En Ecuador, como en muchos países de América Latina y el mundo, ejercer el trabajo sexual no es ilegal, pero sí es perseguido, criminalizado, discriminado y estigmatizado.
El colectivo de trabajadoras sexuales trans de Guayaquil, con su representante Ninoska Ostaiza, informa que, dentro de las estadísticas de transfemicidios, se encuentran más afectadas y vulnerables con diferentes formas de violencia las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.
La ley de las bandas organizadas
Ahora debemos hablar de la problemática actual que nos aqueja como parte de la sociedad civil: el no poder gozar de garantías constitucionales basadas en derechos y, a pesar de que en Ecuador no existe persecución al trabajo sexual, las bandas delictivas organizadas han puesto la vida en riesgo a más de una mujer trans que, al no someterse a los pagos diarios, la extorsión y las “vacunas”.
Todas estas han sido las causas de muertes violentas y desapariciones y torturas de muchas de nuestras compañeras trans, sin poder denunciar por represalias, sometimiento y miedo a no poder volver a ejercer el trabajo sexual como fue el caso de nuestra compañera Becky G, una mujer trans de 25 años, asesinada brutalmente la madrugada del 10 de octubre de 2025, en el sector 1° de Mayo, Guayaquil.
Becky fue víctima de la violencia y la extorsión al negarse a pagar una “vacuna” de 150 dólares semanales, 500 dólares mensuales y 20 dólares diarios. Su cuerpo fue hallado sin vida en la calzada en decúbito lateral, en un acto que refleja la crueldad de la transfobia y la inseguridad en nuestras calles.
La alerta que ha emitido el colectivo trans de trabajadoras sexuales de Guayaquil denunciando las diferentes formas de torturas, malos tratos, vacunas, amedrentación y asesinatos que viven las mujeres trans en Guayaquil, Ecuador, ha sido constante y en diferentes formas, entre ellas la judicial, sin tener respuesta alguna a las diferentes formas de violencia.
Esta organización ha venido trabajando en buscar políticas públicas para poder garantizar un seguro social, salud adecuada, asistencia social a mujeres que ejercen el trabajo sexual buscando garantizar la dignidad y derechos igualitarios en cada una de ellas.
Antecedentes legislativos para el trabajo sexual en Ecuador
Los códigos penales ecuatorianos entre 1837 y 2014 nunca tipificaron la prostitución o el trabajo sexual como delito. Lo que sí ha sido sujeto de control y sanción punitivo ha sido:
- La rufianería (1837-1998)
- El corrompimiento de jóvenes (1837-1998)
- El proxenetismo (1998-2005)
- La explotación sexual (2005-2014)
- La trata de personas (2005-actualidad).
Este escenario estatal no punitivo no significa que las condiciones laborales del trabajo sexual sean justas para que mujeres cisgénero y trans accedan a salud, seguridad social, el respeto de su integridad personal, entre otras, por parte del Estado ecuatoriano.
El abordaje estatal respecto al trabajo sexual no ha sido con la finalidad de garantizar sus derechos laborales o la integridad personal, sino a partir del control epidemiológico y la subordinación moral.
Las trabajadoras sexuales empezaron a tener importancia para el Estado con el aparecimiento de varias personas infectadas por las enfermedades de transmisión sexual como VIH-sida, sífilis, etc. Pero todo esto solo queda en papeles y escritorios, porque dentro de las realidades de mujeres trans y lgbti no existen políticas públicas de atención de salud en Ecuador. La misma situación ha hecho que la violencia sea también desde el gobierno, pues son discriminadas, y se las veía como un problema de salud pública porque era como un atentado contra la sociedad.
Lejos de ser un ejercicio libre y seguro, su día a día está teñido por la precariedad, la discriminación y una violencia sistemática que el Estado y el gobierno han fallado en prevenir, proteger y sancionar. El trabajo sexual no regulado expone a las mujeres trans a riesgos incalculables, operando en la clandestinidad y sin acceso a derechos laborales o de salud y a merced de redes de extorsión, crimen organizado y transfobia social e institucional. Además, esta desprotección se agrava en un contexto donde el Estado no solo ignora su existencia, sino que a menudo criminaliza su actividad, en lugar de garantizar su seguridad y bienestar.
La actualidad, regida por la discriminación, la violencia e incluso la muerte
Actualmente, las únicas normativas de aplicación relacionadas con el trabajo sexual son el reglamento de 2014 para el control y funcionamiento de los establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual y el manual de 2017 sobre atención integral en salud a personas que ejercen el trabajo sexual. Son declarativas, porque reconocen el riesgo laboral ligado a la violencia de género.
