En el país, el trabajo sexual no está protegido por la legislación, por lo que no se garantizan derechos laborales mínimos para quienes se dedican a esta actividad. Un artículo de los abogados del estudio jurídico Bustamante Fabara señala que esta falta de control estatal permite que no exista regulación, fiscalización ni inspección sobre las condiciones en las que se ejerce el trabajo sexual, lo que acentúa el riesgo de que mujeres y niñas sean víctimas de explotación y trata de personas.
En este panorama, el trabajo sexual se ejerce en muchos casos de forma autónoma: son las y los trabajadores quienes deciden sobre horarios, lugares, formas o condiciones para trabajar. Por otro lado, hay quienes laboran en centros de tolerancia o establecimientos con permiso para ofrecer servicios sexuales, donde deben sujetarse a pagos y horarios fijos, pero sin acceso a derechos laborales. Por ello, en caso de despido, las trabajadoras no tienen derecho a indemnizaciones.
En consecuencia, las trabajadoras sexuales forman parte del sector de trabajadores informales del país.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para diciembre de 2025 el 54,2% de las personas con empleo se encontraban en el sector informal de la economía.
Bajo estas condiciones, resulta complejo determinar cuál es el impacto económico del trabajo sexual en Ecuador, cuánto dinero perciben los dueños de los centros de tolerancia o qué montos se pagan en impuestos por su funcionamiento. No obstante, en este artículo se realiza una estimación del dinero que genera el trabajo sexual tanto de forma autónoma como dentro de los centros de diversión nocturna.
Un sector sin cifras oficiales
Debido a la falta de regulación y protección estatal, no existen datos oficiales que muestren cuál es el impacto económico del trabajo sexual ni cuál sería su aporte al Producto Interno Bruto (PIB). Como sí se puede definir el porcentaje del PIB que genera la agricultura, ganadería o la industria manufacturera. Por ejemplo, el sector del comercio, transporte, comunicaciones, finanzas, inmobiliaria, salud y administración pública aporta el 64% del PIB.
En Ecuador se estima que alrededor de 900 mil personas—entre mujeres, hombres y personas transexuales— ejercen el trabajo sexual en calles, centros de tolerancia o espacios virtuales como redes sociales. De manera más específica, se calcula que existen al menos 67 mil mujeres trabajadoras sexuales, de las cuales 54 mil son jefas de hogar, es decir, responsables de proveer alimentación, vivienda y educación a sus hijos y otros familiares.
Sin embargo, este panorama contrasta con la realidad de mujeres jóvenes y adultas, ecuatorianas y extranjeras, que ejercen el trabajo sexual de manera forzada, como víctimas del delito de trata y otros delitos conexos. En la mayoría de los casos, ellas no se benefician del dinero que generan, sino que son explotadas, maltratadas y retenidas en lugares clandestinos de explotación sexual, sin que las autoridades actúen de forma efectiva para erradicar estos delitos.
El trabajo sexual autónomo y sus ingresos
El análisis Situación de las mujeres y personas que ejercen trabajo sexual en Ecuador, elaborado en 2023 por CARE Ecuador —organización no gubernamental que promueve el empoderamiento de niñas y mujeres y combate diversas formas de violencia—, presenta cifras relevantes sobre los ingresos de trabajadoras sexuales que ejercen de manera autónoma.
El informe incluyó una encuesta a 301 trabajadoras sexuales, en la que se preguntó cuánto cobran por cada actividad, es decir, por cada servicio sexual.
El 40% de las encuestadas respondió que cobra entre 10 y 20 dólares; el 32%, entre 9 y 10 dólares; el 13%, más de 20 dólares; el 8%, entre 5 y 8 dólares; el 6%, entre 1 y 3 dólares; y el 1%, entre 4 y 5 dólares.
La encuesta de CARE Ecuador también reveló que el 61% de las personas percibe ingresos mensuales de 400 dólares, una cifra que no alcanza el salario básico ecuatoriano. Para 2026, en Ecuador el salario básico será de 482 dólares, 12 dólares más que en 2025.
El 28% de las encuestadas señaló que sus ingresos mensuales se ubican entre 401 y 700 dólares, mientras que el 11% afirmó ganar más de 700 dólares al mes. Aun así, estos montos resultan insuficientes para la supervivencia, considerando que en 2025 el costo de la canasta básica familiar alcanzó los 819,77 dólares.
