En noviembre de 2025, el Municipio de Quito publicó el Plan Integral de Regularización de la actividad que realizan las trabajadoras sexuales en el Centro Histórico. Este documento se trata de una medida de reparación derivada de una acción de protección presentada a favor de mujeres, hombres y personas diversas que ejercen el trabajo sexual en esta zona de la capital ecuatoriana.
El Centro Histórico de Quito, reconocido por su valor patrimonial y su alta afluencia de turistas nacionales y extranjeros, ha sido también, históricamente, un espacio donde se desarrolla el trabajo sexual. Esta coexistencia ha generado tensiones entre distintos actores: residentes, autoridades, comerciantes y quienes ejercen esta actividad. En ese contexto, el plan aparece como un intento de ordenar, regular y, sobre todo, reconocer una realidad que ha sido durante años invisibilizada o abordada únicamente desde el control y la sanción.
La acción de protección que dio origen a este plan fue impulsada por organizaciones sociales ante la constante criminalización y persecución contra las trabajadoras sexuales en el sector. Según se argumentó en ese recurso, estas prácticas vulneraban su derecho al trabajo, al impedirles ejercer su actividad en condiciones dignas y seguras. A partir de esa decisión judicial, el Municipio fue obligado a frenar esas prácticas y debía realizar el plan como una acción concreta para garantizar derechos.
En ese marco, el plan establece que el Municipio debe identificar y habilitar espacios adecuados dentro de la ciudad para el ejercicio del trabajo sexual. Además, el documento propone una intervención integral que combina regulación urbana, acceso a servicios y políticas sociales.
Un diagnóstico basado en datos
Para la elaboración del plan, el Municipio realizó un levantamiento de información que permitió caracterizar a la población que ejerce el trabajo sexual en el Centro Histórico.
Se identificaron 289 trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres adultas. La distribución por edades muestra que el 45% tiene entre 30 y 44 años, mientras que el 40% se encuentra entre los 45 y 64 años. Solo el 13% corresponde a jóvenes entre 18 y 29 años, y un 2% supera los 65 años.
Este último grupo refleja una situación de especial vulnerabilidad, asociada tanto a la edad como a las condiciones de trabajo.
El diagnóstico también evidencia que, además de mujeres, participan personas de la diversidad sexual y hombres cisgénero. Asimismo, confirma que en al menos el 90% de los casos, las trabajadoras sexuales son jefas de hogar y principales proveedoras económicas.
Estos datos permiten dimensionar el impacto social de la actividad y refuerzan la necesidad de políticas públicas que protejan a las trabajadoras.
Un proceso de construcción con múltiples actores
En su construcción intervinieron autoridades municipales, trabajadoras sexuales, residentes del Centro Histórico y representantes de unidades educativas públicas y privadas de la zona. Esta diversidad de voces responde a la necesidad de abordar un fenómeno complejo, que no puede entenderse únicamente desde una perspectiva normativa o de control del espacio público.
La inclusión de trabajadoras sexuales en el proceso de diseño es, en particular, un elemento relevante. Históricamente, las políticas relacionadas con esta actividad han sido construidas sin la participación directa de quienes la ejercen, lo que ha derivado en medidas poco efectivas o incluso contraproducentes. En este caso, el plan intenta incorporar sus experiencias, necesidades y demandas.
Además, el documento establece que, tras su implementación, se conformará un comité de seguimiento encargado de evaluar su cumplimiento. Este espacio permitirá realizar ajustes, medir impactos y verificar si las acciones propuestas se traducen en cambios concretos. El horizonte temporal fijado para observar resultados es diciembre de 2027, lo que implica un proceso de mediano plazo que requerirá continuidad institucional.
Aunque el plan tiene como ámbito principal el Centro Histórico, su alcance pretende ir más allá. El documento reconoce que el trabajo sexual no se limita a esta zona y que existen otras áreas de la ciudad donde se desarrolla en condiciones similares o incluso más precarias.
Por ello, se plantea que las acciones y estándares definidos —especialmente en materia de seguridad, higiene y salud— puedan replicarse en otros sectores de Quito. Esto involucra la coordinación entre distintas dependencias municipales.
En este sentido, el plan busca resolver una problemática localizada y caminar hacia una política pública más amplia sobre el trabajo sexual en la ciudad.
El enfoque de derechos como eje central
A diferencia de intervenciones anteriores, centradas principalmente en el control del espacio público o la sanción, este documento plantea una mirada basada en los derechos humanos, un aspecto muy innovador para alcanzar sociedades más justas.
El objetivo es regular y garantizar condiciones dignas para quienes ejercen el trabajo sexual. Por lo que se reconoce que se trata de una actividad que, aunque controversial, constituye el sustento económico de muchas personas y sus familias.
El plan plantea explícitamente la necesidad de avanzar hacia la desestigmatización social del trabajo sexual. Esto supone un cambio cultural importante, en una sociedad donde esta actividad ha estado históricamente asociada a prejuicios, discriminación y violencia.
Asimismo, se enfatiza que quienes ejercen el trabajo sexual de manera voluntaria —personas mayores de 18 años con capacidad legal— deben ser reconocidas como sujetas de derechos. Este reconocimiento abarca la garantía de acceso a servicios, protección frente a la violencia y condiciones laborales mínimas.
Tres ejes para la intervención: seguridad, higiene y salud
El plan se estructura en torno a tres ejes principales que buscan abordar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sexual.
