Durante más de cien años, el sexo de pago en México ha estado condicionado por políticas de control, vigilancia sanitaria y disputas morales que dejan entrever profundas tensiones entre Estado, sociedad y sexualidad.
Desde finales del siglo XIX, cuando el régimen de Porfirio Díaz instauró un sistema de registro y exámenes médicos obligatorios para las llamadas "mujeres públicas", el país ha mantenido una relación ambigua con la prostitución: no prohibida de manera general, pero sometida a reglamentos que históricamente se dirigieron a las mujeres pobres de zonas urbanas.
Y tras la Revolución mexicana, este modelo no desapareció. Cambiaron los discursos, pero la práctica estatal continuó tolerando la prostitución como fenómeno ligado a la pobreza femenina, mientras se reforzaban mecanismos policiales y sanitarios. Y hoy, en 2025, el panorama muestra continuidad y cambio: el estigma persiste, pero el trabajo sexual ha encontrado nuevos espacios, especialmente digitales, y las discusiones sobre derechos laborales siguen tomando fuerza en distintos estados.
El Porfiriato y el origen de la regulación moderna
El sistema de control al que se sometió el sexo de pago mexicano tomó forma durante el Porfiriato (1876–1911), cuando la modernización urbana y el auge del higienismo impulsaron políticas destinadas a regular la moral pública y prevenir enfermedades venéreas. Bajo esta lógica, se crearon registros oficiales de prostitutas, se establecieron exámenes médicos obligatorios y se implementaron reglamentos sanitarios que delimitaban zonas donde podía ejercerse la actividad.
El objetivo no era proteger a las mujeres, sino controlar la propagación de enfermedades entre los hombres de las clases media y alta. Las medidas recaían exclusivamente sobre las trabajadoras sexuales, evidenciando un enfoque profundamente patriarcal. Además, el sistema estaba marcado por el clasismo, es decir, solo las mujeres pobres que ejercían quedaban sujetas al registro, mientras que las casas de citas de lujo o los prostitutores quedaban prácticamente intactos.
"Las mujeres públicas deberán presentarse semanalmente al reconocimiento médico, sin excepción". - Reglamento Sanitario de la Ciudad de México, 1898
Después de la Revolución: el trabajo sexual como símbolo de desigualdad urbana
Tras la Revolución mexicana, el nuevo Estado adoptó un discurso de modernidad y progreso social, pero la estructura de regulación del trabajo sexual no cambió sustancialmente. La prostitución continuó siendo tolerada y supervisada desde una óptica sanitaria y policial, no de derechos.
Durante los años 20 y 30, las autoridades municipales mantuvieron zonas toleradas y expedían permisos para casas de citas. En ciudades como CDMX, Puebla, Guadalajara y Veracruz, el trabajo sexual se concentraba en barrios marginales, frecuentemente asociados a pobreza, migración interna y falta de oportunidades para las mujeres.
Y aunque hubo intentos de abolir el sistema reglamentarista, la realidad económica y la demanda masculina mantuvieron viva esta estructura. Así, la prostitución se convirtió en un símbolo de desigualdad urbana y de la persistencia de roles de género que ubicaban a las mujeres pobres en los márgenes de la sociedad.
Segunda mitad del siglo XX: desde debates feministas y abolicionismo hasta la reglamentación local
Entre los años 50 y 90, en el país se vivió un período de transformación social que afectó directamente al trabajo sexual. El abolicionismo, inspirado en corrientes internacionales inglesas, tal y como explica la abogada argentina Agustina Iglesias, presionó para cerrar zonas rojas y eliminar registros, argumentando que la prostitución era inherentemente explotadora.
Sin embargo, la realidad siguió marcada por la fragmentación: cada municipio definía sus propias reglas. En algunos se mantuvieron zonas toleradas, mientras que en otros, la actividad fue desplazada o criminalizada mediante reglamentos administrativos. Esta heterogeneidad derivó en espacios de vulnerabilidad, pues las trabajadoras quedaban expuestas a operativos policiales, extorsión y discriminación.
Asimismo, durante los años 80 y 90 empezaron a sonar las primeras voces organizadas de trabajadoras sexuales. Estas comenzaron a demandar derechos y visibilidad, marcando el inicio de una nueva etapa, en la que el trabajo sexual se entendió también desde la autonomía y la justicia social.
Siglo XXI y el presente: ¿cómo está el trabajo sexual actualmente?
En el siglo XXI, la situación legal del trabajo sexual en México sigue siendo compleja. No existe una prohibición federal entre adultos, por lo que ejercer de manera independiente es legal. No obstante, sí están penalizadas la trata, el proxenetismo y cualquier forma de explotación (Código Penal Federal, artículos 10 y 13).
Sin embargo, la ambigüedad surge a nivel local: muchos estados y municipios mantienen reglamentos que sancionan el trabajo sexual como "falta administrativa". Mientras tanto, la Ciudad de México reconoce como una actividad lícita, permitiendo incluso el registro voluntario para acceder a programas sociales.
En el resto del país, la situación varía considerablemente: algunos municipios permiten zonas toleradas; otros impulsan operativos policiales para desalojar a las trabajadoras, especialmente en zonas turísticas o de alto desarrollo inmobiliario.
Por lo tanto, el panorama en 2025 es mixto:
- Por un lado, persisten el estigma social, la violencia institucional y la desigualdad económica que empujan a muchas mujeres y personas de la diversidad sexual al trabajo sexual.
- Por el otro, el mercado del sexo ha cambiado de manera drástica debido a la digitalización, las redes sociales y las plataformas de acompañamiento, que han permitido a muchas trabajadoras mayor autonomía y control sobre sus condiciones.
No es de extrañar que este panorama también se repita en otros países de Latinoamérica, como Argentina y Chile. Una tendencia relacionada con factores como la inflación, el desempleo femenino y la precarización laboral han incrementado la presencia del trabajo sexual como opción económica.
En paralelo, estados turísticos como Quintana Roo, Baja California y Jalisco muestran un crecimiento en la demanda vinculada al turismo sexual, fenómeno que ha reactivado debates sobre regulación y seguridad.
¿Regulación, abolición o derechos laborales? El debate actual
El debate actual en México se sitúa entre tres posiciones principales:
- Abolicionismo: busca erradicar la prostitución por considerarla violencia estructural.
- Reglamentarismo: insiste en controles sanitarios y delimitación espacial.
- Trabajo sexual como trabajo: defendido por colectivos como Brigada Callejera, Casa de las Muñecas Tiresias y la Red Mexicana de Trabajo Sexual, que reclaman derechos laborales, seguridad social y reconocimiento.
Aunque la sociedad mexicana de 2025 es más diversa y abierta, el estigma hacia las trabajadoras sexuales sigue profundamente arraigado, y las políticas públicas avanzan de manera desigual. Además, las tensiones mencionadas reflejan un país donde la moral pública, la desigualdad y la búsqueda de autonomía personal chocan constantemente.