En cualquier parte del mundo, cada persona tiene el pleno derecho a decidir sobre su propio cuerpo, es decir, qué hacer con él, con quién y cómo. A esto se le conoce como soberanía corporal y está directamente relacionado con la libertad individual y la dignidad humana. Y cuando se trata de trabajo sexual, adquiere especial importancia.
En Perú, si bien ejercer esta actividad no está penada cuando es adulta y voluntaria, existe un gran debate sobre la autodeterminación. Es decir, el reconocimiento efectivo del derecho que tienen las escorts y prostitutas a elegir con quién trabajar, en qué condiciones y bajo qué términos sin sufrir ningún tipo de persecución ni violencia. Algo que, en la práctica, es difícil de conseguir, pues las circunstancias llevan a sobrevivir como sea.
El respeto a la soberanía corporal y la autodeterminación implica que las personas que ejercen el sexo pago deben tener la capacidad de tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su actividad. Porque este derecho no solo protege, sino que también es un método de autodefensa frente a la coerción, la explotación o el abuso.
Marco legal del trabajo sexual y los derechos individuales en Perú
Como hemos mencionado, el ejercicio sexual realizado por adultos y de forma voluntaria no está penalizado en Perú. En cambio, la trata de personas, el proxetenismo y cualquier forma de explotación sexual por parte de terceros son ilícitos.
El Código Penal peruano distingue claramente entre la prestación voluntaria de servicios sexuales, que no significa que esta profesión esté reconocida y tenga plenos derechos laborales, y los delitos que implican coerción o lucro de terceros.
- Artículo 153 (Trata de personas): sanciona con hasta 15 años de prisión a quien capte, transporte o retenga a una persona con fines de explotación, incluso si media consentimiento.
- Artículo 181 (Favorecimiento a la prostitución): castiga a quien promueva o facilite la prostitución ajena con ánimo de lucro.
- Artículo 183-A (Explotación sexual): penaliza el hecho de obtener beneficios de la prostitución de otra persona, sin necesidad de violencia física.
Sin embargo, en el día a día esta diferenciación no es tan fácil, surgiendo así los matices y las áreas grises que generan precariedad y vulnerabilidad.
Por otro lado, la Constitución Política del Perú, en el artículo 2 inciso 1, reconoce el derecho a la integridad y a la libertad personal, lo que incluye la libertad sexual y la autodeterminación sobre el cuerpo.
"Toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y al libre desarrollo y bienestar." Artículo 2, inciso 1 – Constitución Política del Perú.
Así pues, aunque el marco legal peruano no criminaliza el trabajo sexual autónomo, tampoco lo regula de forma específica. Como consecuencia, su derecho a decidir no siempre está garantizado frente a la discriminación o los abusos de autoridad.
En teoría, el derecho a elegir sobre clientes, condiciones y prácticas
La capacidad de decir “no” es tan importante como la de decir “sí”. Decidir libremente sobre las relaciones sexuales que mantiene una persona, incluyendo las que se dan como intercambio económico, es, en teoría, real.
En el sexo de pago, esta autonomía se traduciría en la capacidad de elegir clientes, definir límites, negociar condiciones y rechazar prácticas no consentidas. Así, en un contexto donde el consentimiento es el eje central, el trabajo sexual autónomo se convierte en una manifestación de libertad personal, no en un delito.
Organismos internacionales como la ONU Mujeres y la Amnistía Internacional defienden la despenalización del trabajo sexual voluntario como medio para garantizar derechos básicos como la autodeterminación.
A diferencia de la calle, en el entorno digital, las escorts y prostitutas tienen mayor autonomía y control sobre sus clientes, condiciones y prácticas. Las plataformas en línea como OnlyFans y los espacios virtuales de contacto como Simple Escort permiten a muchas trabajadoras del sexo tener la libertad personal de escoger a sus clientes bajo su criterio, rechazar prácticas, establecer límites claros antes de los encuentros y evitar un mayor número de situaciones de riesgo físico.
Por lo tanto, aunque la tecnología no está exenta de desafíos o riesgos, actualmente ofrece mayor autonomía, seguridad y capacidad de decisión a las personas que se dedican al trabajo sexual. Así, se convierte en una herramienta que hace más real la autodeterminación corporal en la práctica.
En la práctica, ¿realmente existe el derecho a elegir de las trabajadoras sexuales en Perú?
Debido a la falta de reconocimiento y de leyes laborales que amparen a las trabajadoras sexuales, estas siguen enfrentando estigmatización, precariedad y violencia institucional. Porque la falta de regulación laboral deja a este colectivo expuesto a condiciones precarias, sin acceso garantizado a la salud, la justicia o la protección social.
La lucha diaria de las organizaciones de trabajadores sexuales como PROMSEX y la Defensoría del Pueblo es sobre la extorsión policial, el maltrato y las trabas a la hora de acceder al sistema sanitario que sufren las personas del colectivo, sobre todo en contextos urbanos.
Además, la ambigüedad legal en la que se encuentra esta profesión es un hecho. Aunque la prostitución no está prohibida, cada municipio puede imponer ordenanzas que restrinjan el ejercicio en espacios públicos. Esto genera persecución o desplazamiento forzado de zonas de trabajo, una situación que debilita el derecho a decidir sobre su cuerpo y las condiciones laborales.
Más allá de la ley: el desafío de garantizar la autodeterminación
Desde la perspectiva de los derechos humanos, garantizar la autodeterminación no se traduce en promover la prostitución, sino en reconocer la capacidad de las personas adultas para tomar decisiones sobre su cuerpo sin coerción ni castigo. De esta manera, este enfoque busca desplazar los discursos moralistas y centrarse en la libertad, la seguridad y la dignidad de las personas que se dedican al sexo de pago.
Además, en última instancia, la soberanía sobre el propio cuerpo es la expresión más elemental de la libertad humana. Por lo tanto, debería situar a las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos y no como víctimas pasivas.