En las calles de Lima, en los alrededores de los mercados, en las zonas nocturnas de las ciudades del interior del país, el trabajo sexual es una realidad cotidiana. Miles de personas ejercen esta actividad como medio de subsistencia. Sin embargo, cuando se revisan los planes de gobierno de los partidos que compiten en las próximas elecciones generales del 12 de abril de 2026, esta realidad se vuelve invisible.
Escándalo e inestabilidad política en el Perú actual
El reciente destape de una presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso peruano ha vuelto visible una realidad incómoda: el trabajo sexual aparece en el debate público solo cuando se convierte en escándalo. La revelación no solo exhibe posibles dinámicas de explotación y abuso de poder en el corazón de la política, sino también la profunda hipocresía con la que las instituciones suelen abordar el tema. Mientras la noticia circula con tintes sensacionalistas y se centra en responsabilidades individuales o disputas partidarias, casi no hay espacio para discutir las condiciones estructurales del trabajo sexual en el país, la precariedad laboral de quienes lo ejercen o la falta de marcos regulatorios que garanticen derechos y protección.
La paradoja se vuelve aún más evidente en el contexto electoral. A pesar de que el caso ha puesto el tema en la agenda mediática, las campañas evitan deliberadamente cualquier discusión sobre políticas públicas relacionadas con el trabajo sexual. Ningún candidato parece dispuesto a debatir si el Estado debería regularlo, descriminalizarlo o desarrollar estrategias de protección social para quienes lo ejercen.
Así, el trabajo sexual permanece atrapado entre la moralización y el silencio político: es útil como escándalo que desgasta adversarios, pero no como problema social que requiera propuestas concretas. El resultado es una esfera pública donde el fenómeno es explotado simbólicamente, mientras las personas directamente involucradas continúan invisibilizadas en el debate democrático.
A pocas semanas de las elecciones generales que se llevarán a cabo en Perú es necesario reflexionar sobre sus posibles repercusiones en la regulación del trabajo sexual, y analizar las principales vocerías que han relevado esta agenda, y sus propuestas .¿Qué proponen los partidos políticos sobre el trabajo sexual? ¿Quiénes son las voces que están poniendo el tema sobre la mesa y qué obstáculos enfrentan? ¿Qué está en juego para las miles de personas que ejercen esta actividad en el limbo de la informalidad y el estigma?
Este artículo busca responder a estas preguntas a partir de una revisión de los planes de gobierno, las propuestas legislativas existentes y las declaraciones de los actores políticos más relevantes. La tesis es clara: el silencio de la mayoría de partidos contrasta con la emergencia de liderazgos como el de Susel Paredes y Ángela Villón, que buscan romper el estigma y legislar desde el reconocimiento de derechos.
El trabajo sexual en Perú: una realidad estigmatizada
En Perú, el trabajo sexual ejercido voluntariamente por personas adultas no está penalizado, pero tampoco cuenta con una regulación legal. Aunque en el siglo XX existieron intentos de control sanitario en prostíbulos autorizados, estos no llegaron a establecer derechos laborales.
Actualmente existe un vacío legal que deja a quienes ejercen esta actividad sin contratos, sin acceso a seguridad social ni jubilación, y sin mecanismos formales para denunciar abusos. En lugar de una regulación protectora, la intervención del Estado suele darse a través de medidas represivas, lo que ha generado denuncias de detenciones arbitrarias, cobros indebidos y abusos policiales que muchas veces no se investigan. Esta falta de reconocimiento legal expone a las trabajadoras sexuales a condiciones de riesgo, como ambientes insalubres, horarios indefinidos y ausencia de protecciones básicas.
Aunque no existen cifras oficiales precisas, organizaciones de salud pública estiman que decenas de miles de personas ejercen esta actividad en el país, en su mayoría mujeres de sectores populares y muchas madres solteras. También destaca la presencia significativa de mujeres trans, quienes enfrentan discriminación tanto por su identidad de género como por su ocupación. A estas dificultades se suma el fuerte estigma social, que se manifiesta en maltratos en servicios de salud, indiferencia policial ante denuncias y la invisibilización de la violencia que sufren, incluso en registros oficiales de crímenes.
