraron más de 23.000 denuncias de extorsión, lo que supone un incremento cercano al 30% respecto al año anterior. Aunque esta modalidad delictiva afecta a diversos ámbitos de la vida social, la más visible es el rubro del transporte público. Según el Ministerio Público solo en Lima Metropolitana entre enero  y octubre de 2025 56 transportistas fueron asesinados por negarse a pagar los cupos exigidos por las bandas dedicadas a la extorsión.

Mientras el país se desangra, el gobierno impone medidas efectistas que no tienen ningún impacto real sobre la reducción de la criminalidad, como la declaratoria del estado de emergencia en Lima, o la prohibición de que dos personas circulen sobre la misma motocicleta. Al mismo tiempo el Congreso aprueba normas que favorecen el crimen organizado, debilitando herramientas como la extinción de dominio para incautar bienes relacionados con las actividades delictivas, agravando los requisitos para la realización de allanamientos o desmantelando la División Policial de Delitos de Alta Complejidad, una unidad que fue clave para la lucha contra el crimen organizado.

Cercadas por el crimen

El colectivo de trabajadoras sexuales no sale en las portadas de los diarios ni expresó su voz ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, sin embargo, sufre de manera especialmente cruel los embates del crimen organizado y la extorsión.

Una investigación publicada el pasado febrero por la organización internacional InSight Crime describe como la banda criminal venezolana Tren de Aragua llegó al Perú en el 2019 y fue apoderándose progresivamente de los espacios donde las trabajadoras sexuales se desempeñan. Comenzaron controlando poco a poco las calles y después, durante la pandemia por COVID 19, se adentraron también en los grupos de whatsapp donde las mujeres coordinan.

Los testimonios recogidos por Insight Crime coinciden en señalar los inicios del 2020 como el hito en el control territorial que fue tomando en Tren de Aragua sobre el trabajo sexual en la capital peruana. Concretamente, se habla del asesinato de un cabecilla local conocido con el sobrenombre de  “Cholo Isaac” a manos de tres hombres armados pertenecientes a la facción denominada los Gallegos el 9 de enero de aquel año como un momento clave.

Aunque las extorsiones en el mundo del trabajo sexual siempre existieron, con la llegada de esta megabanda criminal la situación se agravó y escaló en violencia. Las trabajadoras sexuales más afectadas por estas redes criminales son las de origen venezolano pero, según la investigación, la actividad extorsiva afecta ya a buena parte de las mujeres que laboran en el rubro.

De manera semejante a lo que sucede con los transportistas, las trabajadoras del sexo inicialmente deben realizar un pago al que llaman permiso o inscripción, y después tienen que pagar diariamente, incluso si no trabajan. Para el año 2020 en Lima una de las mujeres entrevistadas por Insight Crime menciona una cuota inicial de 100 USD y luego un pago diario de 40 USD. En caso de impago llegan las amenazas de muerte, incluso sobre familiares de las mujeres y en sus propios hogares.

Invisibles para el Estado

En diciembre del 2022 se creó en Perú la Mesa de Trabajo para luchar contra la violencia y promover los derechos fundamentales de las personas que ejercen trabajo sexual. Bajo la forma institucional de una comisión multisectorial de naturaleza temporal, la Mesa consideró como representantes del ejecutivo a los directores generales de Violencia contra la Mujer e Igualdad de la Mujer, así como al Director Ejecutivo del Programa Aurora, para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Es decir, se asignó la participación de funcionarios con capacidad de decisión, lo que en ese momento se consideró una muy buena señal. 

Por parte de la sociedad civil se designaron representantes de las organizaciones de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad, y Rosas Mujeres de Lucha- Perú, así como de la organización Veneactiva que reivindica los derechos de la población de origen venezolano.

Esta política liderada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue acogida inicialmente con mucho entusiasmo por las organizaciones del colectivo, pero finalmente no logró impactar significativamente en la reducción de los riesgos que enfrentan las mujeres dedicadas al trabajo sexual, siendo valorada como un espacio más que todo de carácter simbólico.

