El Día Internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales surgió en Estados Unidos como un acto de memoria y denuncia. Entre 1980 y 1990, en distintas ciudades de ese país, decenas de mujeres que ejercían el trabajo sexual fueron asesinadas en una serie de crímenes que evidenciaron la sistemática desprotección y la impunidad que rodeaban sus vidas.
Hoy, retomo esta fecha no solo para recordar ese episodio doloroso, sino también para mirar con detenimiento la situación de los derechos de quienes ejercen el trabajo sexual en Ecuador. ¿Qué desafíos enfrentan actualmente mujeres y hombres cis, así como personas trans que trabajan en esta labor en nuestro país? ¿Qué medidas y alternativas hay para frenar la violencia que aún atraviesa a esta población? Aquí te lo cuento.
La historia detrás del 17 de diciembre
Esta fecha se conmemora a raíz de los crímenes cometidos por Gary Ridgway, conocido como el “asesino del río Green” en Seattle, Estados Unidos, pues muchas de las víctimas fueron encontradas sin vida cerca o dentro del río. Entre las décadas de 1980 y 1990, Ridgway habría asesinado a hasta 80 mujeres trabajadoras sexuales. En 2003, en su juicio, se declaró culpable de 48 de esos asesinatos y fue condenado a cadenas perpetuas consecutivas.
Por lo que, desde ese año, el 17 de diciembre es una fecha para recordar a todas las trabajadoras sexuales asesinadas por motivos de odio en todo el mundo. También se pone en el centro la discusión para erradicar el estigma social y la discriminación que exacerban la violencia contra quienes ejercen el trabajo sexual.
Sobre las vulneraciones de los derechos de las trabajadoras sexuales, Amnistía Internacional señaló en junio de 2022, en un extenso artículo, que los Estados son responsables de garantizar la protección a las trabajadoras sexuales “frente a la violencia y la injusticia”. Según la Red de Trabajo Sexual (RedTraSex), se ha evidenciado que, en la región, las condiciones de trabajo son “inaceptables”. La RedTraSex dice que las trabajadoras laboran en espacios cerrados, infraestructuras insuficientes y condiciones que no cumplen las normas sanitarias.
Amnistía Internacional pide que los Estados apliquen “medidas para eliminar la discriminación, desigualdades estructurales y los estereotipos de género”. En el caso ecuatoriano, Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X y defensora de los derechos de las personas trans y LGBTIQ+, menciona que la sociedad está fraccionada en dos grupos: uno abolicionista, que califica al trabajo sexual como una forma contemporánea de esclavitud, y otro grupo que cree que el trabajo sexual debe ser reconocido como un trabajo. Rodríguez remarca: “En Ecuador el trabajo sexual no está criminalizado y esperemos que no suceda”.
Sin embargo, la activista aclara que hay un espacio gris, pues, a pesar de que no es un delito, alrededor de este ocurren muchas vulneraciones sin el control de las autoridades, como la trata de personas, los asesinatos o diferentes tipos de violencia de género.
Vulneraciones que siguen vigentes en Ecuador
De acuerdo con su trabajo como activista, Diane Rodríguez afirma que en Ecuador sucede el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, “inclusive promovido por personas trans que se hacen llamar madres (...) eso hay que aclararlo y denunciarlo aunque suene feo”, dice.
La ley ecuatoriana dice que la trata de personas es el delito que comete “toda persona que capte, transporte, traslade, retenga o reciba” a otras personas con fines de explotación.
La explotación es definida en la ley como toda actividad que someta a una persona a condiciones de vulnerabilidad, como la extracción de órganos, explotación laboral, trabajo forzoso, trabajo infantil, adopción ilegal, mendicidad, reclutamiento forzoso para conflictos armados o explotación sexual.
Es fundamental precisar que el trabajo sexual puede ser una actividad elegida libremente por muchas mujeres, quienes ejercen su autonomía en un contexto donde las oportunidades de empleo pleno son limitadas en el país. Para algunas, esta decisión responde a estrategias de independencia económica o a la búsqueda de mejores ingresos. Sin embargo, para otras personas, el panorama es distinto: el trabajo sexual se convierte en la única vía posible de supervivencia en medio de entornos profundamente discriminatorios y estigmatizantes.