Centros de tolerancia: negocios con alta rentabilidad
En Ecuador, para que un centro de tolerancia —también conocido como night club, establecimientos de diversión para adultos relacionados con actividades sexuales donde también se venden y consumen bebidas alcohólicas—pueda operar, el propietario debe contar con permisos de funcionamiento del Ministerio del Interior y del municipio correspondiente.
Sin embargo, muchos de estos locales no constan en los registros de la Superintendencia de Compañías ni del Servicio de Rentas Internas, lo que dificulta aún más calcular el impacto económico que debería beneficiar a las arcas del Estado. En contraste, varios de los negocios que sí aparecen en los sistemas públicos no declaran impuestos, declaran impuestos en cero o declaran impuestos muy por debajo de sus ganancias.
Las personas que trabajan en estos establecimientos no lo hacen bajo relación de dependencia, por lo que no reciben salario básico, seguro social, vacaciones, descanso en fines de semana ni permisos por maternidad, entre otros derechos. Cuando una trabajadora sexual labora en un centro de tolerancia, debe “esperar al cierre del día para cambiar sus fichas por dinero”, es decir, cobrar el porcentaje que le corresponde por cada servicio sexual realizado durante la noche y la madrugada.
Una investigación del medio ecuatoriano Plan V señala que cuando una mujer llega a pedir trabajo por cuenta propia, su porcentaje de ganancia oscila entre el 5% y el 10% de los ingresos que genera, lo que le permite ganar entre 250 y 1.000 dólares al mes.
En cambio, cuando se trata de una mujer llevada por redes de trata, las ganancias se distribuyen entre el explotador y, en el mejor de los casos, un porcentaje mínimo para la mujer. De esta manera, el dinero se concentra en quienes lideran estos negocios, sin evidencias de que cumplan con el pago de obligaciones fiscales.
En estos locales nocturnos, las mujeres trabajan jornadas de hasta 12 horas, en servicios que pueden durar cinco, veinte minutos o hasta media hora. La investigación de Plan V revela que, al menos en las provincias fronterizas de Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos, existen 209 centros de tolerancia con permisos, donde trabajan en promedio 15 mujeres por día. Además, se identifican locales en los que laboran más de 100 mujeres diariamente, muchas de ellas víctimas de trata y prostitución. En total, en estas cuatro provincias se estima que hay alrededor de 4.110 trabajadoras sexuales, y cada servicio sexual puede costar entre 8 y 10 dólares.
A partir de estos datos, y como un ejercicio de cálculo que hace Plan V, los ingresos de los centros de tolerancia donde trabajan estas 4.110 mujeres en las provincias fronterizas podrían alcanzar aproximadamente 558 mil dólares por día y hasta 201 millones de dólares al año.
Es importante considerar que, en muchos casos, las mujeres deben pagar semanalmente al dueño del centro de tolerancia por el uso del cuarto donde atienden a los usuarios, espacio que en ocasiones también funciona como su lugar de vivienda. Por ello, la ganancia que reciben no alcanza para subsistir, según la investigación universitaria “Los derechos laborales frente al trabajo sexual en los centros de tolerancia”.
Al menos 50 nightclubs por provincia
Según Plan V, en las cuatro provincias mencionadas existen 209 centros de tolerancia, lo que implicaría que, en promedio, cada provincia del Ecuador cuenta con alrededor de 50 de estos establecimientos. Si se extrapola esta cifra a las 24 provincias del país, se podría estimar la existencia de aproximadamente 1.200 centros de tolerancia activos a nivel nacional.
Con base en estos números, y considerando que en cada establecimiento trabajan cada noche unas 15 trabajadoras sexuales que realizan al menos 20 servicios, cada centro de tolerancia podría generar ingresos estimados de 3.000 dólares diarios, 60.000 dólares mensuales y hasta 720.000 dólares al año. Como ya se dijo no es claro el impacto económico del trabajo sexual en el país, no obstante, estos establecimientos deberían declarar sus ventas por bebidas alcohólicas o alimentos que también expenden.
Aunque el trabajo sexual mueve millones de dólares en Ecuador, su impacto económico permanece invisible para el Estado debido a la falta de regulación, control y reconocimiento legal. Esta informalidad no solo impide una recaudación fiscal efectiva, sino que perpetúa la precarización laboral y facilita la explotación y la trata de personas, evidenciando una deuda estructural en materia de derechos y políticas públicas.