El Proyecto de Susel Paredes
El 17 de septiembre de 2025, la congresista Susel Paredes, integrante del Bloque Democrático Popular, presentó oficialmente el Proyecto de Ley N.º 12475/2025-CR, que busca "regular el trabajo sexual en el Perú, reconociéndolo como una actividad económica lícita y protegida, ejercida de manera voluntaria por personas mayores de edad" .
La presentación del proyecto marcó un hito: por primera vez en la historia del Congreso peruano, se ponía sobre la mesa una propuesta integral para abordar el trabajo sexual desde una perspectiva de derechos humanos. La iniciativa fue ingresada con carácter prioritario y generó de inmediato reacciones encontradas .
El proyecto consta de 22 artículos y desarrolla un marco comprensivo que abarca definiciones, derechos, obligaciones y responsabilidades institucionales.
El proyecto asigna responsabilidades concretas a diversas entidades estatales: el Ministerio del Interior, junto a la Policía Nacional y los gobiernos locales, deberá implementar mecanismos de seguridad, registro voluntario y denuncia protegida. El Ministerio de Trabajo será el ente rector, en coordinación con los ministerios de la Mujer, Salud y Justicia.
El proyecto de ley define esta práctica como la prestación de servicios sexuales a cambio de una retribución económica en beneficio propio y aclara que, aunque el Estado no la promueve, debe recibir la misma protección jurídica y asistencial que cualquier otra ocupación legal. A partir de ese reconocimiento, se establecen derechos para quienes ejercen esta actividad, como trabajar en condiciones de igualdad, negociar libremente su remuneración, mantener la confidencialidad sobre su ocupación y acceder a servicios de salud y programas estatales sin discriminación. También se reconoce su derecho a organizarse, sindicalizarse y participar en la elaboración de políticas públicas relacionadas con el sector.
Este incluye, además, medidas de protección frente a abusos y discriminación. Prohíbe las detenciones arbitrarias basadas únicamente en el ejercicio del trabajo sexual y establece que las pruebas de VIH no pueden exigirse como requisito para ejercer la actividad, sino que deben realizarse únicamente de forma voluntaria y con consentimiento informado. Asimismo, se declaran nulas las cláusulas contractuales que vulneren derechos fundamentales y se establece que ninguna persona puede ser obligada a realizar actos sexuales específicos ni ser sancionada o despedida por negarse a hacerlo, reforzando así la protección frente a situaciones de violencia o coerción.
Los motivos de este proyecto de ley
La autora del proyecto ha defendido su iniciativa, aduciendo que a través de la regulación del trabajo sexual se promueve la seguridad no solo de las trabajadoras sexuales sino de toda la comunidad. En su cuenta de X, Paredes escribió: "A las mafias no se les teme: se les enfrenta. Con el PL 12475 regulamos el trabajo sexual y defendemos de las organizaciones criminales a las trabajadoras, clientes y vecinos".
En la exposición de motivos del proyecto, la congresista argumenta que la ausencia de un marco legal ha generado "condiciones de vulnerabilidad para quienes ejercen el trabajo sexual", exponiéndolos a "operativos policiales, extorsiones y exclusión de la seguridad social" . La propuesta, sostiene, "no busca incentivar la prostitución, sino otorgar respaldo jurídico a quienes la ejercen voluntariamente, diferenciando esta práctica de la trata de personas o de cualquier forma de explotación. Paredes ha enfatizado también que el proyecto se fundamenta en compromisos internacionales suscritos por el Perú, como la Convención CEDAW, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Este fue presentado en setiembre de 2025 y se encuentra actualmente en trámite en el Congreso, a la espera de ser derivado a las comisiones correspondientes para su debate y dictamen. Su futuro es incierto. El Congreso peruano tiene una composición mayoritariamente conservadora, y temas vinculados a derechos sexuales y reproductivos suelen enfrentar fuertes resistencias. Sin embargo, la sola presentación del proyecto ha puesto el tema sobre la mesa y ha abierto un debate que hasta ahora permanecía en las sombras.
Ángela Villón: La voz del gremio en la política
Si Susel Paredes es la cara legislativa de la lucha por el reconocimiento del trabajo sexual, Ángela Villón es su alma social. Trabajadora sexual desde 1999, Villón se ha convertido en la lideresa más visible del gremio en Perú. Su activismo la ha llevado a denunciar abusos, organizar a sus compañeras y postular al Congreso en dos ocasiones.
