Hablar de la situación carcelaria en Ecuador es un tema crítico y complejo que muchos no deciden hablar. Pero es hora de levantar la voz y hacer respetar los derechos de las personas privadas de libertad (PPLS), pues a lo largo de los años el sistema penitenciario enfrenta desafíos significativos, como el hacinamiento, la corrupción, la violencia entre bandas, falta de infraestructura adecuada y un verdadero modelo de rehabilitación.
¿Qué sucede en el sistema carcelario en el Ecuador?
La situación en el sistema carcelario del país es crítica:
- Desde 2018 se han registrado asesinatos en centros penitenciarios, lo que evidencia el deterioro estructural del sistema.
- Si hablamos de hacinamiento, la crisis, en números, es más de 40.000 personas privadas de libertad en cárceles con capacidad de 30.000.
- Además, la violencia entre bandas entre 2018 y 2023 más de 680 personas asesinadas en masacres carcelarias, donde la investigación dio a conocer la corrupción institucional, funcionarios involucrados en actividades ilícitas. Por muchos cambios de directores carcelarios que realizaba el gobierno, no había ningún cambio positivo, ya que eran siempre amenazados por las bandas. Muchos de ellos dejaron el cargo y otros, asesinados.
Los militares ecuatorianos tomaron el control de las cárceles en enero del 2024, después de que el presidente Daniel Noboa declarara el “conflicto armado interno” y ordenara la ejecución de acciones militares para neutralizar a grupos narco delictivos. Tuvieron el control total de todas las cárceles donde con el pretexto de allanamientos “RAQUETA” destruyeron paredes, suelo y colchones, hicieron una limpieza total donde los más afectados fueron las personas más vulnerables dentro de las prisiones como es la población de privados de libertad LGBTIq+.
Debemos recordar que, estadísticamente, las mujeres Trans LGBI van al sistema carcelario por ser parte de un círculo de violencia y criminalización por ejercer el trabajo sexual. Estas son llevadas a prisiones con sentencia mínima donde son abandonadas por sus familias y son víctimas del sistema carcelario, funcionarios, estado y gobierno.
Los PPLS quedaron sin nada en las celdas (ropa, colchones, utensilios de aseo y limpieza), tras varios días de revisión de las cárceles. Días tras días salían volquetes llenas de todas las cosas de los ppls, a las afueras de las cárceles se encontraban los familiares haciendo huelgas donde realizaron denuncias a nivel nacional donde estuvo las Organizaciones Sociales, la Fundación Civil Vivir Libre, Comité de Mujeres, Comité de familias de PPLS ,Defensoría del Pueblo ,CDH (Comité de Derechos Humanos), donde exigían los derechos de los PPLS ya que se encontraban durmiendo en el cemento sin ropa y tenían varios días sin su alimentación.
Esto significa que a la fecha, los militares han estado a cargo de las cárceles durante aproximadamente 2 años 2 meses. Sin embargo, es importante destacar que la presencia militar en las cárceles ha sido gradual. Donde pensaron que era una solución, al inicio las bandas parecían bajo control, pero aquello derivó en torturas, violaciones y malos tratos. No hubo un cambio real. Al contrario, los militares terminaron involucrados en las mismas dinámicas de extorsión, ha empeorado las condiciones de vida de los reclusos, con denuncias de torturas, maltratos y extorsión.
La situación sigue siendo un desafío para el gobierno ecuatoriano, que busca encontrar soluciones para mejorar la seguridad y las condiciones de vida de las cárceles. De hecho, el gobierno ha anunciado planes para mejorar la infraestructura carcelaria y aumentar la seguridad, y se han creado nuevas cárceles de máxima seguridad, como la Cárcel del Encuentro.
La comunidad LGBTIQ+ en cárceles: Realidad y Desafíos
La comunidad LGBTIQ+ en cárceles enfrenta desafíos, incluyendo la discriminación, la misoginia, el machismo, la homofobia y el odio carcelario. Aquí existe la negación de servicios y beneficios por orientación sexual, expresión o identidad de género. A diario sufren violencia y acoso físicos, verbales y psicológicos por parte de reclusos y funcionarios, la falta de acceso a la atención médica, dificultad para acceder a tratamientos y atención especializada como el VIH/SIDA, tuberculosis y otras enfermedades de Transmisión Sexual hasta llegar al aislamiento, lo que puede empeorar la salud mental.
La Fundación Civil Vivir Libre informa que dentro de la población carcelaria el 80 % de personas LGBTIQ+ viven con VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
A diario nos llegan denuncias a nuestra oficina de la Fundación Civil Vivir Libre suplicando ayuda. Los denunciantes informan que, a pesar de la crisis de salud tras la epidemia de tuberculosis con un promedio de 3 a 6 fallecimientos diarios en las prisiones, la penitenciaria del litoral es una de las cárceles más afectadas, con un 77.89% de las muertes por tuberculosis.
Existe también una pésima y mala alimentación, lo que conlleva a una desnutrición crónica que debilita el sistema inmunológico, haciendo más difícil combatir la enfermedad en todas las cárceles del Ecuador.
