Susel Paredes busca llegar al sillón municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima en las elecciones de 2026. Su candidatura vuelve a poner sobre la mesa una discusión que comenzó con un proyecto presentado por ella en septiembre de 2025. Se trata del Proyecto de Ley 12475/2025-CR, que propone regular el trabajo sexual voluntario en el Perú.
La conexión de Paredes con Lima no es una novedad de este proceso electoral. La candidata tiene una trayectoria previa en la gestión municipal, primero a nivel de Lima Metropolitana, acompañando a Susana Villarán, y posteriormente en la Municipalidad Distrital de la Victoria, durante la alcaldía de Geroge Forsyght. Ambas gestiones ediles tuvieron intervenciones punitivas contra las trabajadoras sexuales, incluyendo la imposición de multas y el accionar represivo de los cuerpos de seguridad municipales.
Al mismo tiempo, Susel Paredes es la promotora de un proyecto de ley que busca reconocer el trabajo sexual voluntario como una actividad laboral lícita y proteger los derechos de quienes lo ejercen.
Hace algunos meses revisé para Simple Media el proyecto de ley, concluyendo que se trataba de una iniciativa valiosa. Reconocer el trabajo sexual como trabajo podía abrir una puerta para discutir derechos laborales y desarrollar medidas de protección frente a la violencia. Después hablé con Ángela Villón y revisé las observaciones de Miluska Vida y Dignidad y del Movimiento Nacional.
Entonces apareció otra dimensión del problema: No basta con preguntarse si el trabajo sexual debe ser reconocido. También hay que preguntarse cómo se construye esa regulación y quién tendrá poder para aplicarla.
¿Què propone el proyecto?
El proyecto parte de una definición concreta. Considera trabajo sexual la actividad voluntaria mediante la cual una persona mayor de edad presta servicios de naturaleza sexual a cambio de una retribución económica.
La exposición de motivos sostiene que debe ser reconocido como una actividad laboral lícita y que quienes lo ejercen deben contar con protección frente al estigma, la violencia, la discriminación y la criminalización injustificada.
La propuesta también establece que el trabajo sexual voluntario no debe confundirse con la trata de personas ni con formas de coerción o explotación sexual. Esos delitos continuarían sujetos al marco penal vigente.
A partir de ese reconocimiento el proyecto plantea derechos laborales y acceso a la seguridad social. También contempla la organización sindical, la negociación de una retribución y la participación en programas estatales sin discriminación. Además incluye disposiciones relacionadas con salud y confidencialidad.
El proyecto regula también los lugares donde podría desarrollarse la actividad. Su artículo 3 establece que las personas mayores de 18 años podrán ofrecer y prestar servicios sexuales si cumplen los requisitos que establezcan las leyes, reglamentos y ordenanzas aplicables. El artículo 4 contempla locales, casas o espacios autorizados y permite el ejercicio individual o colectivo.
Es justamente en este punto donde aparecen algunas de las principales objeciones de Miluska Vida y Dignidad y del Movimiento Nacional.
Reconocimiento legal condicionado
La organización advierte que el artículo 3 deja abiertos requisitos que podrían ser definidos mediante normas posteriores. Allí podrían aparecer autorizaciones, horarios, condiciones para los establecimientos, controles sanitarios o registros.
El problema que plantean es concreto. Una ley nacional podría reconocer el trabajo sexual como lícito y una municipalidad podría establecer condiciones que hagan muy difícil ejercerlo.
Por eso proponen que ninguna ordenanza pueda establecer requisitos que hagan imposible o excesivamente gravoso el ejercicio del trabajo sexual. También consideran que las municipalidades pueden regular seguridad, convivencia y uso de espacios públicos pero no utilizar esas competencias para prohibir directamente la actividad.
Las trabajadoras sí quieren regulación
Hay una precisión importante. Las organizaciones que cuestionan el proyecto no están planteando que el Estado deba retirarse de esta actividad.