La frase “Hagamos del Congreso un burdel respetable” fue utilizada por Ángela Villón cuando postuló al Congreso en 2016 como una provocación política y retórica, destinada a denunciar la hipocresía de la clase política frente al trabajo sexual.
Villón, dirigente histórica del movimiento de trabajadoras sexuales en el Perú, buscaba señalar que muchos políticos utilizaban el término “burdel” o “prostitución” como insulto moral, mientras que dentro del propio sistema político existían prácticas que ella consideraba igual o más cuestionables: corrupción, compra de favores, clientelismo o uso del poder para beneficio personal. Al decir “hagamos del Congreso un burdel respetable”, invertía la carga moral del insulto: sugería que si se comparaban ciertas prácticas políticas con el trabajo sexual, este último resultaba incluso más honesto, porque se basa en un intercambio explícito y voluntario.
La frase también tenía un sentido reivindicativo. Villón sostenía que el trabajo sexual debía ser reconocido como trabajo y ejercerse con derechos y dignidad. En ese marco, su consigna apuntaba a afirmar que un “burdel respetable” sería un lugar donde las reglas son claras, hay consentimiento y se respeta a quienes trabajan allí, en contraste con un Congreso que, según su crítica, muchas veces operaba con doble moral y falta de transparencia.
Por eso la frase se recuerda como una intervención simbólica potente en el debate público: mezcla de ironía, denuncia de la hipocresía política y reivindicación de los derechos de las trabajadoras sexuales.
Villón fue candidata al Congreso en 2016 por el Frente Amplio, obteniendo una votación modesta pero logrando visibilizar las demandas del gremio. En 2021 volvió a postular por el mismo partido, sin lograr la elección.
Las demandas del gremio
A lo largo de su trayectoria como dirigente y activista, Ángela Villón ha articulado una agenda política centrada en el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Su punto de partida es la idea de que esta actividad debe ser reconocida legalmente como una profesión. Según Villón, este reconocimiento permitiría que quienes lo ejercen accedan a beneficios sociales básicos como seguro de salud, vacaciones y jubilación y dejarían de encontrarse en una situación de informalidad y vulnerabilidad permanente frente al Estado y a terceros.
Una segunda demanda clave en su discurso es la necesidad de diferenciar claramente entre el trabajo sexual voluntario y la trata de personas con fines de explotación. Villón sostiene que la confusión conceptual y legal entre ambos fenómenos produce efectos negativos en dos direcciones:
- Por un lado, dificulta la identificación y la protección efectiva de las víctimas de trata.
- Por el otro, criminaliza a quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria, tratándolas como si fueran parte de redes delictivas cuando en realidad se trata de trabajadoras que buscan condiciones dignas para ejercer su actividad.
Villón también ha denunciado de manera reiterada la violencia institucional que enfrentan las trabajadoras sexuales, particularmente por parte de la policía. En diversas intervenciones públicas ha afirmado que, más que los clientes, los principales agresores del gremio suelen ser los propios agentes del orden. Sus denuncias incluyen abusos de autoridad, cobros indebidos, robos e incluso agresiones sexuales cometidas por efectivos policiales que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad y estigmatización en la que se encuentran muchas trabajadoras sexuales.
Otra de sus propuestas apunta a visibilizar la violencia extrema que sufren las personas que ejercen el trabajo sexual. Villón ha planteado la necesidad de crear una categoría específica dentro de las estadísticas oficiales para registrar los asesinatos de trabajadoras sexuales. Según su argumento, muchas de estas muertes quedan invisibilizadas en las cifras públicas y no se reconocen como parte de las dinámicas de violencia de género, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas de prevención adecuadas.
Finalmente, su agenda política se inscribe en un marco más amplio de ampliación de derechos civiles y sexuales. Villón ha manifestado su respaldo a iniciativas como el reconocimiento del matrimonio igualitario, la legalización del aborto en casos de violación y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas trans. En ese sentido, su activismo no se limita exclusivamente al trabajo sexual, sino que forma parte de una plataforma más amplia de demandas vinculadas a la igualdad, la autonomía corporal y el reconocimiento de las diversidades en la sociedad peruana.