Como claro ejemplo, notificamos y denunciamos que autoridades penitenciarias toman como medidas disciplinarias actos de violencia psicológicas y físicas, llegando a torturar a 49 privados de libertad pertenecientes a la población carcelaria diversa que se encuentra dentro del centro de rehabilitación social Regional Nro. 4 GUAYAS Zonal 8 Pabellón A - Ala 2 (prioritaria). Esta carece de lo fundamental para la vida humana como es: la falta de agua potable, atención médica, alimentación, así como la falta de un verdadero modelo de rehabilitación a la población LGBTI carcelaria.
La falta de información y educación sexo genérica provoca que los funcionarios ejerzan abuso de poder, tortura psicológica y físicas, así como otras prácticas de violencia hacia la población TRANS-LGBI carcelaria, obligando a usar vestimenta masculina, recibir malos tratos, insultos, comer en los patios, y mala alimentación.
Recordemos que la Constitución de la República del Ecuador, en los Art. 51.-1.2.3.4.5.6.7. 66,201 llama a garantizar los derechos humanos a personas privadas de libertad y con más énfasis a población LGBTI por la doble vulneración dentro de los recintos carcelarios, mismos PPLS (Privados de Libertad) que se encuentran dentro del programa (P.A.P.) por diferentes problemáticas, tanto de salud como por seguridad e integridad por su expresión e identidad de género.
La precarización del sistema carcelario, en primera persona
Desde la Fundación se realizó una entrevista a una compañera ex privada de libertad, “Paola Palma”, donde nos relató toda la tortura que ella enfrentó dentro del sistema carcelario.
En pocas palabras: “un (infierno), desde que di el primer paso dentro de la cárcel, los guías junto a presos me humillaron, me despojaron de todo, me golpearon, me torturaron hasta llegar a la vi*lación. Como me quedé sola (sin familia), tuve que sobrevivir cada día porque siempre me decía en mente que aquí no iba a morir. Tuve que ejercer el trabajo sexual dentro de la cárcel con guías, funcionarios y hasta ppls para poder tener algo de utensilios de aseo o hasta algo de comer (galletas, pan, jugo, etc.…). Como no se maneja dinero dentro de la cárcel, se hacía el famoso “cambiazo” que obviamente a mí me convenía, ya que tenía que tener mis cosas, también realizaba cortes de cabello, lavaba ropa de otros presos y de los caporales (jefe de pabellón)”, relata.
Asimismo, explica que “por parte de los guías siempre sufrí violencia tanto física, verbal y psicológica ya que siempre me trataban como hombre, aun ellos observando que físicamente soy una mujer. Teniendo el conocimiento que tengo de biopolímeros, ellos me agredían hasta dejarme tirada en el suelo. No solo yo viví esta tortura, mis otras compañeras también fueron torturadas, mutiladas, nos hacían comer en el suelo y con la mano, nos trataban peor que un animal.”
“Antes de salir en libertad, también sufrí violencia ya que mi papeleta de libertad nunca llego el día que era y ya me habían cambiado de celda y la alimentación que uno recibe es por listado, yo estuve sin comer 3 días, ni porque supliqué que me regresaran al pabellón donde estaba no quisieron, hasta que pude salir de ese infierno. Al salir no tenía donde ir, ya que mi familia no es de Guayaquil, pero ya contaba con información de la KSA TRANS, refugio y albergue “dejando huellas” donde ellos me recibieron y me dieron un espacio donde vivir y hasta el día de hoy sigo viviendo.
“En la actualidad formo parte de la directiva de la Fundación Civil Vivir Libre donde hoy en día ayudo a otras compañeras privadas y ex privadas de libertad a que ellas no pasen por todo lo que yo viví. Por ese motivo exigimos al estado de turno que se respeten todos nuestros derechos”, finaliza.
La importancia de tejer redes: la Fundación Civil Vivir Libre
La Fundación Civil Vivir Libre es una organización sin fines de lucro que ha estado trabajando en Ecuador durante 12 años para ayudar a las personas privadas de libertad, ex privadas de libertad y sus familias.
En Guayaquil ha capacitado a más de 200 personas del colectivo LGBTIQ+ con un 60% mujeres Trans, 20%, Gays 15% lesbianas y 5% bisexuales.
A través de la “reinserción positiva y permanente”, la fundación ofrece servicios como capacitación y educación brindando talleres de valores, principios, finanzas y emprendimientos para ayudar a las personas ex privadas de libertad a desarrollar habilidades y encontrar empleo y que puedan llevar una vida digna.
Algunos de los derechos específicos de las personas privadas de libertad incluyen: no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria, comunicarse con familiares y profesionales del derecho, recibir atención médica y alimentación adecuada, tener acceso a educación y trabajo y ser tratados con dignidad y respeto.
Es importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido recomendaciones para mejorar la situación de las personas privadas de libertad en Ecuador, incluyendo la implementación de políticas para prevenir la violencia y garantizar la reinserción social.
Es importante abordar esta crisis sanitaria para proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad y prevenir la propagación de la enfermedad en la comunidad, requiere un enfoque integral y colaborativo entre el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional.
Es hora de que el estado asuma su responsabilidad y trabaje para transformar las cárceles en lugares de rehabilitación y reinserción social. La dignidad humana no puede esperar.