Esta realidad afecta de manera especialmente dura a muchas mujeres trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a trabajos formales y seguros, y terminan recurriendo al trabajo sexual como una forma de sostener sus vidas.
Trabajo sexual afectado por el crimen organizado
En el caso de Ecuador, en 2023, el gobierno de Daniel Noboa declaró “un conflicto armado interno” contra grupos de crimen organizado que operan en Ecuador y se enfrentan por el narcotráfico. Además, desde al menos 2019, el país arrastra una profunda crisis carcelaria marcada por el hacinamiento de las personas privadas de libertad y por una escalada de asesinatos derivados de los constantes enfrentamientos entre grupos delictivos al interior de los centros penitenciarios, como resultado, al menos 663 presos han perdido la vida.
A esta grave situación se suma la creciente presencia de redes de extorsión que operan en distintas ciudades del país. Estos grupos delincuenciales exigen pagos periódicos a comerciantes, pequeños empresarios e incluso a líderes sociales para permitirles continuar con sus actividades laborales sin ser molestados. La amenaza es directa y contundente: quienes se niegan a pagar se exponen a represalias que pueden ir desde agresiones hasta atentados contra sus vidas.
Zoila Angulo, representante de la Fundación Mujeres Aguerridas Rompiendo Cadenas, una organización de trabajadoras sexuales de Ecuador y filial de la RedTraSex, cuenta que varias compañeras enfrentan esta situación. Ellas son amenazadas por extorsionadores que piden ese pago para poder continuar trabajando en las calles.
Como lideresa, constantemente Angulo acompaña y conversa con sus compañeras, y cuenta que, debido al acoso, amenazas y al cobro excesivo de los extorsionadores, muchas mujeres se han tenido que mover de los espacios públicos habituales donde ofertan el trabajo sexual para cuidar su vida e integridad. “Les preguntamos ¿qué sucedía? nos dijeron que los vacunadores habían llegado a ese sitio, muchas prefirieron huir”.
Por su parte, Diane Rodríguez advierte que el amedrentamiento ejercido por las redes de extorsión no solo genera miedo y desplazamiento, sino que también está derivando en transfemicidios. Uno de los casos más recientes ocurrió en octubre de 2025: una mujer trans de 25 años, que trabajaba en el sector Primero de Mayo, en Guayaquil —el principal puerto del Ecuador—, fue asesinada tras negarse a pagar la llamada vacuna.
Este crimen, que sacudió a la comunidad, fue denunciado públicamente por la Asociación Silueta X, que en un comunicado señaló que el hecho “representa no solo una pérdida irreparable para nuestra comunidad, sino un claro acto de violencia estructural contra las mujeres trans, agravado por la extorsión y la impunidad en zonas vulnerables de la ciudad”.
Un pasado marcado por la violencia institucional
Otra de las principales amenazas al libre ejercicio del trabajo sexual como un derecho es la persecución por parte de la fuerza pública. Sin embargo, una encuesta de CARE Ecuador de 2023 arrojó que las trabajadoras perciben cambios importantes sobre la violencia y el abuso policial, debido a un trabajo de incidencia y posicionamiento de las organizaciones de trabajadoras sexuales sobre sus derechos.
Una de las mujeres entrevistadas por CARE dijo: “Por supuesto he notado muchos cambios referentes a lo que antes vivíamos; éramos extorsionadas, éramos agredidas psicológica y físicamente, y para no irnos detenidas teníamos que pagar con servicios sexuales a los señores policías”.
Aunque haya un avance significativo de derechos en ese aspecto, el 53% de encuestadas aún teme ser víctima de violencia ejercida por autoridades. El 60% respondió que teme ser atacada por otras personas o grupos y el 22% teme acoso o violencia sexual.