Más allá de sus propuestas concretas, la candidatura de Ángela Villón representó algo fundamental: la importancia de que sean las propias trabajadoras sexuales quienes ocupen los espacios de decisión. No es lo mismo una congresista que legisla "sobre" el gremio que una congresista que legisla "desde" el gremio.
El silencio de los partidos: Análisis de los planes de gobierno
Aunque en los presentes comicios no existe una candidatura abanderada de los derechos de las trabajadoras sexuales como fue en su momento Ángela Villón, las propuestas de los partidos que participan en la contienda electoral constituyen un referente de importancia para determinar cuáles son las perspectivas en esta agenda. Con la finalidad de ahondar en este análisis, se han revisado los planes de gobierno de los 10 partidos con mayor intención de voto según las encuestas más recientes, así como el análisis realizado por la especialista Marcela Huaita para el Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Cabe destacar de primeras que ninguno de los planes de gobierno analizados menciona explícitamente la prostitución o el trabajo sexual. Cuando algunos partidos se refieren a la trata de personas o a la explotación sexual, lo hacen únicamente desde un enfoque de delito y seguridad, sin abordar el trabajo sexual como fenómeno social o económico. De este modo, el debate electoral deja fuera cuestiones como la regulación, los derechos laborales o la protección de quienes ejercen esta actividad de forma autónoma. Aunque el trabajo sexual se vincula con problemas presentes en las propuestas como la violencia de género, la seguridad urbana, la salud pública o los derechos laborales, las personas que lo ejercen no aparecen incorporadas de manera directa en los diagnósticos ni en las estrategias de política pública.
Una posible explicación de esta ausencia es el fuerte estigma social que rodea a la prostitución en el Perú. Las representaciones morales negativas y su frecuente asociación con la delincuencia o la degradación moral hacen que el tema sea percibido como políticamente riesgoso, especialmente en contextos electorales donde los partidos buscan ampliar su base de apoyo. A esto se suma la fuerte polarización del debate público entre quienes promueven la abolición de la prostitución y quienes plantean su reconocimiento como actividad laboral con derechos.
En una sociedad donde persisten tradiciones conservadoras en torno a la sexualidad y el género, muchos partidos prefieren evitar posicionamientos claros sobre este tema, por lo que el silencio en los programas puede entenderse como una estrategia para evitar controversias electorales.
Los tres enfoques implícitos en los planes de gobierno
Aun así, la ausencia explícita de referencias a la prostitución o al trabajo sexual en los planes de gobierno no significa que los partidos carezcan de posiciones implícitas sobre el tema. Por el contrario, la manera en que cada agrupación aborda la violencia de género, la seguridad, la protección de las mujeres o el rol del Estado frente a estas problemáticas ofrece pistas importantes sobre cómo podrían aproximarse a fenómenos como el trabajo sexual en la práctica.
Los marcos conceptuales que organizan las propuestas revelan supuestos distintos sobre la autonomía, la vulnerabilidad y la regulación de los cuerpos y las actividades asociadas a la sexualidad. En ese sentido, aunque el tema no aparezca nombrado, el análisis de las propuestas en materia de género y violencia contra las mujeres permite identificar orientaciones políticas que resultan relevantes para el debate sobre trabajo sexual y las formas en que el Estado podría intervenir en este ámbito.
El análisis identifica tres grandes orientaciones de política pública:
- Enfoque centrado en la seguridad y la sanción
- Enfoque integral basado en prevención y servicios
- Enfoque tecnológico orientado a la modernización de la gestión estatal.
Más allá de que la mayoría de partidos reconoce la gravedad del problema, el cuadro evidencia que las respuestas propuestas dependen de la forma en que cada proyecto político entiende el rol del Estado frente a la violencia de género.
Seguridad y sanción
En este primer enfoque la violencia es tratada principalmente como un problema de orden público que debe ser enfrentado con medidas de control y castigo. En esta categoría se ubican partidos como Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano, Avanza País, Integridad Democrática, Perú Acción, Perú Libre, PRIN, Un Camino Diferente, Obras y Patriótico del Perú. Sus propuestas incluyen el uso de pulseras electrónicas para agresores, sistemas GPS de restricción, emisión rápida de medidas de protección o incluso medidas más radicales como la pena de muerte para violadores y la salida del sistema interamericano de derechos humanos.
