Hablar de las mujeres trans trabajadoras sexuales en Lima es hablar de una población que durante décadas ha enfrentado distintas formas de exclusión. Pero también es hablar de mujeres que trabajan, construyen redes de apoyo, cuidan a sus compañeras y reclaman algo tan elemental como poder vivir y regresar a casa sin miedo.
En septiembre de 2026, una denuncia de Féminas Perú volvió a poner esta realidad frente a la opinión pública. Según la organización, más de diez mujeres trans trabajadoras sexuales del centro de Lima habrían sido atacadas con perdigones metálicos disparados desde vehículos.
De acuerdo con el testimonio de Damar, una de las afectadas, los primeros ataques ocurrieron entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre desde una camioneta negra. El 19 de septiembre se habría producido un nuevo ataque desde un automóvil azul. Ante ello presentó una denuncia en la comisaría de Alfonso Ugarte.
El modus operandi descrito resulta especialmente preocupante: los agresores aprovecharían los semáforos en rojo y la concentración de vehículos para mezclarse entre el tráfico y disparar. Algunos impactos, según el testimonio, estuvieron dirigidos hacia el rostro y la cabeza.
Estos hechos deben ser investigados por las autoridades. No corresponde adelantar responsabilidades, pero tampoco minimizar las denuncias. Disparar contra una persona es violencia independientemente de su identidad, nacionalidad u ocupación.
La violencia empieza mucho antes de la calle
Para comprender la situación de las mujeres trans trabajadoras sexuales no basta con observar lo que ocurre durante el ejercicio del trabajo sexual. Hay que preguntarse qué oportunidades tuvieron antes.
Un estudio realizado a partir de una base de datos del proyecto FÉMINAS analizó a 301 mujeres trans de Lima Metropolitana. Encontró que el 79,1 % tenía empleo y, dentro de ese grupo, el 60,9 % se dedicaba al trabajo sexual. Además, el 72,1 % había abandonado su hogar y, entre quienes lo hicieron, el 45,6 % se había marchado durante la adolescencia.
Estos datos permiten cambiar la pregunta. En lugar de cuestionar únicamente por qué una mujer trans llega al trabajo sexual, deberíamos preguntarnos qué oportunidades educativas, familiares, sociales y laborales tuvo antes de llegar allí.
La violencia puede comenzar con el rechazo familiar, continuar con el bullying social y se profundiza con leyes que atentan contra nosotras y vienen desde el mismo estado. A ello se suman las dificultades para contar con documentos que reconozcan la identidad de género, las barreras para alquilar una vivienda y acceder a servicios de salud.
Cuando las alternativas se reducen, la informalidad puede convertirse en una estrategia de supervivencia y, para algunas mujeres trans, el trabajo sexual aparece entre esas opciones.
Esto no significa que todas las mujeres trans sean trabajadoras sexuales ni que todas las que ejercen esta actividad hayan llegado a ella por las mismas razones. Algunas lo hacen por necesidad económica, otras lo consideran una actividad laboral y otras combinan el trabajo sexual con diferentes fuentes de ingreso.
Por eso es necesario evitar dos extremos: romantizar el trabajo sexual ignorando situaciones de violencia y explotación, o presentar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas sin autonomía.
También resulta fundamental diferenciar el trabajo sexual autónomo realizado por personas adultas a diferencia de la situación de prostitución o de delitos como la trata, explotación sexual, coerción o proxenetismo.
Trabajar no significa renunciar a los derechos
Ser trabajadora sexual no significa renunciar al derecho a la integridad física, la salud, la seguridad o la justicia.
Sin embargo, las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual pueden estar expuestas simultáneamente a diferentes tipos de violencia: agresiones de clientes, robos, amenazas, extorsión, violencia sexual, discriminación, hostigamiento y abusos durante intervenciones policiales o municipales.
En Lima, además, la criminalidad organizada ha convertido determinadas zonas vinculadas al trabajo sexual en territorios de disputa. Las amenazas y el cobro de cupos pueden utilizarse para controlar quién trabaja, dónde trabaja y cuánto debe pagar.
En ese contexto aparece otro problema: el miedo a denunciar.
