“La esquina es de quien la trabaja, también la virtual”, dice Lulú, conocida en internet como La Brat. Es trabajadora sexual desde hace seis años pero también es activista digital y acompañante de colegas que laboran a pie de calle.
Las esquinas virtuales, pensadas en un inicio como un espacio con una mayor libertad y seguridad para quienes ejercen este trabajo, cada vez están bajo un mayor asedio. La escalada alrededor del mundo de movimientos anti derechos que promueven medidas que se disfrazan de estrategias para proteger a menores de edad o de seguridad para quienes navegan en Internet va limitando, día con día, a distintos sectores que nuevamente muestran la vulnerabilidad de los derechos humanos y de cómo, en un abrir y cerrar de ojos, se pueden replicar estos modelos en muchos más países.
Al mirar las leyes internacionales como las de verificación de edad en Reino Unido, Australia y Estados Unidos, no es casualidad para las principales voces (como son las de las trabajadoras sexuales y las creadoras de contenido erótico cuyas redes sociales y plataformas digitales son su fuente de trabajo) como para especialistas en derechos digitales que estemos ante un posible espejo de lo que podría ocurrir en México donde si bien las leyes no restringen aún sitios web de contenido para adultos, sí hay medidas que fiscalizan, y precarizan, los ingresos de quienes deciden usarlas.
¿Gentrificación digital?
Hablar de gentrificación digital en términos del trabajo sexual sirve como una analogía útil para Lulú. La migración al entorno digital no fue solamente una evolución de este trabajo, sino que fue una estrategia de supervivencia para muchas frente a la violencia institucional y la hostilidad habitual de las calles, que ante eventos internacionales como el Mundial 2026 del que México será sede, acentúa la limpieza social.
De pronto, esta supervivencia en la vida cotidiana online comenzó a tener restricciones similares a las de los espacios públicos presenciales. El desplazamiento de las trabajadoras sexuales regresó.
“En internet está el mismo discurso de ‘tú eres indeseable, tú eres incorrecto, tú eres la escoria de la sociedad, no te queremos ver y entonces no puedes utilizar este espacio’. Entonces está la misma censura, está el mismo despojo y sigue siendo a final de cuentas un territorio en disputa todos los días por las personas que hacemos este trabajo”, reflexiona Lulú.
Autonomía, censura, redes sociales y plataformas: el cambio en la Ley de Telecomunicaciones
Como explica la abogada especialista en derechos digitales, Grecia Macías, actualmente en México no existe una obligación legal general para que los sitios web restrinjan contenido sexual mediante filtros forzosos. No obstante, la realidad operativa es distinta debido a la influencia de leyes como FOSTA-SESTA en Estados Unidos, que ha obligado a las plataformas a implementar una censura algorítmica agresiva que afecta términos tan básicos como "cuerpo" o la reciente aprobación en Australia de una ley que prohíbe el uso de redes sociales a menores de 16 años, han ido marcando una pauta en lo que podría verse en los próximos periodos legislativos en México y Latinoamérica.
“La palabra cuerpo, incluso, ya es vista como una bandera roja para penalizar cuentas en Instagram”, explica Lulú, quien prefiere no ofrecer sus servicios en ningún sitio que sea intermediario.
Sin embargo, en el momento en que se realizaba esta investigación, una primera iniciativa en torno a la verificación de edad en plataformas virtuales llegó: se trata de la iniciativa de adición al artículo 182 Bis en la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual buscaría prohibir que menores de edad puedan crear una cuenta de correo electrónico y, por lo tanto, bloquear el acceso a redes sociales y cualquier plataforma que pida como registro una cuenta de correo.
Grecia responde y, desde la perspectiva legal y operativa, está mal planteada y redactada, por lo que es posible que esto no pase, aunque los especialistas en derechos digitales deberán mantenerse pendientes de futuras iniciativas.