Estas propuestas privilegian una respuesta inmediata frente al riesgo, priorizando la sanción penal y la vigilancia como mecanismos de intervención estatal. Sin embargo, el análisis del cuadro señala que este enfoque tiende a ser reactivo: interviene cuando la violencia ya ha ocurrido, pero dedica menos atención a los factores estructurales que la producen, como las desigualdades económicas, las relaciones de poder o la precariedad laboral que afecta a ciertos grupos de mujeres. En ese sentido, la política pública se concentra en administrar el daño y reducir el riesgo inmediato, más que en transformar las condiciones sociales que lo generan.
Esta orientación tiene implicancias relevantes para el debate sobre trabajo sexual en el contexto electoral. Cuando la violencia de género se interpreta principalmente como un problema de seguridad, las políticas tienden a reforzar estrategias policiales y punitivas que históricamente también han sido utilizadas para regular o perseguir el trabajo sexual. En la práctica, ello puede traducirse en mayor vigilancia policial sobre espacios donde trabajan mujeres y personas trans, lo que no necesariamente reduce la violencia contra ellas y, en algunos casos, puede incluso aumentar su exposición a abusos institucionales.
Prevención, servicios y coordinación
Este segundo enfoque plantea una respuesta más amplia que combina prevención, servicios especializados y coordinación institucional. En esta categoría se ubican partidos como Libertad Popular, Somos Perú, País para Todos, Primero la Gente, Partido Morado, Alianza Electoral Venceremos, Partido Demócrata Verde, Salvemos al Perú, Juntos por el Perú, Partido del Buen Gobierno y Progresemos. Sus propuestas incluyen metas concretas para reducir feminicidios, ampliación de Centros de Emergencia Mujer, creación de equipos de respuesta rápida y presupuesto directo para instancias de coordinación territorial.
Este enfoque parte de la idea de que la violencia basada en género no puede entenderse solo como un delito individual, sino como una manifestación de desigualdades estructurales que requieren políticas públicas sostenidas. Por ello, las propuestas enfatizan la prevención, el fortalecimiento de servicios de atención y la articulación entre instituciones estatales. Este tipo de enfoque se alinea más claramente con políticas públicas existentes como la Política Nacional de Igualdad de Género y con estándares internacionales de derechos humanos.
En relación con el trabajo sexual, un enfoque integral abre la posibilidad de analizar la violencia desde una perspectiva más amplia, incorporando factores como la precariedad económica, la discriminación y la exclusión institucional. Desde esta mirada, la violencia que enfrentan trabajadoras sexuales y personas trans no se reduce únicamente a agresiones individuales, sino que está vinculada a condiciones estructurales como la falta de protección laboral, el estigma social y las barreras para acceder a servicios públicos.
Modernización de sistemas
Finalmente, el tercer enfoque es tecnológico avanzado, donde la prioridad es modernizar los sistemas de gestión de información y de investigación criminal. En esta categoría se encuentran Fuerza y Libertad, Perú Primero y Ahora Nación. Sus propuestas incluyen el uso de blockchain para garantizar la integridad de las evidencias, la creación de sistemas interoperables de información entre instituciones y el uso de inteligencia artificial para identificar zonas de riesgo y patrones delictivos.
Aunque estas iniciativas buscan mejorar la eficiencia del Estado y reducir la manipulación de pruebas o la pérdida de información, su impacto depende en gran medida de la forma en que se integren a políticas más amplias de prevención y protección. En el caso del trabajo sexual, herramientas de análisis de datos o mapeo de zonas de violencia podrían contribuir a identificar contextos de mayor riesgo, pero también podrían reforzar lógicas de vigilancia sobre determinados territorios o poblaciones si no se acompañan de un enfoque de derechos. En ese sentido, el cuadro muestra que la forma en que los partidos entienden la violencia de género no solo define sus políticas de seguridad, sino también el tipo de relación que el Estado establece con grupos históricamente estigmatizados, entre ellos quienes ejercen el trabajo sexual.
