El trabajo sexual en el Ecuador presenta desafíos significativos que afectan de forma directa la materialización de los derechos fundamentales, la cual está atravesada por diversas formas de exclusión y violencia, lo que se traduce en la marginalidad y precarización de esta práctica laboral en el país, esto es resultado del limbo jurídico en el que se encuentra; por un lado, no existe ningún tipo penal que la condene, pero tampoco existen elementos normativos que garanticen un sistema de cuidado o una política pública que logre mejorar los horizontes de vida y la forma en que opera el trabajo sexual en el territorio.
Las violencias que atraviesan los cuerpxs
La realidad que enfrentan las personas que trabajan en el sexo está rodeada de diversos sistemas de violencia y tipologías socioculturales y materiales que mantienen a estos cuerpxs en el margen.
Violencia comunitaria y violencia estatal
Esto agudiza la precarización de esta actividad, conexa a diversas agresiones que se sitúan sobre estos cuerpxs; la realidad visceral que enfrentan se presenta de diferentes maneras; la violencia comunitaria, mediante actos de agresión por parte de los locales, lanzamiento de objetos, gestos obscenos e incluso violación y muerte; y, por otro lado, la violencia estatal, mediante agentes de control, redadas agresivas, uso injustificado de la fuerza, violaciones y desaparición forzada.
Políticas del silencio y negación de derechos
Estas formas violentas de existencia son el resultado de cómo la periferización del trabajo sexual, a nivel institucional y social, opera a través de la negación de estos cuerpxs, generando políticas del silencio que permiten que la violencia se naturalice como parte de su existencia, incluso hasta la muerte, articulada mediante la fuerza estatal, la negación de servicios básicos para la vida (salud, educación y justicia), además de la falta de protocolos o mecanismos de protección que respondan a su realidad, mediante un enfoque diferencial que atienda las necesidades esenciales de las personas que ejercen el trabajo sexual.
Aunque la dignidad, la igualdad y la no discriminación son valores fundamentales de la Constitución Fundamental, estos no se aplican sobre estos sujetxs, porque el concepto de sujeto de derechos está ligado a la responsabilidad del Estado de garantizar espacios libres de violencia y trabajo digno; pero cuando se trata del trabajo sexual, se desconoce a las personas que lo ejercen, deshumanizando su existencia, esto resulta en cómo la muerte, la necropolítica y la limpieza social hacen que la vida sea casi imposible, y que las personas que ejercen esta actividad económica estén en constante peligro, porque el Estado las transforma en una amenaza para el “bien común”, lo que justifica su aniquilación, desconociendo cómo las calles son escenarios de resistencia y lucha.
Poner el cuerpo no es solo un acto de protesta, sino una acción de liberación; usar un lugar cargado de memoria histórica y rebeldía frente a un sistema higienizado da visibilidad a lo que esta actividad económica necesita. Estar en el “no lugar” y (co)habitarlo se vuelve necesario para construir nuevas herramientas de lucha.
Violencia estadística: el problema de la falta de datos
Esta realidad no es un enunciado abstracto; organizaciones de la sociedad civil y colectivos de trabajadoras sexuales en Ecuador han documentado de forma sistemática episodios de violencia policial, desalojos forzados de los espacios de trabajo y una casi nula judicialización de los crímenes cometidos en su contra.
La ausencia de cifras oficiales desagregadas sobre esta población es, en sí misma, una forma de violencia estadística que invisibiliza el problema y dificulta el diseño de políticas públicas pertinentes, esta falta de datos confiables perpetúa el círculo de exclusión, pues sin información no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay política pública capaz de revertir la precarización estructural que atraviesa esta práctica laboral.
Cuatro modelos jurídicos frente al trabajo sexual
Desde la óptica jurídica, se han generado cuatro modelos sobre la injerencia del trabajo sexual dentro de las normas jurídicas.
Abolicionismo y prohibicionismo
El modelo abolicionista, donde se penaliza o castiga al consumidor y no a la persona que lo ejerce, bajo la premisa fáctica de que todas las personas que ejercen esta actividad se encuentran siempre bajo violencia o coerción. El modelo prohibicionista, el cual sanciona o castiga a las dos partes involucradas, tanto a quien lo practica como a quien lo consume.