El peligro que también viene de los clientes
En general, la violencia de género también es una preocupación. Zoila Angulo comenta que muchas veces los clientes las tratan como objetos sexuales, sometiéndolas en algunos casos a prácticas no consentidas, como no utilizar el preservativo.
Zoila Angulo también menciona que las trabajadoras sexuales son víctimas de violencia física o sexual. Esto lo confirma la encuesta de CARE Ecuador: el 71% de encuestadas dijo que ha sufrido violencia física, el 48% violencia psicológica y el 21% violencia y/o abuso sexual.
Sobre estos episodios de violencia contra las trabajadoras sexuales, Zoila reflexiona “Somos madres de familia, abuelas, hermanas, hijas. Una entra a este trabajo porque de verdad necesita. Merecemos respeto porque, al fin y al cabo, es un trabajo lo que realizamos”.
Por otro lado, los espacios digitales también pueden ser escenarios de riesgo para la integridad de las trabajadoras sexuales, por lo que es indispensable tomar precauciones para precautelar la seguridad digital y la autonomía en plataformas virtuales, redes sociales o aplicaciones.
Discriminación en hospitales y centros médicos
Las trabajadoras sexuales también son discriminadas cuando buscan atención tanto para cuidar su salud sexual y reproductiva como para atender su salud física y mental. Zoila Angulo comenta que gran parte del personal de salud aún no está sensibilizado para atender a las trabajadoras sexuales, porque al atenderlas solo se concentran en realizar el examen profiláctico, medidas preventivas para evitar enfermedades de transmisión sexual, y entregarles la tarjeta de salud integral.
En su encuesta, CARE evidenció que solo el 15% de personas entrevistadas había buscado atención en salud en el último año, debido principalmente a “tratos despectivos por parte del personal de los servicios de salud”.
Pero no todo es negativo en el sistema público. Angulo dice que en los centros de salud municipales de Quito sí hay profesionales que brindan atención en medicina integral y psicología para ellas y sus familias sin estigmatizarlas, juzgarlas o discriminarlas.
Trabajo sexual sin protección laboral ni social
Como ya se ha mencionado, el trabajo sexual no está criminalizado en Ecuador; sin embargo, esta actividad tampoco cuenta con una normativa específica ni con una política pública que garantice los derechos laborales, de salud o de seguridad social de quienes la ejercen. Esta ausencia de regulación deja a trabajadoras y trabajadores sexuales en una zona gris, donde sus condiciones de trabajo dependen más de la informalidad y de la tolerancia social que de garantías reales del Estado.
En este contexto, el sector queda expuesto a múltiples formas de abuso, que incluyen desde despidos intempestivos en establecimientos de tolerancia hasta episodios de violencia, explotación y tratos degradantes. La falta de reconocimiento laboral también les impide acceder a derechos básicos como licencias por maternidad, afiliación a la seguridad social, pensiones o periodos de vacaciones remuneradas, beneficios que cualquier otro trabajador formal sí puede exigir. Contar con una regulación clara, construida desde una perspectiva de derechos humanos y con un enfoque de género, es indispensable para asegurar que el trabajo sexual pueda ejercerse con autonomía, dignidad y sin estigmas.
Qué hace falta para garantizar derechos y seguridad
Se requieren múltiples acciones para que la violencia contra los y las trabajadoras sexuales pare, pero lo que es más cercano y urgente, según Zoila Angulo, “es tomar conciencia de que el trabajo sexual es un trabajo”, que se realiza desde la antigüedad y que quienes lo realizan tienen derechos. Angulo resalta que muchas de las trabajadoras sexuales son madres que sostienen economicamente a sus familias y enfatiza: “El trabajo sexual es algo que va a seguir siempre”.
Desde su perspectiva, Diane Rodríguez sostiene que, para frenar la violencia contra las trabajadoras sexuales, se necesita sensibilización a través de campañas permanentes para prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual, prohibir la criminalización del ejercicio del trabajo sexual y posicionar que el trabajo sexual es un derecho. Rodríguez añade: “Si el propio Estado no envía un mensaje a la ciudadanía, no va a haber un cambio cultural”.