Connotaciones de estos enfoques para el trabajo sexual
Estas diferencias de enfoque adquieren particular relevancia cuando se analizan desde la perspectiva del trabajo sexual. Las políticas centradas en la seguridad y la sanción suelen situar la intervención estatal en el ámbito policial y penal, priorizando el control del delito y la regulación del espacio público. En este marco, actividades asociadas al comercio sexual tienden a ser abordadas indirectamente como problemas de orden público o seguridad urbana. Ello puede traducirse en mayores operativos policiales, fiscalización de locales o vigilancia de determinadas zonas de la ciudad donde históricamente se concentran actividades vinculadas al trabajo sexual. Si bien estas medidas se justifican en nombre de la protección frente a la violencia, también pueden generar efectos adversos para las personas que ejercen esta actividad, al incrementar su exposición a detenciones arbitrarias, hostigamiento o desplazamiento hacia espacios más inseguros.
En contraste, los enfoques integrales identificados en algunos planes de gobierno ofrecen un marco potencialmente más amplio para analizar las formas de violencia que enfrentan las trabajadoras sexuales y las personas trans. Al reconocer que la violencia basada en género está vinculada a desigualdades estructurales, este abre la posibilidad de incorporar factores como la precariedad económica, la discriminación y la exclusión institucional en el análisis de políticas públicas. Desde esta perspectiva, la violencia no se limita a agresiones físicas o sexuales, sino que incluye barreras de acceso a servicios de salud, justicia y protección social. En ese sentido, un enfoque integral podría favorecer políticas que prioricen la prevención, la atención especializada y la protección frente a abusos, incluidos aquellos cometidos por actores institucionales.
Finalmente, el enfoque tecnológico identificado en algunos planes de gobierno introduce una dimensión distinta en el debate. Las propuestas que plantean el uso de inteligencia artificial, interoperabilidad de bases de datos o tecnologías para asegurar la cadena de custodia de evidencias buscan fortalecer la capacidad estatal para investigar delitos y gestionar información. En teoría, estas herramientas podrían contribuir a identificar patrones de violencia en determinados territorios o contextos laborales, incluidos aquellos donde se desarrolla el trabajo sexual. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre el uso de datos sensibles y sobre la posibilidad de que estos sistemas refuercen mecanismos de vigilancia sobre poblaciones ya estigmatizadas, especialmente si no se acompañan de salvaguardas claras en materia de derechos y protección de la privacidad.
En el contexto electoral, estas diferencias reflejan modelos más amplios de relación entre el Estado, la seguridad y los derechos. Mientras algunos partidos priorizan estrategias de control y sanción como principal herramienta frente a la violencia de género, otros apuestan por políticas más integrales de prevención y servicios, o por soluciones basadas en innovación tecnológica.
Para el debate sobre trabajo sexual, estas orientaciones no son neutrales: anticipan distintas formas de intervención estatal que pueden ir desde el reforzamiento de lógicas punitivas hasta la apertura de espacios para discutir protección frente a la violencia, acceso a servicios públicos y reconocimiento de derechos. Analizar las propuestas electorales desde esta perspectiva permite identificar no solo qué medidas se plantean frente a la violencia de género, sino también qué tipo de políticas podrían afectar a grupos históricamente marginados dentro de estas agendas.
Lo que está en juego en estas elecciones
Las elecciones generales de 2026 se desarrollan en un contexto político marcado por la fragmentación partidaria, la desconfianza ciudadana hacia las instituciones y la persistencia de profundas desigualdades sociales. En ese escenario, el trabajo sexual aparece como una realidad social extendida pero políticamente incómoda, situada en una zona gris donde convergen debates sobre moral pública, derechos laborales, seguridad ciudadana y autonomía personal. El hecho de que los planes de gobierno de los principales partidos no mencionen explícitamente la prostitución o el trabajo sexual no significa que el resultado electoral sea irrelevante para quienes ejercen esta actividad. Por el contrario, las orientaciones generales de política pública que adopte el próximo gobierno tendrán efectos concretos sobre sus condiciones de vida, su seguridad y su relación con el Estado.
Uno de los aspectos centrales que está en juego es el tipo de enfoque que el Estado adoptará frente a las formas de violencia que afectan a poblaciones en situación de vulnerabilidad. Como mostró el análisis de los planes de gobierno, estas diferencias no son meramente técnicas. Reflejan concepciones distintas sobre el rol del Estado, sobre la forma en que se producen las desigualdades y sobre los mecanismos más adecuados para enfrentarlas.
