Desde finales de 2025 y durante los primeros meses de 2026, países como Australia, Inglaterra, Francia y Dinamarca han puesto en vigor leyes y acuerdos que restringen el acceso de menores de 16 años a ciertos sitios web, aplicaciones de citas y redes sociales. Estas medidas obligan a las plataformas a verificar la edad de los usuarios; de no hacerlo, pueden enfrentar sanciones económicas significativas.
En el caso de Inglaterra, por ejemplo, el incumplimiento podría derivar en multas de hasta el 10% de los ingresos globales del sitio web. Sin embargo, persiste el debate sobre la efectividad de estas leyes: mientras algunos sostienen que protegen a los adolescentes de los riesgos en línea, otros advierten que podrían empujarlos a buscar vías alternativas potencialmente más inseguras para acceder a internet.
En Ecuador, la regulación en este ámbito todavía es limitada. No existen leyes que restrinjan el uso de internet por edad ni que sancionen a sitios web por el contenido que difunden. No obstante, la ciberseguridad comienza a posicionarse como un tema prioritario dentro de la agenda pública.
Ley de Ciberseguridad ecuatoriana: ¿qué establece?
El 11 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad, que reforma normativas como la Ley de Transformación Digital, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley de Protección de Datos. El documento deberá pasar ahora a revisión presidencial para su aprobación o veto. Es muy probable que sea aprobada, ya que la propuesta fue trabajada por varios legisladores del partido político oficialista.
Según el texto, la normativa busca “dotar al Estado ecuatoriano de una arquitectura moderna y eficaz que refuerce su capacidad para enfrentar amenazas cibernéticas, proteger activos digitales estratégicos y consolidar un ecosistema digital confiable, soberano y resiliente”. Según los legisladores, el proyecto fue construido con base en estándares y buenas prácticas internacionales. En este ámbito, Ecuador se ha apoyado en las políticas europeas, según se declara en la justificación del documento.
La urgencia de este marco legal responde a antecedentes recientes: ataque cibernético a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), ataques a sitios web de entidades bancarias, ambos hechos suscitados en 2021 y la vulnerabilidad detectada en la página del Registro Civil en 2025 evidencian la necesidad de reglas más claras para prevenir delitos informáticos.
Así como el avance del crimen organizado en el país, de acuerdo con Inés Alarcón, legisladora ponente, los grupos de crimen organizado reclutan a los menores de edad a través de medios tecnológicos. Actualmente, el país enfrenta altos niveles de criminalidad por la disputa de territorios para el narcotráfico.
El proyecto también destaca la importancia de la educación digital para ciudadanos de todas las edades, con énfasis en niños, adolescentes y jóvenes dentro del sistema educativo.
Acceso de menores a páginas de adultos: un vacío normativo
Actualmente, Ecuador no cuenta con leyes que restrinjan el acceso de adolescentes a redes sociales, aplicaciones de citas o páginas de contenido erótico.
El analista de sistemas Mateo Peñaherrera explica que en el país, los sitios web suelen incluir un aviso para que el usuario confirme ser mayor de 18 años. No obstante, compara este mecanismo con “cruzar una puerta de rejas bajas”, ya que puede evadirse con facilidad.
La ausencia de una normativa robusta deja a los menores de edad expuestos a riesgos como extorsión, amenazas o grooming. En la práctica, señala Peñaherra, la legislación ecuatoriana deposita gran parte de la responsabilidad en el usuario y en la ética de quienes administran las plataformas.
“En Ecuador no hay un mecanismo tecnológico o legal que restrinja al emisor mostrar su contenido ni al usuario acceder a él”, afirma Peñaherra.
Por su parte, Ricardo Chica, coordinador de Derechos Digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, considera legítimas las restricciones a menores, pero advierte que cualquier medida debe garantizar la protección de datos personales. Subraya que, plataformas que exijan escaneo de documentos, reconocimiento facial o autenticación biométrica, deben contar con sistemas altamente seguros para evitar filtraciones.
Protección de datos: avances y desafíos
Desde mayo de 2021 está vigente la Ley de Protección de Datos, que reconoce el derecho de las personas a controlar su información personal almacenada por instituciones públicas y privadas. Esta normativa dio paso a la creación de la Superintendencia de Protección de Datos, operativa desde 2024-2025.