Ángela Villón considera necesario reconocer el derecho al trabajo sexual y establecer reglas para los lugares donde se desarrolla. Su planteamiento es separar las dos discusiones. Una cosa es reconocer el derecho y otra establecer las condiciones de los establecimientos.
Para ello propone una mesa de trabajo sexual. Allí deberían participar las propias trabajadoras junto con representantes de establecimientos vinculados con la actividad y entidades estatales como el Ministerio de Salud. La agenda debería incluir seguridad, salud sexual y reproductiva y condiciones laborales. También debería abordar las características y el funcionamiento de los establecimientos.
Esta propuesta tiene un antecedente a nivel municipal. Durante la gestión de Susana Villarán las trabajadoras sexuales propusieron el establecimiento de acuerdos sobre zonas seguras para desarrollar la actividad, horarios que evitaran la presencia de niños y el desarrollo de campañas de salud sexual y reproductiva en las zonas de trabajo sexual, pero no se logró oficializar ningún acuerdo.
Esta posición también aparece en las observaciones escritas de Miluska Vida y Dignidad. La organización pide reconocer las distintas modalidades del trabajo sexual y proteger la autonomía colectiva. Varias trabajadoras podrían alquilar juntas un espacio, compartir gastos o contratar servicios sin que esa organización sea considerada por sí misma favorecimiento o explotación.
Así planteado el debate deja de ser regulación versus ausencia de regulación. La discusión pasa a ser qué se regula, quién participa en esa regulación y qué límites tendrá la autoridad pública.
De la persecución policial a la autorización municipal.
Miluska sostiene que reconocer el trabajo sexual como lícito no sirve si una municipalidad puede terminar diciendo dónde se puede trabajar. Por eso plantea que el ejercicio del trabajo sexual no pueda convertirse en una infracción administrativa por el solo hecho de realizarse. También pide proteger la libertad de tránsito y evitar que las ordenanzas sean utilizadas para hostigar o sancionar a las trabajadoras. La preocupación por las municipalidades tiene una historia.
La gestión de Villarán criminalizó el ofrecimiento del trabajo sexual en la vía pública a través de la Ordenanza 1718-MML, estableciendo multas de 7.400 soles. Según recuerda Ángela Villón, esto agudizó la violencia económica contra las trabajadoras sexuales más vulnerables, quienes en muchos casos se veían obligadas a pagar cupos al personal municipal para evitar la imposición de sanciones administrativas.
En julio de 2014, cuando Susel Paredes dirigía la Gerencia de Fiscalización y Control de Lima, su despacho dispuso suspender las investigaciones, operativos y multas municipales vinculados con la prostitución. Sin embargo, continuaron las intervenciones sobre establecimientos. Paredes explicó entonces que su estrategia consistía en intervenir los locales donde trabajaban las mujeres y travestis: “Mi estrategia es mato el hostal y desaparecen esas mujeres y travestis, porque estas trabajan con los hostales”, declaró a El Comercio.
Así, su gestión combinó la suspensión formal de determinadas acciones municipales contra la prostitución con intervenciones sobre los locales donde esta actividad tenía lugar. Esta experiencia resulta relevante frente al proyecto que hoy propone reconocer el trabajo sexual como actividad lícita, porque permite preguntarse qué lugar tendrán las municipalidades en esa regulación y qué diferencia habrá entre reconocer un derecho y autorizar los espacios donde ese derecho puede ejercerse. Para las organizaciones este antecedente ayuda a explicar su preocupación frente a la expresión “espacios autorizados” recogida en el proyecto de ley impulsado por Susel Paredes.