Para las personas que ejercen trabajo sexual, estas orientaciones pueden traducirse en experiencias muy distintas de relación con las instituciones públicas. Un enfoque centrado principalmente en la seguridad y la sanción tiende a reforzar el protagonismo de la policía y del sistema penal en la gestión de los conflictos sociales. En la práctica, esto puede significar una mayor presencia policial en las zonas donde se desarrolla el trabajo sexual, más operativos de fiscalización y una vigilancia más intensa del espacio público. Aunque estas medidas suelen justificarse en nombre de la lucha contra la explotación o la trata de personas, la experiencia de muchas trabajadoras sexuales muestra que con frecuencia terminan generando nuevas formas de hostigamiento o desplazamiento hacia entornos más inseguros.
En contraste, un enfoque más integral que reconozca la dimensión social de la violencia podría abrir la puerta a políticas orientadas a reducir la vulnerabilidad estructural que enfrentan muchas trabajadoras sexuales. Esto incluye el acceso a servicios de salud sin discriminación, mecanismos de protección frente a agresiones y programas de apoyo social que no partan de la estigmatización. Desde esta perspectiva, el problema no se reduce a la presencia de actividades vinculadas al comercio sexual en determinadas zonas urbanas, sino a las condiciones de desigualdad, exclusión y precariedad que atraviesan a quienes participan en ellas.
Otro elemento que está en juego es la posibilidad de avanzar hacia un debate más honesto sobre la regulación del trabajo sexual en el Perú. Durante décadas, el país ha mantenido una situación de ambigüedad legal en la que la actividad no es delito, pero tampoco está reconocida como trabajo. Este vacío ha permitido que el fenómeno se mantenga en la informalidad, sin mecanismos claros de protección laboral ni políticas públicas específicas. Al mismo tiempo, ha generado un espacio donde proliferan prácticas arbitrarias por parte de distintas autoridades, desde intervenciones policiales hasta ordenanzas municipales que buscan restringir o desplazar la actividad.
La propuesta legislativa impulsada por Susel Paredes constituye uno de los pocos intentos recientes de enfrentar este vacío de manera directa. Aunque su proyecto aún enfrenta resistencias políticas y sociales, su sola existencia ha contribuido a abrir una discusión que durante años fue considerada tabú dentro del Congreso. La pregunta que queda abierta es si el nuevo escenario político permitirá que ese debate avance o si, por el contrario, el tema volverá a quedar relegado a la periferia de la agenda legislativa.
El reconocimiento de las trabajadoras sexuales como sujetos políticos es, en sí mismo, uno de los cambios culturales más importantes que podrían derivarse de un debate público más abierto sobre el tema. Durante mucho tiempo, las políticas relacionadas con la prostitución han sido formuladas desde perspectivas externas: desde el aparato estatal, desde organizaciones religiosas o desde sectores que conciben la actividad exclusivamente como un problema moral o de seguridad. La posibilidad de que las propias trabajadoras sexuales participen en la definición de las políticas que las afectan representa un giro significativo hacia una lógica de ciudadanía más inclusiva.
Los interrogantes que plantean las próximas elecciones en abril
Aunque en los últimos años se han producido avances en el debate público sobre igualdad de género, estos temas todavía enfrentan resistencias sociales y políticas. El trabajo sexual se sitúa en el centro de estas tensiones porque involucra cuestiones de autonomía corporal, libertad individual, moral pública y regulación estatal de la sexualidad. En un contexto cultural todavía conservador, los partidos suelen evitar posicionamientos explícitos, lo que explica en parte el silencio programático sobre el tema.
Más ampliamente, el debate sobre el trabajo sexual refleja la forma en que el Estado y la democracia peruana enfrentan realidades sociales que desafían normas dominantes. La experiencia histórica muestra que muchos avances en materia de derechos han surgido a partir de discusiones incómodas que cuestionan supuestos culturales arraigados. Abordar el trabajo sexual desde las políticas públicas exige reconocer su complejidad, donde conviven situaciones de autonomía con contextos de desigualdad y exclusión.
Las elecciones de 2026 no resolverán estas tensiones, pero sí influirán en el clima político en el que se desarrollará el debate. Un escenario más abierto podría permitir discutir propuestas de regulación con mayor profundidad, mientras que enfoques punitivos o moralizantes podrían reforzar el silencio y la estigmatización que históricamente han rodeado el tema.