Regulacionismo o legalización
El modelo regulacionista o de legalización, que reconoce al trabajo sexual como una actividad laboral y materializa distintos tipos de garantías política pública, normativa, jurisdiccional y constitucional desde un enfoque interseccional y de derechos humanos.
Descriminalización
Y, finalmente, el modelo de descriminalización, que elimina las sanciones a quienes ejercen esta actividad de forma voluntaria y busca articular acciones estatales para evitar la prostitución forzada, además de acompañar a esta población clave desde una visión de derechos humanos.
¿Qué es el trabajo sexual? Definiciones y debates
El trabajo sexual se ha constituido como una práctica que ha generado diversos debates desde enfoques sociales, jurídicos y antropológicos, desde un análisis crítico, se define esta práctica como el intercambio de un servicio de carácter sexual por un valor económico u otro tipo de compensación apreciable en dinero.
Entre la explotación y la práctica laboral autónoma
Sin embargo, desde una visión popular o un concepto generalizado, se la ha asociado con la explotación; mientras que, desde el feminismo y la sociología, se la concibe como una práctica laboral equivalente a cualquier otra en la que se utiliza el cuerpx y la mente para obtener una remuneración por un cierto tipo de actividad, en la realidad de diversos territorios, esta se lleva a cabo bajo condiciones de autonomía, al igual que otras actividades laborales.
Por otro lado, también es necesario visibilizar que esta actividad siempre ha estado sujeta a un mercado oculto de los cuerpxs, que opera sobre estxs sujetxs mediante un proceso coercitivo, dependiendo del contexto de pobreza y violencia que se interseca sobre la persona que está siendo obligada a ejercer este tipo de actividad.
Feminismos en debate
Diversas corrientes feministas han criticado que este tipo de prácticas mantienen y (re)producen relaciones de poder y dominio, generalmente de corte patriarcal, lo que perpetúa la desigualdad histórica sobre estos cuerpos. Sin embargo, otras corrientes, como la pro-sex, sostienen la autonomía y la reivindicación de la autonomía corporal como una expresión legítima de la sexualidad y el erotismo personal.
El cuerpo como territorio político
Desde la teoría social más amplia, el trabajo sexual se presenta en distintos debates sobre el cuerpo como territorio político, la mercantilización de la intimidad y los límites entre lo público y lo privado; al ser un fenómeno complejo, no puede analizarse desde una sola vertiente teórica; por el contrario, es fundamental comprender los contextos locales y las diversas formas de discriminación que pueden presentarse, lo que tiene un efecto directo en la materialización de los derechos básicos.
Por ello, esta actividad laboral debe ser analizada desde un enfoque multicausal y multifactorial, que permita comprender cómo el trabajo sexual se ha configurado en los distintos espacios y lograr tratos justos y humanos, además de acciones diferenciadas que permitan otros medios de vida o una laboralización del trabajo sexual desde una mirada digna.
La "intimidad acotada"
Siento que el trabajo sexual ofrece una “intimidad acotada”, que puede definirse como el intercambio comercial corpóreo-afectivo entre la persona que ofrece el servicio y quien lo consume. Desde este enfoque se ha intentado desnaturalizar tanto la condena moral como la romantización; lo que se propone es comprender este fenómeno dentro de las relaciones económicas y políticas que se instauran siempre al interior de los Estados, entendiendo las dinámicas complejas que se articulan internamente; la pobreza, la migración, el género y la raza estructuran quiénes terminan ejerciendo esta actividad y bajo qué condiciones.
Marco internacional y realidad latinoamericana
Qué recomiendan la OMS, ONU Mujeres y ONUSIDA
En el plano internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud, ONU Mujeres y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) han recomendado avanzar hacia modelos de descriminalización, al considerar que la penalización; directa o indirecta, del trabajo sexual incrementa la exposición a la violencia, dificulta el acceso a servicios de salud y refuerza el estigma social sobre quienes lo ejercen. Estas recomendaciones no implican una postura ingenua frente a la trata de personas o la explotación sexual, sino que buscan diferenciar claramente entre el ejercicio autónomo del trabajo sexual y las formas de coacción que deben ser perseguidas penalmente, una distinción que, en la práctica ecuatoriana, continúa siendo insuficiente.
