En Perú, la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ha estado dominada por debates sobre seguridad, economía y gobernabilidad. Sin embargo, existe una dimensión menos visible, pero fundamental para comprender lo que está en juego en esta elección: los derechos sexuales y reproductivos.
Aunque ninguna de las dos candidaturas ha colocado este tema en el centro de su campaña, la contienda enfrenta dos memorias políticas distintas sobre la relación entre el Estado, las mujeres y la autonomía sobre el propio cuerpo. La discusión adquiere especial relevancia porque una de las candidatas es heredera política del régimen que implementó las esterilizaciones forzadas, mientras que la otra ha incorporado en su fórmula a una dirigente social proveniente de los territorios donde aquellas políticas dejaron algunas de sus huellas más profundas.
El legado de las esterilizaciones forzadas
Entre 1996 y 2000, durante el gobierno de Alberto Fujimori, miles de mujeres indígenas, campesinas, quechuahablantes y pobres fueron sometidas a procedimientos de esterilización sin consentimiento libre e informado o bajo condiciones de presión y engaño.
Las investigaciones realizadas durante las últimas décadas han demostrado que las principales víctimas pertenecían a poblaciones rurales históricamente excluidas. Las esterilizaciones forzadas constituyeron una grave violación de los derechos humanos, pero también algo más profundo: una forma de control estatal sobre la sexualidad y la reproducción de las mujeres pobres.
El problema no fue únicamente la ausencia de consentimiento. El problema fue que el Estado asumió que podía intervenir sobre los cuerpos de determinadas mujeres para alcanzar objetivos de política pública.
La autonomía reproductiva, entendida como la capacidad de decidir libremente sobre la maternidad y el proyecto de vida, fue sustituida por una lógica de administración demográfica. El cuerpo de las mujeres indígenas y campesinas dejó de ser un espacio de libertad para convertirse en objeto de intervención estatal.
Por ello, las esterilizaciones forzadas siguen siendo uno de los episodios más graves de discriminación estructural contra las mujeres en la historia reciente del Perú.
Keiko Fujimori y una herencia política incómoda
Tres décadas después, Keiko Fujimori continúa enfrentando el peso de ese legado.
Aunque no participó directamente en la ejecución de las políticas de los años noventa, su liderazgo político se ha construido sobre la reivindicación de la obra de su padre. La defensa de los logros económicos y de la lucha contra el terrorismo ha sido una constante en su discurso, mientras que las esterilizaciones forzadas permanecen como uno de los aspectos más controvertidos del fujimorismo.
A ello se suma que Fuerza Popular ha mantenido posiciones conservadoras respecto de temas vinculados a la sexualidad y los derechos reproductivos. Diversos sectores han cuestionado su distancia frente a la educación sexual integral y otras políticas orientadas a fortalecer la autonomía de las mujeres.
La pregunta que sigue abierta es si resulta posible reivindicar el legado fujimorista sin enfrentar críticamente una política que vulneró de manera tan profunda la libertad reproductiva de miles de mujeres.
Roberto Sánchez y la voz de los territorios afectados
La candidatura de Roberto Sánchez ofrece un contraste simbólico importante a través de la figura de su segunda vicepresidenta, Brígida Curo Bustincio.
Dirigente campesina de Puno, Curo ha desarrollado una trayectoria vinculada a la defensa de los derechos de las comunidades rurales del altiplano. Su nombre adquirió especial relevancia al convertirse en una de las demandantes en el proceso de amparo impulsado por organizaciones sociales para exigir acciones efectivas frente a la contaminación del lago Titicaca. La demanda obtuvo una sentencia favorable confirmada en segunda instancia y constituye uno de los litigios ambientales más importantes de los últimos años.
Además, participó en las movilizaciones sociales desarrolladas tras la caída de Pedro Castillo y actualmente enfrenta una investigación tramitada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Terrorismo por hechos vinculados a dichas protestas.