"Me parece que la redacción de las leyes puede jugar mucho en contra, porque incluso conceptos como 'contenido adulto' o 'contenido sexual' son problemáticos. Los legisladores olvidan que existe mucho contenido que es educativo, que habla de identidad de género y el hecho de impedirles a niños, niñas y adolescentes que puedan acceder a información vital y necesaria como su identidad de género y la educación sexual, son retrocesos y restricciones súper arbitrarias que limitan sus derechos en línea”, explica.
Otra arista clave, explica la especialista en derechos digitales, es el T-MEC, es decir, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el cual cuenta con un apartado que otorga la protección de "no responsabilidad de intermediarios". Esto significa que plataformas o proveedores de servicios de internet no pueden ser responsabilizados legalmente por el contenido que suben terceros (las usuarias).
A pesar del blindaje legal que menciona Grecia, el riesgo de que estas medidas sean esquivadas es tan real a través de sectores con menor resistencia social. Propuestas en la Cámara de Diputados promueven cambios a la Ley Federal de Juegos y Sorteos, la cual contemplaría de igual forma la posibilidad de implementar verificaciones de edad estrictas en sitios de apuestas y casinos online.
“También está la Ley en Materia de Telecomunicaciones, pero pues en teoría eso no debería, aunque a veces lo han intentado, regular temas de plataformas digitales. Y pues hasta ahora en general solo tenemos algo muy específico a servicios digitales y es el T-MEC, de cuyo capítulo la Suprema Corte ha dicho ya que el principio de no responsabilidad de intermediarios también es aplicable en México (...) Creo que una ley en específico dirigida a esto es una ley que está destinada a fracasar. Simplemente por todos estos incentivos, por todos los prejuicios que hay detrás, por no entender cómo funciona el internet y por no entender cómo funciona también con las infancias”, reflexiona.
La paradoja fiscal de las trabajadoras sexuales
La relación del Estado mexicano con el trabajo sexual digital es, en el mejor de los casos, paradójica. Mientras el discurso político se envuelve en banderas de "protección a la familia" y "combate a la trata" con tintes abolicionistas, el aparato fiscal opera con pragmatismo.
Láurel Miranda es una mujer trans de 36 años y es trabajadora sexual desde 2020. Su plataforma de preferencia para crear contenido erótico y sexual está en las plataformas de suscripción, por lo que las redes sociales no son su principal fuente de ingresos. Por lo que ella vive la contradicción constante al pagar los impuestos por crear contenido como cualquier otro servicio digital, pero sin el reconocimiento laboral que otros trabajos digitales tienen.
Esta medida comenzó en el último año, cuando las plataformas digitales tuvieron que ajustar sus esquemas de retención:
- Para quienes tienen RFC (clave única del Registro Federal de Contribuyentes registrada), la retención de ISR es del 2.5% y la de IVA es del 8%.
- Para quienes operan sin RFC, la carga fiscal aumenta drásticamente a un 20% de ISR y 16% de IVA.
Sin embargo, este reconocimiento a las trabajadoras sexuales como "contribuyentes" no se traduce en un reconocimiento de sus derechos puesto que mientras las trabajadoras pagan impuestos en un vacío legal donde no existe acceso a la salud, seguridad social o vivienda, quedando sujetas a un sistema que las ve como fuente de ingresos, se les niega como sujetos de derecho.
“Mis derechos como trabajadora sexual siento que no se respetan en general. No tengo nada. No tengo fondo de ahorros, no tengo seguro social, no tengo pensión, no tengo un fondo para una vivienda, no tengo seguro de desempleo, no tengo nada de esas cosas. Y pues también si yo quisiera como denunciar situaciones violentas en mi trabajo pues me enfrento a la revictimización también de parte del Estado y las autoridades y demás”, enumera Lulú.
Esta "economía del estigma" se vuelve aún más peligrosa cuando el legislador intenta cruzar la línea hacia la vigilancia de datos. Como advierte la especialista Grecia Macías, la implementación de medidas de verificación de edad obligaría a las trabajadoras a entregar documentos oficiales (como el INE o RFC) a plataformas que, históricamente, han sido vulnerables a filtraciones.