Sin embargo, en Ecuador las muertes violentas a mujeres trans han aumentado a partir de la pandemia del COVID-19, junto a nuevas dinámicas de extorsión y muerte en el ejercicio del trabajo sexual trans, lo que denota las violencias particulares que estas personas viven.
Parte del entorno habitual del trabajo sexual de las mujeres trans —a diferencia de lo que comúnmente ocurre en el caso de las mujeres no trans y de los hombres— son las miradas de desprecio, las burlas y las agresiones verbales. Asimismo, el lanzamiento, desde coches en movimiento, de cohetes encendidos, botellas, vasos con orines, huevos y de toda clase de objetos. También, las corretizas para molestar, asustar y golpear; las palizas colectivas y el asesinato. Estas conductas son manifestaciones del odio de género y social que los agresores varones sienten contra las trabajadoras sexuales trans.
El 79 % de las trabajadoras sexuales se ven expuestas a una condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal, lo que las expone a múltiples violencias y situaciones de desamparo, de acuerdo con el informe ‘Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador’.
En este sentido, la violencia psicológica, física y la discriminación son las violencias que más sufren las trabajadoras sexuales.
Esta realidad se ha recrudecido desde la covid-19, al recordar el aumento de feminicidios a mujeres en esta actividad laboral. Además, el estigma hace que se vincule a estas trabajadoras con el narcotráfico y el crimen organizado, si bien el aumento de la inseguridad en el país andino afecta de manera desproporcionada a estas mujeres.
En muchos casos, las bandas criminales “se apoderan de los espacios donde ejercen el trabajo sexual queriéndoles cobrar vacunas (cupos de dinero exigidos bajo extorsión) y les chantajean de diferentes formas”, afirmó Paola Ostaiza, directora y vocera nacional del sindicato de trabajadoras sexuales trans del Ecuador con sede en Guayaquil. Además, anotó que “inclusive, les obligan a vender droga si no quieren pagar la vacuna”. “Cuando las compañeras se niegan, son asesinadas para demostrar que o te acoges a lo que ellos quieren o te matan”, agregó.
Derechos laborales y prevención
La coordinadora del comité de trabajadoras sexuales trans de Guayaquil demandó al Estado ecuatoriano que “se reconozca el trabajo sexual como trabajo, el derecho a transitar libremente en la calle, a vivir una vida libre de violencias” y también instó al Gobierno a que garantice “el derecho a la autonomía del cuerpo”.
Los derechos laborales ayudarían a bajar los niveles de violencia contra estas mujeres, afirmó Paola Ostaiza directora y vocera nacionales del sindicato de trabajadoras sexuales trans del Ecuador con sede en Guayaquil, quien destacó la premura de asegurar la protección social a estas trabajadoras que no pueden jubilarse porque no obtienen ningún tipo de prestación.
Asimismo, relató que las trabajadoras sexuales tampoco pueden acceder a créditos bancarios porque se les solicita un certificado laboral que no poseen.
“Nadie nos va a dar un certificado laboral a pesar de que hemos demostrado que somos personas responsables, que pagamos nuestro crédito y que estamos pendientes de nuestras deudas”, aseveró Paola Ostaiza. Y añadió que esta realidad contribuye a que muchas mujeres que desean dejar esta profesión no puedan escapar de este círculo de violencias y de vulneración de derechos.
A partir de la primera década del 2000, las organizaciones de corte trans y transfeminista han impulsado el desarrollo de algunos avances de protección al trabajo sexual, especialmente en la implementación de protocolos de procedimientos género-sensibles en el abordaje policial de las poblaciones que ejercen trabajo sexual en calle, y en la implementación de procesos de justicia de paz y mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Entre las muertes violentas ha existido una grave afectación a las personas que ejercen el trabajo sexual, que enfrentan cotidianamente riesgos, estigma y discriminación. Son precisamente las personas trabajadoras sexuales quienes se encuentran excluidas de programas estatales, incluso, son criminalizadas, perseguidas o violentadas por autoridades estatales.
A pesar de que las medidas de cuarentena y distanciamiento social para responder a la pandemia de COVID afectaron de manera drástica la situación económica de las trabajadoras sexuales, y a pesar de que ellas acataron los llamados a protegerse, no tuvieron atención de parte del Estado. Fueron excluidas de los programas de protección social y de los fondos de emergencia.
Por lo tanto, se vieron obligadas a seguir trabajando, poniendo en riesgo su salud, su seguridad y sus vidas. La baja afluencia de clientes como efecto de la pandemia tuvo un impacto en sus ingresos y sus condiciones materiales, así como en su salud física y emocional. Asimismo, el gobierno nacional y los gobiernos locales desplegaron medidas represivas y se evidenció un incremento de la violencia policial hacia las trabajadoras sexuales.