Es sabido por todos que los sistemas de salud públicos se diseñan para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria. Sin embargo, en la práctica, muchas políticas locales convierten a esta en una frontera que separa a los considerados ciudadanos legítimos de quienes son vistos como un "problema a contener". Y es aquí, es este límite, donde el colectivo de trabajadores del sexo se sitúa.
En las instituciones sanitarias de México, y sobre todo visiblemente en las regiones del sur como Oaxaca de Juárez, lxs trabajadorxs sexuales suelen ser tratados como posibles fuentes de contagio en vez de ciudadanos con derechos sanitarios. Una mirada que se refuerza cuando se asocia a este colectivo al VIH exclusivamente y a comportamientos como el trabajo sexual, el uso de drogas o ciertas prácticas sexuales.
Según CENSIDA, el estigma ligado al VIH se relaciona precisamente con la desaprobación social de estas conductas, lo que impacta en el acceso a la atención sanitaria.
Así, como veremos más adelante, se puede intuir que el sistema de salud mexicano en las regiones del sur tiene prioridades diferenciadas. Es decir, la máxima prioridad se orienta al control, al registro y a la vigilancia, mientras que el cuidado integral de la salud queda en segundo plano. Y en el caso de Oaxaca de Juárez y de otras áreas sureñas esta exclusión se traduce en prácticas concretas.
Cuando el enfoque es de control en lugar de cuidado
En muchas ciudades mexicanas, las políticas hacia el trabajo sexual se han construido históricamente desde la lógica del orden público y no desde el ámbito sanitario. Esto significa que la regulación mediante multas administrativas u operativos policiales ha tenido como eje su contención más que la garantía de derechos.
Y este mismo enfoque también se refleja en la atención sanitaria. En lugar de construir servicios adaptados a las necesidades de lxs trabajadorxs sexuales, basados en horarios compatibles, programas específicos y profesionales formados en atención al paciente sin estigmas, predominan prácticas centradas en la vigilancia, es decir, en controles esporádicos, exigencia de cartillas sanitarias, etc.
El uso del lenguaje y su importancia en la práctica sanitaria
En base a lo explicado en el apartado anterior, el uso del lenguaje en algunos discursos institucionales toma especial importancia, pues contribuye a reforzar esta mirada de control y no de cuidado.
Al describir a las personas del colectivo como "grupo de riesgo" o "foco de infección" se les sitúa simbólicamente como un peligro para el resto de la población. Organismos nacionales han advertido que el VIH sigue asociado a comportamientos que sectores sociales desaprueban (como el trabajo sexual) y que este vínculo alimenta el estigma y la discriminación.
Por lo tanto, cuando la prioridad es "controlar el riesgo" más que garantizar derechos, la relación entre trabajadoras sexuales y servicios de salud se vuelve tensa. Muchas personas de este gremio acuden al sistema sanitario no como usuarios en busca de cuidado, sino como sujetos que sienten que están siendo evaluados, interrogados o juzgados.
Oaxaca de Juárez, un claro ejemplo de exclusión normalizada
En el sur de México, Oaxaca de Juárez es un ejemplo de la exclusión sanitaria hacia las personas que se dedican al sexo de pago. De acuerdo con datos municipales difundidos en 2020, alrededor de 200 personas dedicadas al trabajo sexual se encontraban registradas ante la autoridad local. Sin embargo, solo una cuarta parte acudía de forma regular a revisiones médicas. El propio ayuntamiento reconocía que la mayoría no se acercaba por miedo al estigma, desconfianza o dificultades para compatibilizar horarios de consulta con la jornada laboral.
A estas barreras subjetivas se suman obstáculos materiales como la falta de información accesible, escasez de insumos en algunos servicios de salud, tiempos de espera prolongados y requisitos administrativos que desalientan la atención.
El impacto del estigma en la atención primaria
El estigma se traduce en experiencias concretas: desde preguntas intrusivas centradas en la moral y no en la salud, suposiciones automáticas sobre VIH o infecciones de transmisión sexual, hasta actitudes que culpabilizan a las sexoservidoras por su actividad.