Pese al avance institucional, persisten dudas sobre su capacidad técnica. Chica señala que, a diferencia del contexto europeo, en Ecuador aún no se realizan auditorías sistemáticas para proteger a los usuarios, lo que revela una brecha tanto en infraestructura como en conocimiento ciudadano sobre derechos digitales.
Un ejemplo de estas vulnerabilidades ocurrió en abril de 2025, cuando se detectó una falla en la web del Registro Civil que permitía acceder a datos sensibles como números telefónicos y correos electrónicos mediante la opción “olvidé mi contraseña”.
Por otro lado, también está vigente la Ley Orgánica Reformatoria del COIP para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos. Así como el Código Orgánico Integral Penal que contempla la sanción de ciberdelitos como el acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones, oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos o pornografía infantil.
Educación digital: ¿más efectiva que la prohibición?
Diversos especialistas coinciden en que la prohibición, por sí sola, no es suficiente para reducir los delitos informáticos. La educación y la alfabetización digital aparecen como estrategias más sostenibles.
En diciembre de 2025, Unicef advirtió que “las restricciones por sí solas no garantizan la seguridad de la infancia y la adolescencia en Internet”. Aunque pueden representar un avance, también podrían incentivar el uso de plataformas menos reguladas.
Hasta 2025, el 71,3% de hogares ecuatorianos tenía acceso a internet, pero una parte significativa de la población aún desconoce cómo navegar de forma segura o prevenir estafas, suplantación de identidad y acoso digital.
La nueva ley prevé campañas de sensibilización y programas de capacitación para fortalecer la seguridad en el ciberespacio, con especial atención a grupos vulnerables. Asimismo, plantea que el sistema educativo promueva habilidades de prevención de riesgos digitales y resguarde la integridad física, psicológica y emocional de los estudiantes.
Durante el debate legislativo, la experta en ciberseguridad Lucía Posso Naranjo enfatizó que no basta con desarrollar infraestructura tecnológica: también es necesario preparar a la población para habitar el entorno digital de manera segura, ética y responsable.
El desarrollador sueco, radicado en Ecuador, Ola Bini coincidió en que el país debe apostar por la educación en ciberseguridad, la colaboración público-privada y la protección integral de los sistemas, evitando “puertas traseras” que podrían generar más vulnerabilidades.
Es decir, Ecuador necesita transparencia al momento de regular el ciberespacio, en caso contrario, los únicos afectados serán los usuarios.
Ricardo Chica hace énfasis en la educación digital, esto tiene que ver con la necesidad de acompañamiento familiar al momento de usar Internet, que se lo haga de manera moral, coherente en base a la edad y el cumplimiento estricto de la protección de datos. Así no se necesitarían restricciones o prohibiciones.
Efectos e interrogantes de la nueva ley
Aún no está claro cuál será el impacto real de la nueva normativa sobre la protección de datos y el acceso a los espacios digitales. En todo caso, si se implementa de manera responsable, podría fortalecer la seguridad del Estado frente a delitos cibernéticos. También podría robustecer la protección a quienes ejercen el trabajo sexual a través de plataformas digitales o redes sociales, pues se cuidarían más y mejor sus datos personales y su huella digital, pero en un caso hipotético que no sea así, la actividad como un derecho se podría confundir como un delito, y se perjudicaría a las y los trabajadores que lo ejercen de manera voluntaria y autónoma, quienes dependen de estas actividades para subsistir.
Más allá de la creación de nuevas leyes, el desafío para Ecuador radica en equilibrar regulación, derechos digitales y libertad en el entorno virtual. La experiencia internacional demuestra que las restricciones tecnológicas no son infalibles y que la seguridad depende, en gran medida, de ciudadanos informados y de instituciones capaces de proteger sus datos.
En este contexto, la educación digital debe ser una política estratégica para formar usuarios críticos, conscientes de los riesgos y responsables de su huella digital podría resultar más efectivo que cualquier barrera tecnológica. El debate, por tanto, no debería centrarse únicamente en cuánto regular internet, sino en cómo construir una cultura digital que permita habitarlo con seguridad sin sacrificar derechos.