Esto, explican Láurel y Lulú, es un riesgo constante para una trabajadora sexual. Su identidad legal puede quedar vinculada permanentemente en una base de datos de "contenido adulto", lo cual puede derivar en extorsión, acoso o discriminación laboral fuera del entorno digital.
“Fácilmente, pareciera que como trabajadora sexual te colocas en un lugar en el que se te puede señalar, se te puede estigmatizar, se pueden burlar de ti, se te puede insultar, se te puede considerar un objeto, dejas de ser prioridad para el Estado, dejas de ser prioridad para las autoridades”, explica Láurel.
Privacidad y riesgos de identidad
Grecia Macías advierte que obligar a las trabajadoras sexuales y creadoras de contenido erótico a entregar documentos de identidad oficial para acceder o gestionar plataformas crea un "vector de vulnerabilidad" sin precedentes. Por lo que, en la práctica, entregarle al Estado (y a posibles atacantes) un catálogo de las personas involucradas sin una verdadera protección de datos biométricos ni de datos personales seguros pone en riesgo aún más la privacidad y el anonimato sin que haya un contrapeso como el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) que operó hasta durante más de veinte años hasta su desaparición, consumada a inicios de 2025.
Esta vulnerabilidad tiene un rostro humano en la trayectoria de Láurel Miranda. Para ella, el trabajo sexual digital comenzó como una reivindicación de su cuerpo como mujer trans frente a una sociedad que históricamente suele rechazar.
Sin embargo, Láurel señala que el registro en bases de datos estatales o el control excesivo de las plataformas puede convertirse en una herramienta de chantaje o discriminación profesional en otros ámbitos de su vida. El riesgo de que la identidad "real" sea expuesta a través de estas verificaciones forzosas atenta contra la capacidad de las mujeres trans y otras creadoras de decidir sobre su propia narrativa y seguridad, exponiéndolas a una visibilidad impuesta por el control legislativo.
Finalmente, este cerco sobre la identidad refleja un sesgo moral que ignora el principio de desarrollo progresivo de las infancias.
Mientras los legisladores argumentan que estas medidas "protegen" a los menores, expertas como Macías y activistas como Lulú Brat coinciden en que el verdadero objetivo es la "limpieza social". Al "fichar" a las trabajadoras a través de la tecnología, se refuerza la idea de que su actividad es inherentemente peligrosa o criminal. En lugar de fomentar la educación digital, el Estado apuesta por una arquitectura de vigilancia que, bajo la excusa de salvar a la niñez, termina por desproteger y criminalizar los cuerpos que habitan la red.
¿Qué alternativas quedan?
Al preguntarles a ambas trabajadoras sexuales sobre la legislación o regulación ideal por parte del Estado, Lulú Brat sostiene una postura más crítica hacia la regulación estatal, argumentando que "meter al Estado a la cama" suele derivar en medidas higienistas que terminan por controlar o desplazar a las trabajadoras en lugar de protegerlas; su apuesta es por la despenalización y el reconocimiento de la autonomía.
"Yo soy más de no estar buscando tanto depender del Estado sino que más bien apuesto por los sistemas de resistencia y de apoyo comunitario... Hay que comenzar a reconocer esta chamba digital como lo que es, asumirla con los riesgos que implica y atenderlos brindando el derecho a la seguridad, la no violencia y la salud", finaliza Lulú.
Por su parte, Láurel Miranda pone el acento en la hipocresía de un sistema que ya las regula para cobrarles impuestos pero les da la espalda en derechos; para ella, la conversación debe centrarse en los derechos humanos y el bienestar real, alejándose del pánico moral que hoy domina la agenda legislativa.
Además, agrega que, si bien en el ámbito puramente digital a veces falta una red formal de trabajadoras sexuales, identifica la urgencia de escuchar a las colectivas que ya luchan en el espacio presencial.
¿El internet es un ente abstracto, o más bien un territorio que se defiende colectivamente? Ante las amenazas constantes desde diversos frentes, la verdadera red de apoyo, reiteran, está entre las colegas y todas las personas que no las dejen a la deriva.