Todo ello tiene efectos directos sobre la salud: cuando acudir a un centro de salud implica exponerse a juicios, muchas mujeres retrasan la consulta, limitan el uso de pruebas preventivas (como pruebas de VIH o citologías) y solo buscan atención cuando los síntomas son graves.
Más allá de Oaxaca: un patrón que se repite en el sur del país
Lo que sucede en Oaxaca de Juárez no es un hecho aislado, pues en otros estados del sur, como Chiapas, Guerrero o Veracruz existen tensiones similares con los servicios de salud. Concretamente, ausencia de programas específicos, falta de capacitación en atención libre de estigma y políticas locales que priorizan el control del espacio urbano en vez de la creación de espacios seguros.
En algunos municipios, la existencia de reglamentos que sancionan administrativamente al colectivo genera una relación ambigua con las instituciones sanitarias: se exige a las sexoservidoras someterse a controles médicos, pero no se les ofrece un acceso verdadero a servicios integrales y gratuitos de salud sexual y reproductiva. Informes de organizaciones civiles han señalado que la gratuidad efectiva y la accesibilidad siguen siendo indispensables para que el derecho a la salud se haga realidad para este colectivo.
Migración, pobreza y trabajo sexual: un triángulo de riesgo institucional
Asimismo, es en estas mismas regiones del país donde el trabajo sexual se cruza con otros factores estructurales: la migración interna y transfronteriza, la presencia de economías informales y los altos niveles de pobreza.
Muchas mujeres se desplazan desde comunidades rurales, desde otros estados o incluso países vecinos como Guatemala en busca de ingresos. Y encuentran precisamente en el trabajo sexual una de las pocas fuentes de sostenimiento económico rápido.
La combinación de precariedad socioeconómica y la ausencia de redes de apoyo aumenta la dependencia de espacios donde el acceso a la salud está mediado por el control institucional. Una situación en la que sexoservidoras migrantes pueden enfrentar mayores barreras adicionales: falta de documentos, miedo a denuncias o deportaciones y desconocimiento de los servicios disponibles.
Las consecuencias de las políticas excluyentes
La consecuencia inmediata de este tipo de políticas basadas en el control es la de una mayor vulnerabilidad sanitaria, donde los servicios se perciben como espacios hostiles. Esto conlleva evitar consultas preventivas, retrasar diagnósticos y depender de soluciones informales o automedicación.
Asimismo, esta dinámica afecta especialmente a la prevención y atención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Si bien México cuenta con lineamientos nacionales que reconocen a las trabajadoras sexuales como población clave en la respuesta al VIH, las brechas entre estos marcos normativos y la práctica diaria en los centros de salud locales siguen siendo amplias. Algo que se refleja en las carencias de insumos, falta de personal y servicios intermitentes, las poblaciones más estigmatizadas son las primeras en quedar fuera.
Los efectos en la salud mental y reproductiva
Además de afectar en la salud física, el estigma constante, la amenaza de sanción, el miedo a ser maltratada en una consulta y la sensación de no ser reconocida como ciudadana con derechos generan carga emocional sostenida, como les sucede a las prepagos en Perú.
En el plano de la salud reproductiva, esta situación puede traducirse en barreras para acceder a anticonceptivos y dificultades para abordar experiencias de violencia sexual. Además, la ausencia de servicios de salud mental accesibles y adaptados refuerza el uso de estrategias individuales de afrontamiento, que en algunos casos incluyen el consumo de sustancias.
Iniciativas en las que nadie quede fuera del sistema
La exclusión de las trabajadoras sexuales de los servicios básicos de salud no es un efecto secundario inevitable, sino el resultado de decisiones políticas, reglamentos locales y prácticas institucionales concretas.
Reorientar las políticas desde el control hacia el cuidado implica reconocer la diversidad de quienes ejercen el trabajo sexual, escuchar sus experiencias y garantizar que los servicios de salud en todo el país sean accesibles, gratuitos y libres de estigma.
Es por ello que en distintos puntos de México han surgido experiencias impulsadas por organizaciones y colectivos de trabajadoras sexuales que muestran alternativas posibles: brigadas de salud comunitaria, distribución de insumos de prevención, asesoría jurídica, acompañamiento en trámites y formación del personal sanitario en atención sin estigma.