La presencia de Curo en la fórmula presidencial posee una fuerte carga política. Representa a las poblaciones rurales e indígenas del sur andino, precisamente aquellas que fueron afectadas de manera desproporcionada por las esterilizaciones forzadas y que también sufrieron la represión estatal durante las protestas de 2022 y 2023.
Existe incluso una conexión más profunda entre las luchas que encarna. Tanto la defensa del lago Titicaca como la defensa de los derechos reproductivos parten de una misma idea: la protección frente a intervenciones arbitrarias sobre aquello que permite sostener la vida, ya sea el territorio o el cuerpo.
Dos visiones sobre los derechos de las mujeres
Las diferencias entre ambas fuerzas políticas también se reflejan en sus aproximaciones a los derechos de las mujeres y la sexualidad.
Sectores vinculados a Juntos por el Perú han respaldado históricamente iniciativas relacionadas con la igualdad de género, la educación sexual integral y la ampliación de derechos reproductivos. Por su parte, Fuerza Popular ha tendido a privilegiar posiciones más conservadoras, centradas en la protección familiar y más reticentes frente a algunas de estas políticas.
Sin embargo, las diferencias no deben exagerarse. Ninguna de las dos candidaturas ha desarrollado una agenda especialmente robusta en materia de derechos sexuales y reproductivos durante esta campaña.
Esta limitación se hace evidente en un tema que permanece prácticamente ausente del debate: el trabajo sexual.
El trabajo sexual y la autonomía sexual invisibilizada
La ausencia del trabajo sexual en la campaña resulta particularmente reveladora. Ni Fuerza Popular ni Juntos por el Perú han presentado propuestas específicas para enfrentar la violencia que afecta a esta población, garantizar su acceso a servicios de salud desde un enfoque de derechos o promover mecanismos efectivos contra la discriminación.
Esta omisión permite observar una paradoja. Las esterilizaciones forzadas han logrado convertirse, con justicia, en un símbolo de las vulneraciones a la autonomía reproductiva de las mujeres. Sin embargo, cuando se trata de personas que ejercen trabajo sexual, la discusión sobre autonomía suele desaparecer del debate público.
En ambos casos la cuestión de fondo es la misma: el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad sin coerción, violencia ni estigmatización.
Las mujeres esterilizadas fueron privadas de su capacidad de decidir si querían o no tener hijos. Las personas que ejercen trabajo sexual enfrentan con frecuencia políticas y discursos que las reducen a objetos de control, tutela o sospecha, sin reconocer plenamente su capacidad de decisión y su condición de sujetas de derechos.
Por supuesto, las esterilizaciones forzadas y el trabajo sexual son fenómenos distintos y no deben equipararse. Sin embargo, ambos revelan una constante histórica: la dificultad del Estado y de la sociedad peruana para reconocer la autonomía sexual de mujeres que se encuentran en posiciones de vulnerabilidad o estigmatización.
Una elección sobre autonomía
La segunda vuelta no enfrenta únicamente dos proyectos políticos. También enfrenta dos maneras de relacionarse con una historia marcada por profundas desigualdades.
Las esterilizaciones forzadas nos recuerdan los riesgos de un Estado que decide sobre los cuerpos de las mujeres sin respetar su autonomía. La trayectoria de Brígida Curo y las luchas de las comunidades del altiplano muestran la persistencia de demandas por dignidad, participación y reconocimiento.
La principal lección que deja este debate es que la democracia no puede construirse sobre la intervención arbitraria de los cuerpos ni sobre la exclusión de quienes históricamente han sido marginados.
Los derechos sexuales y reproductivos existen precisamente para garantizar que ninguna mujer vuelva a ser tratada como un instrumento de la política pública, sino como una persona libre para decidir sobre su vida, su maternidad, su sexualidad y su futuro.
La verdadera deuda de la democracia peruana no consiste únicamente en reparar las violaciones del pasado. Consiste también en reconocer plenamente, en el presente, la autonomía de todas las personas para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en condiciones de igualdad y dignidad.