La salud reproductiva va más allá de concebir o evitar embarazos. El acceso a información clara, a servicios médicos y la posibilidad de tomar decisiones libres y sin coerción también tienen que ver con ello. Sin embargo, cuando se trata de mujeres que ejercen en el sexo pago, esta libertad se ejerce en silencio. En el país, la autonomía se encuentra profundamente condicionada por factores sociales, económicos y legales.
En el trabajo sexual, la salud reproductiva está atravesada por la necesidad de generar ingresos, las dinámicas del mercado sexual, la negociación de barreras de protección y la relación con instituciones que no siempre garantizan un trato digno. Así, la libertad de elección no depende únicamente de la existencia de derechos formales, sino de las condiciones reales para ejercerlos.
Y entender esta realidad implica poner atención en cómo se experimenta el acceso a la anticoncepción, el aborto y la atención ginecológica en un contexto donde el estigma pesa sobre el cuerpo y la vida diaria.
Trabajo sexual y acceso al sistema sanitario: entre el reconocimiento parcial y el estigma estructural
El trabajo sexual en Ecuador se sitúa en una zona intermedia entre lo permitido y lo no plenamente reconocido como trabajo. Aunque no está considerada como delito, la falta de regulación laboral genera un vacío que deja a las trabajadoras sin protecciones básicas, como el acceso garantizado a servicios de salud sin discriminación. Este estatus ambiguo facilita que diferentes instituciones ejerzan control, ya sea a través de inspecciones en centros de tolerancia, exigencias informales o control.
En general, el estigma social asociado al trabajo sexual también tiene efectos en el acceso al sistema sanitario. De hecho, es habitual entre personas del colectivo el reporte de experiencias de trato despectivo, culpabilización o interrogatorios moralizantes al acudir a consultas. Esto no solo dificulta la atención, sino que también genera desconfianza hacia el sistema público, provocando un retraso en la búsqueda de apoyo sanitario o que directamente se evite.
Por lo tanto, la posición social de esta actividad influye directamente en la salud reproductiva de su colectivo, porque condiciona la forma en que se negocian prácticas de protección, la posibilidad de prevenir embarazos no deseados y la disposición a acudir a los servicios médicos cuando es necesario.
Cuando la política sanitaria no es suficiente
Las políticas públicas orientadas a la salud reproductiva suelen formularse desde principios amplios, pero su efectividad depende de cómo se implementan en la práctica. Es por ello que la falta de protocolos especializados y formación en atención sin estigmas para el personal sanitario limita la capacidad del sistema para responder adecuadamente a este colectivo y otras minorías.
Es por ello que las iniciativas comunitarias y las organizaciones de trabajadoras sexuales han desempeñado un rol importante. Desde la creación de espacios seguros de cuidado hasta la facilitación de información y de acompañamiento, se han convertido en la opción más segura y efectiva en el cuidado de su salud para muchas de sus integrantes.
Anticoncepción: derecho reconocido, acceso condicionado
En principio, el sistema de salud ecuatoriano contempla la provisión gratuita de métodos anticonceptivos, incluyendo preservativos, dispositivos intrauterinos y anticonceptivos hormonales. Sin embargo, el acceso real depende de la disponibilidad de estos materiales en los centros de salud, los horarios de atención y la capacidad de desplazamiento de los usuarios.
Además, la necesidad de priorizar la jornada laboral, el costo del transporte o la falta de documentos actualizados pueden dificultar la obtención de anticonceptivos. Y a ello se añaden barreras como el miedo a ser juzgada por el personal médico o la percepción de un trato desigual.
En el ámbito laboral, la negociación del uso del preservativo puede verse condicionada por factores económicos, sobre todo cuando el cliente está dispuesto a pagar más a cambio de prescindir de preservativo. En este contexto, el cuidado se sostiene también en redes internas de trabajadoras sexuales y organizaciones sanitarias afiliadas.
Estas prácticas diarias muestran cómo la gestión reproductiva depende tanto de la disponibilidad institucional como de los vínculos entre trabajadoras, lo que enlaza directamente con la forma en que se afrontan embarazos no deseados y decisiones sobre su continuación o interrupción.
Atención ginecológica en clave de acceso real
Por otro lado, los controles ginecológicos anuales son fundamentales para conocer el estado de salud sexual y reproductiva, pero su acceso también se ve afectado. La discontinuidad laboral, la movilidad y las prioridades económicas cotidianas son los motivos más habituales.
Al igual que en otras áreas sanitarias, la discriminación en consultas médicas genera un impacto a largo plazo, contribuyendo a que la atención preventiva sea retrasada. Además, la ausencia de protocolos específicos para trabajadoras sexuales puede resultar en prácticas que se queden cortas al no considerar sus circunstancias y necesidades.
El aborto en Ecuador: despenalización parcial y práctica cotidiana
En los últimos años, Ecuador ha experimentado cambios en la regulación del aborto, ampliando los supuestos no punibles. Es decir, las mujeres tienen derecho a interrumpir el embarazo cuando supone un riesgo para la vida o la salud de esta, así como cuando es producto de una violación de una mujer con discapacidad mental. Sin embargo, esta despenalización ha sido parcial y no garantiza automáticamente el acceso seguro y libre de estigmas en los servicios públicos.
La posibilidad de ser señalada o recibir un trato discriminatorio sigue siendo una preocupación para muchas mujeres, tanto dentro como fuera del colectivo. Y para las trabajadoras sexuales, esto se combina con el temor a que su actividad laboral sea expuesta o utilizada en su contra.
Ante estas condiciones, el aborto autogestionado y los acompañamientos comunitarios han adquirido un papel relevante, facilitando el acceso a información y apoyo. Sin embargo, la falta de respaldo institucional implica riesgos si no se cuenta con asesoramiento adecuado.
Por otro lado, a nivel económico, esta decisión también se ve condicionada: continuar o interrumpir un embarazo puede afectar directamente a la capacidad de generar ingresos, especialmente en una actividad donde el trabajo físico es central.
Decidir en silencio
En definitiva, la libertad de elegir en materia reproductiva no es simplemente una declaración de derechos, sino una práctica que requiere condiciones materiales, reconocimiento social y acceso efectivo a servicios de salud.
Incluir la voz de las trabajadoras sexuales en la planificación y evaluación de políticas sanitarias resulta fundamental para construir un sistema que promueva la autonomía corporal y el bienestar integral dentro de este colectivo y otras minorías.