El caso de Rubí Torres y Priscila Aguado

Solo dos meses después de que la Mesa que tantas expectativas había suscitado se creara el colectivo peruano de trabajadoras sexuales se vió ensombrecido por algunos de los asesinatos más atroces de la historia reciente. El 12 de febrero del 2023 Rubí Torres y Priscila Aguado, dos mujeres trans de 31  y 30 años de edad, subieron al vehículo de unos supuestos clientes en el centro de Lima. En realidad se trataba de sicarios pertenecientes a la facción “Los Gallegos”, quienes las asesinaron por no cumplir con el pago de los cupos que les exigían. A Rubí le asestaron 32 balazos. Los homicidas difundieron las imágenes en redes sociales y las enviaron a muchas mujeres, con un claro afán aleccionador.

Dos años después Rubí y Priscila siguen sin alcanzar justicia. La policía solo logró capturar al chófer del vehículo en el que fueron secuestradas, y a una mujer que participó en el crimen cuando aún era menor de edad. El autor material del delito se encuentra prófugo en Colombia. 

La violencia contra el colectivo sigue escalando

La situación es tan grave que en febrero pasado las organizaciones de trabajadoras sexuales y colectivas TLGBI realizaron una marcha en Lima para exigir atención efectiva de las autoridades. Las colectivas denuncian la falta de avances reales en las investigaciones, lo que constituye un mensaje de abandono e indiferencia estatal para todas las trabajadoras sexuales. Más aún, las activistas cuestionan la falta de atención adecuada cuando acuden a las dependencias policiales, y la desidia en las investigaciones. La policía no solo se niega a tramitar como corresponde las denuncias de las trabajadoras sexuales que son extorsionadas, sino que muchas veces se convierte también en fuente de agresión.

Este desinterés del Estado se evidencia también en la falta de estadísticas oficiales sobre los asesinatos. Desde la sociedad civil existe un esfuerzo importante por llevar una contabilidad a cargo del Observatorio de Derechos TLGBI de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. De acuerdo con el último reporte del Observatorio, entre el 2023 y el 2023 se registraron 30 crímenes de odio contra mujeres trans en el Perú, de los cuales una buena parte afectaron al colectivo de trabajadoras sexuales.

En la lucha contra la invisibilidad estadística la sociedad civil ha tenido una victoria histórica que es la sentencia obtenida en el 2020 en el  caso Azul Rojas Marín contra Perú, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La activista trans fue torturada en una dependencia policial y como parte de las garantías de no repetición en este importante precedente la Corte Interamericana ha ordenado al Estado Peruano diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI. 

Lamentablemente, cinco años después de su emisión, la implementación de la sentencia es todavía deficiente, y la comunidad trans y en general las trabajadoras sexuales tienen aún mucho camino por recorrer hasta dejar de ser invisibles para el Estado. El panorama es aún más desalentador considerando el contexto general de retrocesos en materia de género que se está viviendo en el país. 

La situación se agrava por la histórica indiferencia institucional frente a la violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales. La falta de reconocimiento legal de su actividad las empuja a la clandestinidad, donde denunciar significa exponerse a hostigamientos policiales, persecución municipal o incluso la posibilidad de ser detenidas. Esta ausencia de protección diferenciada crea un terreno fértil para las mafias, que operan con total impunidad sabiendo que las víctimas difícilmente acudirán a la justicia. 

A ello se suma la corrupción policial, que en diversos puntos del país mantiene pactos tácitos con redes criminales, permitiendo que el control territorial sobre el trabajo sexual se extienda sin resistencia. La extorsión hacia las trabajadoras sexuales es, en esencia, una forma extrema de violencia basada en género: se alimenta del estigma, de la precariedad económica, de la xenofobia y de la impunidad que rodea sus vidas. 

Por ello, cualquier respuesta estatal debe incluirlas de manera explícita, garantizando rutas seguras de denuncia, presencia institucional en zonas tomadas por las mafias y un fortalecimiento real de la Mesa de Trabajo creada en 2022, que hoy carece de recursos y capacidad de incidencia. Reconocer su voz y su experiencia no es solo una cuestión de justicia: es condición indispensable para enfrentar la expansión del crimen organizado en el país.

Mientras estas aspiraciones se conviertan en realidad,  las organizaciones de trabajadoras sexuales seguirán luchando por su dignidad en estrecha alianza con el movimiento feminista ámplio, fuerte, diverso e interseccional existente en el Perú.