En la actualidad, Ecuador atraviesa una crisis social y económica que no da tregua a los diferentes grupos sociales. Y en especial golpea con fuerza a las mujeres, las personas trans y otras minorías sexuales, que enfrentan la vulnerabilidad y la desigualdad en el acceso a recursos, oportunidades laborales y servicios públicos.
En este contexto, el cuerpo se convierte en un territorio de disputa, es decir, la toma de decisiones relacionadas con la propia sexualidad, el trabajo, la reproducción y la identidad son objeto de regulación, vigilancia y debate público. Además, el trabajo sexual y el acceso al aborto en casos de violación están en pleno ojo del huracán, pues entran en este debate también cuestiones como la autonomía, los derechos individuales y la justicia social.
Las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y minorías sexuales, en datos
En el país hay diferentes factores estructurales que condicionan la vida de las mujeres y las minorías sexuales, entre ellas:
Brecha económica y desigualdad laboral
Las mujeres continúan teniendo mayores tasas de desempleo y subempleo. Según datos de la Encuesta Nacional de Empleo del INEC (junio de 2025), el empleo alcanzó el 41,5% en hombres frente al 27,9% en mujeres. Unos porcentajes que reflejan una clara brecha en el acceso que tienen las mujeres a condiciones laborales estables.
Violencia de género
Según el Registro Nacional de Femicidios (Fundación Aldea, 2024), en Ecuador se registró 1 femicidio cada 39 horas. Esto demuestra la gravedad y la persistencia de la violencia contra las mujeres, especialmente en contextos de pobreza y desigualdad.
Transfobia y discriminación
De acuerdo con el Observatorio LGBT Ecuador y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 8 de cada 10 personas trans en el país no acceden a empleo formal. Esto les sitúa en una posición de vulnerabilidad económica y riesgo constante de exclusión, de ahí que la tendencia sea dedicarse al trabajo sexual.
Migración venezolana
Según ACNUR, alrededor de 500.000 personas venezolanas residen en Ecuador actualmente, muchas de ellas sin estatus migratorio regular. Esto se traduce en dificultades para acceder a empleo, sanidad y vivienda, incrementando la probabilidad de aceptar trabajos precarios o informales.
En estos contextos, no es de extrañar que el trabajo sexual aparezca como una estrategia de supervivencia y no como una elección aislada. La falta de alternativas laborales y la discriminación estructural llevan a ello.
¿Dónde se sitúa el trabajo sexual en este panorama?
Debido a las situaciones mencionadas en el apartado anterior, el trabajo sexual aparece como una oportunidad de subsistir en el país. Aunque existen los centros de tolerancia, lo cierto es que los estigmas y la discriminación siguen ahí, por lo que esta actividad se desarrolla en un marco de informalidad. A su vez, esto provoca que la gente del colectivo tenga grandes dificultades en el acceso a derechos laborales, protección y servicios básicos.
Para entender mejor el contexto en el que se encuentra la prostitución en el país es importante aclarar los siguientes puntos:
- Trabajo sexual ≠ trata: se sigue pensando que el trabajo sexual, es decir, el ejercicio consensuado, adulto y autónomo, y la trata de personas son lo mismo. La confusión entre ambos fenómenos contribuye al estigma y dificulta la construcción de políticas públicas efectivas.
- Estigma y criminalización social: aunque el trabajo sexual no es ilegal en Ecuador, los estigmas siguen ahí. Esto expone a las trabajadoras y trabajadores a situaciones de violencia, extorsión y discriminación.
- Violencia institucional: los operativos policiales, los desalojos y los controles administrativos suelen generar situaciones de vulneración de derechos individuales.
- Participación de personas trans y migrantes: La alta presencia de trans y migrantes venezolanas en el sexo de pago es un indicador de desigualdad estructural y exclusión del mercado laboral formal.
La autonomía corporal y la justicia social, ¿dónde quedan?
Cuando hablamos de autonomía corporal, nos referimos al derecho que tiene cada persona a decidir sobre su cuerpo, es decir, qué hacer, cómo y con quién hacerlo. En este sentido, la defensa del trabajo sexual consentido y el reciente debate al acceso al aborto legal en casos de violación están vinculados por la misma cuestión fundamental, que es:
- Decidir trabajar sexualmente para sostenerse o sostener a una familia.
- Decidir interrumpir un embarazo producto de violencia sexual.
Sin embargo, las dos decisiones están condicionadas por normas sociales, culturales y religiosas. Y, por tanto, la autonomía corporal no es solo un principio teórico, sino una necesidad para garantizar la vida y la dignidad de las personas de cualquier colectivo.
El aborto por violación, un caso clave de autonomía corporal
En 2021, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de violación, marcando un gran avance en el reconocimiento de los derechos reproductivos en el país. Sin embargo, este sigue siendo difícil de ejercer en la práctica. Son las mismas condiciones estructurales que empujan a muchas mujeres, personas trans y migrantes hacia el trabajo sexual, como son la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos, que también limitan el acceso efectivo a la interrupción del embarazo.
Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de información clara, las barreras administrativas y el estigma social o señalamiento hacia quienes buscan este servicio. Estas dificultades afectan especialmente a trabajadoras sexuales, adolescentes y mujeres migrantes.
De este modo, el debate sobre el aborto no debe entenderse como un tema separado del trabajo sexual, sino como parte de la misma disputa por la autonomía corporal: el derecho a decidir sobre la propia vida en condiciones de dignidad y seguridad, independientemente de cualquier sector o colectivo social.
El papel de las organizaciones comunitarias y la lucha por los derechos
Ante las condiciones de vulnerabilidad y exclusión, las organizaciones comunitarias, las redes de personas LGTBI+ y los colectivos feministas llevan desarrollando estrategias de acompañamiento, defensa y cuidado durante años. Estas iniciativas de asistencia, talleres colectivos y acciones de reivindicación pretenden fortalecer la autonomía y la capacidad de actuación en contextos donde las instituciones suelen ofrecer respuestas limitadas.
Entre las más destacadas, la Red de Trabajadoras Sexuales de Ecuador (RedTraSex) impulsa espacios de formación, asesoría legal y participación política con tal de reconocer el trabajo sexual como una actividad laboral y promover la protección de derechos.
También está la Casa Trans, que ofrece acompañamiento social, psicológico y legal a personas trans, además de funcionar como un espacio seguro ante situaciones de violencia y discriminación.
Desde el feminismo, la Coordinadora Feminista lleva a cabo acciones colectivas en defensa de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo campañas de información y apoyo para el acceso al aborto en casos de violación.
Con este tipo de organizaciones se crean redes de solidaridad y de apoyo que permiten a las personas enfrentar la violencia estructural y acceder a recursos, información y acompañamiento desde espacios comunitarios y desde la propia experiencia de quienes viven estas realidades.