Una mujer que cree que será juzgada por ser trans o por ejercer el trabajo sexual puede decidir no acudir a una comisaría. Y cuando una agresión no se denuncia, desaparece también de las estadísticas oficiales. Se crea así un círculo peligroso: violencia, miedo a denunciar, impunidad y repetición de la violencia.
Cuando la violencia también es institucional
El Estado tiene la obligación no solamente de abstenerse de discriminar, sino también de proteger, investigar, garantizar justicia y brindar derechos.
El caso de Azul Rojas Marín representa uno de los antecedentes más importantes en esta materia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado peruano por las violaciones sufridas por Rojas Marín tras ser detenida por agentes policiales en 2008.
El caso evidenció que la violencia contra las personas trans puede tener también una dimensión institucional y que los prejuicios pueden influir tanto en una agresión como en la manera en que posteriormente se investiga.
A esto se suma la falta de un procedimiento administrativo integral y accesible para que las personas trans podamos modificar nuestros documentos conforme a nuestra identidad de género. Para una mujer trans, presentar un DNI con un nombre que no utiliza puede significar tener que explicar constantemente quienes somos al buscar trabajo, acudir a un hospital, realizar un trámite o presentar una denuncia.
La identidad legal no es un simple detalle burocrático. Puede convertirse en una puerta o en una barrera para ejercer otros derechos.
La comunidad también protege
Frente a estas dificultades, las organizaciones comunitarias como Féminas Perú, Rubi Fuerza Trans, entre otras cumplen un papel fundamental. Acompañan denuncias, documentan agresiones, alertan sobre situaciones de peligro, orientan a las víctimas y construyen redes de apoyo.
La denuncia realizada por Féminas sobre los recientes ataques con perdigones demuestra cómo las organizaciones trans pueden hacer visibles hechos que de otra manera podrían permanecer fuera del debate público. Pero esta labor no puede reemplazar al Estado.
Las organizaciones pueden acompañar y denunciar. La Policía debe proteger, la Fiscalía investigar y el sistema de justicia garantizar que las víctimas puedan acceder a una respuesta efectiva.
También es necesario escuchar a las propias trabajadoras sexuales. Son ellas quienes conocen los territorios donde trabajan, identifican los horarios y espacios de mayor riesgo y saben qué instituciones generan confianza y cuáles reproducen discriminación.
Ninguna política pública puede ser realmente efectiva si se diseña sin escuchar a las personas directamente afectadas.
Más que sobrevivir
Existe una tendencia a hablar de las mujeres trans únicamente desde la vulnerabilidad. Pero una mujer trans no puede quedar reducida a la violencia o las agresiones que ha sufrido.
También somos hijas, hermanas, amigas, madres, artistas, emprendedoras, dirigentes, activistas o profesionales. Podemos cuidar a nuestras compañeras, construir una familia, enamorarnos, organizarnos políticamente y tener proyectos para nuestro futuro.
Romper el círculo de violencia requiere actuar mucho antes de que ocurra un ataque. Significa garantizar educación sin discriminación, ampliar las oportunidades laborales, mejorar el acceso a vivienda y salud, reconocer la identidad de género, generar mecanismos seguros de denuncia, combatir la extorsión y el crimen organizado y capacitar a policías y operadores de justicia. El estado debe garantizar el acceso a derechos que históricamente se nos a negado
El objetivo tampoco debería ser obligar a las mujeres trans a abandonar el trabajo sexual bajo la idea de que se trata de una actividad inferior. El verdadero objetivo debería ser que cada mujer trans tenga alternativas suficientes para decidir sobre su propia vida.
Porque los derechos no dependen de que la sociedad apruebe la actividad que realiza una persona.
Una trabajadora sexual trans tiene derecho a no ser asesinada, agredida, violada ni extorsionada. Tiene derecho a denunciar y obtener justicia. Y si decide dejar el trabajo sexual, también tiene derecho a encontrar otras oportunidades.
Las mujeres trans trabajadoras sexuales de Lima no son un problema que deba desaparecer de las calles. Son ciudadanas que deben poder estar seguras en ellas.
Una sociedad democrática no debería enseñar a las poblaciones más vulnerables a sobrevivir a la violencia. Debería construir las condiciones para que puedan vivir sin ella.