En 2019 Paredes pasó a La Victoria. Allí volvió a desempeñarse en fiscalización y después asumió también funciones de seguridad ciudadana. Ángela Villón recuerda ese periodo desde la experiencia de las trabajadoras. Según su testimonio en esta gestión municipal se desplegaron altos niveles de violencia contra las trabajadoras sexuales por parte del serenazgo. De acuerdo a su relato, la propia Villón y una abogada que asesoraba a su organización fueron golpeadas por personal de serenazgo durante una movilización contra estas prácticas municipales.
Este relato ayuda a entender por qué algunas organizaciones desconfían de que las municipalidades tengan amplias facultades para regular el trabajo sexual.
Lo que las organizaciones quieren cambiar
Las observaciones de Miluska van bastante más allá de la zonificación.
Uno de los problemas que identifican es el enunciado meramente declarativo de los derechos laborales. La organización señala que quedan poco definidos aspectos como las obligaciones de los empleadores, los aportes a la seguridad social, los horarios, los descansos, los accidentes laborales, la maternidad y los mecanismos para evitar la retención indebida del dinero de las trabajadoras.
También cuestiona que el proyecto no reconozca con suficiente claridad las distintas modalidades del trabajo sexual. La actividad puede realizarse de manera autónoma o mediante distintas formas de organización colectiva. Por eso proponen proteger expresamente la autonomía de las trabajadoras. Compartir un espacio, repartir gastos o contratar servicios no debería generar por sí mismo una acusación de favorecimiento o explotación.
Otro punto es el registro. Miluska plantea que cualquier registro debe ser voluntario y confidencial. También reclama que su acceso sea restringido y que se prohíba su utilización policial sin las garantías correspondientes.
La fiscalización debería tener además reglas específicas. Las organizaciones proponen un protocolo nacional obligatorio para la Policía, serenazgo, inspectores y fiscales. Reclaman protección frente a humillaciones, exposición pública, fotografías innecesarias, decomisos arbitrarios, violencia, amenazas y extorsión.
Finalmente, Miluska Vida y Dignidad tiene serias objeciones en materia presupuestaria. Si la ley promete defensa legal, salud, protección y capacitación debe establecer quién financiará esas medidas y qué instituciones serán responsables.
Una ley construida sin las organizaciones
Para Villón el problema principal aparece incluso antes de discutir cada artículo. Miluska Vida y Dignidad y el Movimiento Nacional sostienen que no participaron en la elaboración del proyecto. Villón me confirmó además que no conocían las reuniones en las que se trabajó la propuesta.
Esto tiene una dimensión de derechos humanos. Una política pública destinada a proteger a un grupo expuesto a violencia y discriminación debería incorporar el conocimiento de quienes viven esas situaciones. En este caso las trabajadoras organizadas no solo tienen experiencia. También tienen propuestas normativas construidas durante años.
Villón recuerda que entre 2007 y 2008 Miluska Vida y Dignidad y Red Trans-Perú participaron en un proceso de elaboración de una propuesta normativa con apoyo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y UNFPA. El proceso incluyó foros, audiencias públicas, mesas de trabajo y consultas con organizaciones y trabajadoras de distintas regiones.
La experiencia importa porque demuestra que las trabajadoras sexuales organizadas tienen una historia propia de elaboración de propuestas sobre su regulación. Su demanda de participación no es un reclamo coyuntural.
Las organizaciones de trabajadoras sexuales no están pidiendo que el Estado se retire. Están reclamando que la regulación tenga como punto de partida sus derechos y su experiencia.
Quieren lugares seguros. Quieren reglas para los establecimientos. Quieren protección laboral. Quieren acceso a salud y justicia. Quieren límites claros para la Policía y el serenazgo. Quieren que compartir un espacio de trabajo no sea confundido automáticamente con explotación.
Y quieren participar en la construcción de esas reglas.
El debate, entonces, no es solamente si el trabajo sexual debe ser reconocido como trabajo. También es quién define las reglas, desde qué experiencia y con qué límites para la autoridad pública.
Las trabajadoras del sexo ya tienen una respuesta: nada sobre nosotras sin nosotras.