Ecuador, entre la tolerancia jurídica y la persecución policial
En América Latina, y particularmente en Ecuador, el trabajo sexual se encuentra en una zona jurídica ambigua; no está tipificado como delito, pero tampoco cuenta con un marco laboral que garantice derechos plenos, como seguridad social, contratos o protección frente al abuso. La Constitución ecuatoriana de 2008, al reconocer el trabajo en todas sus formas y prohibir la discriminación, permite el reconocimiento de estos derechos; sin embargo, en la práctica persiste una tensión entre la tolerancia jurídica y la persecución policial, lo que deja a quienes ejercen el trabajo sexual en una situación de alta vulnerabilidad institucional.
Autonomía corporal: un concepto en disputa
La autonomía corporal es uno de los conceptos que ha presentado diversas aristas, tanto a nivel filosófico como político, desde el pensamiento contemporáneo, particularmente desde los derechos humanos, se refiere a la capacidad de los sujetox para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y los elementos que lo interconectan, sin interferencia externa o estatal. Desde el pensamiento ilustrado, se concibe al cuerpo como una propiedad individual, en la que el sujeto goza de libertad, la cual únicamente está limitada por la libertad de otro individuo o colectivo. La condición individual no debería ser un privilegio, aunque en la práctica lo es, sino una condición fundamental para ejercer la autonomía de forma genuina y gozar de los derechos inherentes.
La mirada feminista: "mi cuerpo, mi decisión"
Desde la óptica feminista, este concepto adquiere un tinte más profundo y de urgencia política, ya que los cuerpos de las mujeres o cuerpos feminizados han sido, históricamente, objetos de consumo y control patriarcal, además de territorios de lucha y trofeos de poder. La subordinación femenina se ancló en la apropiación social del cuerpo de la mujer, lo que ha permitido que, en la actualidad, la autonomía corporal se transforme en un eje de resistencia y lucha por la emancipación del control corporal.
Consignas como “mi cuerpo, mi decisión” se han convertido en ejes de articulación para garantizar derechos fundamentales, que van desde el derecho al aborto hasta el rechazo a la violencia sexual, al trabajo sexual forzado y a los estándares estéticos impuestos. Sin embargo, el debate sobre la autonomía se ha complejizado con discusiones sobre su carácter pre-social o neutral, ya que existen normas ocultas atravesadas por género, raza y clase que condicionan cuánta autonomía se reconoce o se niega a cada persona, según su posición en las jerarquías sociales o su diversidad intrínseca.
Conclusión: una deuda pendiente del Estado ecuatoriano
Finalmente, negar estas realidades, estos cuerpxs e historias no es algo casual, sino el resultado de la violencia histórica que afecta principalmente a las personas que viven en la periferia; en general, estas realidades y formas de vida afectan de forma directa las libertades fundamentales; las formas de violencia comunitaria e institucional agravan la dignidad básica de las personas que realizan esta actividad, al punto en que la muerte es permitida y la violencia se naturaliza en estos espacios; borrar, de forma visual y cultural, la lucha y resistencia de las personas que ejercen el trabajo sexual se traduce en políticas silenciosas que afectan directamente los derechos más básicos que deberían tener garantizados.
Reconocer al trabajo sexual como una actividad legítima no significa ignorar las violencias que lo atraviesan, sino, precisamente, crear las condiciones jurídicas e institucionales para enfrentarlas; un marco normativo que garantice derechos salud, seguridad social, acceso a la justicia y protección frente a la violencia estatal y comunitaria, no es un privilegio adicional, sino una deuda pendiente del Estado ecuatoriano con un sector históricamente invisibilizado; la construcción de esta cartografía del placer y la violencia interseccional debe, entonces, entenderse como un punto de partida para el debate político y normativo, y no como un cierre; solo así será posible transformar el silencio institucional en una respuesta concreta que dignifique la vida y el trabajo de quienes ejercen el trabajo sexual en el territorio.