Seguridad
Este componente está orientado a garantizar la convivencia en el espacio público y reducir los riesgos asociados a la actividad. Para ello, se articula con la Estrategia de Cuidado del Centro Histórico, liderada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos.
Las acciones incluyen patrullajes preventivos, presencia institucional y mecanismos de respuesta ante situaciones de violencia o emergencia. El enfoque busca equilibrar la necesidad de orden urbano con la protección de las trabajadoras sexuales, evitando prácticas de persecución o criminalización.
Higiene
El eje de higiene regula los espacios donde se ejerce el trabajo sexual, como hostales, residencias o inmuebles destinados a esta actividad. Estos lugares deberán contar con una licencia de actividad económica específica y cumplir condiciones mínimas de salubridad.
Entre los requisitos establecidos se incluyen la disponibilidad de agua permanente, camas con protección impermeable, dispensadores de jabón, desinfectantes, papel higiénico, preservativos y lubricantes, así como la instalación de botones de emergencia en cada habitación.
También se exige la existencia de servicios de lavandería o sistemas de limpieza adecuados. Estas condiciones buscan garantizar entornos dignos y reducir riesgos sanitarios tanto para las trabajadoras sexuales como para los usuarios.
Además, el plan establece que en estos espacios no se podrá vender alcohol ni sustancias estupefacientes, una medida orientada a reducir situaciones de vulnerabilidad y violencia.
Salud
El componente de salud contempla el acceso a atención integral para las trabajadoras sexuales y sus familias. Las trabajadoras sexuales y sus familiares podrán acceder a chequeos médicos, acceso a métodos de prevención, atención en salud mental y programas de prevención de violencia de género en los centros de salud metropolitanos.
El Municipio se compromete a facilitar el acceso a preservativos, realizar campañas de información y garantizar servicios especializados cuando sea necesario. Este enfoque reconoce los riesgos específicos asociados a la actividad, como infecciones de transmisión sexual, embarazos no planificados y afectaciones psicológicas.
Regularizar sin excluir
El plan tiene dos partes fundamentales: la regulación de la actividad y la garantía de derechos sociales.
En el ámbito de la regulación, uno de los avances más relevantes es la creación de una categoría económica específica: el “arrendamiento temporal de bienes inmuebles para servicios de trabajo sexual”. Esta figura permite formalizar los espacios donde se desarrolla la actividad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
La existencia de esta categoría representa un cambio importante, ya que reduce la discrecionalidad en los controles y limita la posibilidad de clausuras arbitrarias. En teoría, los establecimientos que cumplan con la normativa no deberían ser objeto de sanciones.
Además, el plan establece mecanismos de control que buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones de funcionamiento, sin caer en prácticas punitivas. Por lo que se plantea, que las trabajadoras sexuales se identifiquen con un carnet, muchas pertenecen a organizaciones sociales como la “Asociación para un futuro mejor”, “Visión para el futuro” o “Unidas por nuestros derechos”.
Más allá del espacio físico: políticas sociales
El segundo eje del plan se enfoca en el acceso a derechos y en la mejora de las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales y sus familias.
Entre las medidas contempladas se incluyen programas de educación, acceso a becas, capacitación laboral y fortalecimiento de habilidades. Estas acciones buscan ampliar las oportunidades y reducir la dependencia económica del trabajo sexual para quienes deseen explorar otras alternativas.
El plan también contempla el acceso a servicios de salud integral, incluyendo atención en salud mental, programas de prevención de adicciones y acompañamiento en situaciones de violencia.
En el ámbito de la protección social, se prevé el acceso a centros de acogida, atención a hijos e hijas, apoyo a mujeres embarazadas y programas de rehabilitación para personas con problemas de consumo de sustancias y rehabilitación física o prevención de discapacidades.
Además, se plantea la posibilidad de acceder a recursos para emprendimientos y proyectos productivos, lo que podría facilitar procesos de transición hacia otras actividades económicas.
Muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual han sido afectadas por la violencia estructural de sus países, por lo que no han tenido oportunidades para acceder a la educación formal que les permita ampliar su campo laboral. A través del plan, el Municipio se compromete a queda tengan más posibilidades a obtener ayudas o becas para estudios formales y facilidades para inscribirse a instituciones educativas y avanzar en sus estudios.
De esta forma se puede decir que el Plan Integral de Regularización del trabajo sexual en el Centro Histórico de Quito representa un cambio significativo en la forma en que la ciudad aborda esta realidad. Deja atrás un enfoque centrado exclusivamente en el control y la sanción, para avanzar hacia una política que combina regulación, acceso a derechos y reconocimiento social.
Sin embargo, su impacto real dependerá de su implementación. La coordinación institucional, la asignación de recursos y la voluntad política serán determinantes para que las medidas propuestas se traduzcan en mejoras concretas.
El desafío es tratar de equilibrar la gestión del espacio público con la garantía de derechos de una población históricamente marginada. En ese equilibrio se pone a prueba la capacidad de la ciudad para construir una política más inclusiva, que reconozca la complejidad del trabajo sexual sin recurrir a la exclusión.
También se pone a prueba la capacidad de la sociedad quiteña para cambiar su mirada sobre el trabajo sexual y pasar del rechazo y la estigmatización hacia una comprensión basada en el respeto, reconociéndolo como un derecho.