Hablar de trabajo sexual en Ecuador implica hacer referencia a los centros de tolerancia, un sistema con poco más de 100 años de historia. Con este, se buscaba proteger la salud pública frente a las enfermedades de transmisión sexual, además de establecer un control sobre una actividad hasta entonces clandestina.
Con el paso del tiempo, este modelo se extendió hacia otras ciudades del país, y marcando una diferencia con los países vecinos. Así, el Estado asumió un rol regulador, centrándose en el control sanitario y en la prevención de la explotación. Y, sin embargo, este sistema no está exento de controversias, pues su eficacia y su impacto sobre los derechos de las trabajadoras sexuales continúan debatiéndose.
De los burdeles a los centros de tolerancia: una historia de regulación
El sistema que regula actualmente el trabajo sexual en Ecuador es el resultado de un largo proceso histórico que combinó moral, salud y control.
En ese entonces, la prostitución era vista como una realidad inevitable a la vez que peligrosa a nivel sanitario. Es por ello que las autoridades buscaron un modo que permitiera supervisarla sin prohibirla.
Los orígenes: Quito, 1921
Hace cien años, las autoridades de Quito aprobaron las primeras disposiciones para controlar los burdeles en la ciudad. La normativa exigía la inscripción de las mujeres que se dedicaban al sexo de pago y la presentación periódica de certificados médicos. Este sistema respondía a las preocupaciones de salud pública vinculadas con la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual de ese entonces.
Cambios en el siglo XX
Durante la segunda mitad del siglo XX, el modelo que empezó en Quito fue adoptado por otras ciudades del país. La regulación pasó a tener un enfoque puramente sanitario, manteniendo la exigencia de los registros sanitarios. Sin embargo, las condiciones laborales y sociales de las trabajadoras sexuales continuaron marcadas por el estigma y la exclusión.
El sistema actual
En la actualidad, el funcionamiento de los centros de tolerancia está bajo autorización municipal y supervisión sanitaria. Por lo tanto, en estos espacios, las autoridades controlan las condiciones higiénicas de los locales y los certificados médicos de las trabajadoras.
Por otro lado, cada ciudad define sus propias zonas y requisitos, lo que genera cierta heterogeneidad en la aplicación de las normas. Además, hay municipios que han implementado programas de salud sexual y reproductiva, mientras que otros mantienen sistemas de control más restrictivos.
¿Qué leyes actuales regulan el trabajo sexual en Ecuador?
Con la instauración de los centros de tolerancia, el trabajo sexual en Ecuador no constituye delito cuando es voluntario y ejercido por personas mayores de 18 años. Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona conductas relacionadas con la trata de personas, la explotación sexual y el proxenetismo. Por lo tanto, cuando hay intervención coercitiva o lucrativa de terceros.
“El trabajo sexual ejercido por personas adultas no es considerado delito en Ecuador. La infracción se configura únicamente cuando existe explotación o coerción.” Código Orgánico Integral Penal (COIP), artículos 91 y 92.
Como hemos mencionado anteriormente, los municipios tienen las competencias para regular estos espacios. Esto implica emitir licencias para los centros y hacer controles sanitarios. Por su lado, las trabajadoras sexuales registradas deben someterse a revisiones médicas periódicas y portar un carné sanitario que expide el Ministerio de Salud Pública (MSP), acreditando así su participación en este sistema formal.
Así, si bien este modelo busca proteger la salud pública y ofrecer seguridad, también genera tensiones respecto a la privacidad y autonomía de las trabajadoras sexuales, ya que el registro obligatorio puede derivar en estigmatización, señalamiento y exclusión social.
¿Qué efectos tiene el sistema ecuatoriano en la salud pública?
Este modelo ha tenido efectos tanto a nivel de gestión sanitaria como de política pública. Las medidas de control sanitario, que implican la emisión de carnés y la oferta de servicios médicos gratuitos en centros urbanos, han permitido hacer un seguimiento más sistemático de las ETS.
Sin embargo, un estudio sobre derechos laborales y sanitarios de las trabajadoras sexuales señala que, aunque se exige un chequeo médico para ejercer, muchas desconocen los programas de atención disponibles, percibiendo una brecha entre las normas y su implementación real. Esto lleva a pensar que la efectividad del modelo depende de los recursos locales y de la accesibilidad a los servicios sanitarios.
Por otro lado, hay informes epidemiológicos del MSP sobre VIH e ITS que confirman que las trabajadoras sexuales son una población prioritaria en los programas de prevención, pero no hay comparaciones entre las que están registradas y las que no. Esto significa que no hay datos oficiales disponibles que demuestren que la cobertura sanitaria sea superior entre las registradas. Sin embargo, sí que hay consenso en que los controles voluntarios y la atención gratuita han contribuido a mejorar la detección temprana y el acceso a tratamientos.
Algunos debates y desafíos que hay sobre la mesa
El desafío más importante que presenta el modelo actual está en encontrar un equilibrio entre salud pública, derechos humanos y autonomía. Si bien es cierto que esta regulación ha permitido avanzar a nivel sanitario, muchas personas del colectivo y afines critican que el sistema sigue priorizando el control sobre el reconocimiento de los derechos laborales y sociales.
Asimismo, la diversificación del trabajo sexual y la digitalización presentan nuevos retos. Si bien las plataformas en línea como SimpleEscort Ecuador ofrecen más autonomía y seguridad a las personas del colectivo, se quedan fuera de las normas diseñadas para los centros de tolerancia. Por lo tanto, sería necesaria una actualización de las políticas públicas que contemple todos los escenarios y reconozca la diversidad de contextos en los que se ejerce la actividad.
Así, a más de un siglo del inicio de la regulación en Quito, el país enfrenta el reto de adaptar su modelo a una sociedad cambiante, donde la vigilancia sanitaria conviva con políticas que fomenten la autonomía, la seguridad y la inclusión de las personas que se dedican al sexo de pago dentro de un marco de los derechos humanos.
Ecuador y Colombia: ¿dos sistemas similares?
Si en Ecuador existen los centros de tolerancia, en Colombia hay las zonas de tolerancia. Ambos son un modelo de regulación del trabajo sexual que combina legalidad con control sanitario y ordenamiento urbano. Además, en los dos países, las autoridades locales tienen la potestad de definir zonas específicas donde puede desarrollarse la actividad. Sin embargo, existen diferencias notables en la aplicación de las normas.
En Ecuador, el énfasis recae en los controles médicos y en el registro sanitario obligatorio administrado por el Ministerio de Salud Pública. En cambio, en Colombia la regulación depende principalmente de los municipios, que delimitan zonas específicas y dictan condiciones urbanísticas para su funcionamiento. Además, Colombia cuenta con un marco jurisprudencial más robusto.
En la práctica, ambos modelos enfrentan desafíos similares: estigmas, vulnerabilidad, precariedad, desigualdad en el acceso a la salud y contextos de explotación. No obstante, su implementación demuestra que la regulación puede ser una herramienta útil para reducir daños. Eso sí, siempre que se complemente con políticas sociales y de derechos humanos que garanticen la autonomía y la seguridad de las personas involucradas.