El 17 de octubre, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, más de 50.000 trabajadoras sexuales ecuatorianas siguen sin un censo oficial, sin reconocimiento como actividad laboral y, según el último informe de CARE Ecuador, la mayoría cobrando menos del salario básico.
La pobreza por ingresos en Ecuador se ubicó en el 21,4% de la población en diciembre de 2025, según el Boletín técnico de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); el 8,3% vive en pobreza extrema, con ingresos por debajo de los 52,07 dólares mensuales per cápita. Si se mide de forma multidimensional (incluyendo acceso a salud, educación, vivienda y trabajo digno, no solo ingresos), la cifra se duplica: más de cuatro de cada diez ecuatorianos viven en situación de pobreza.
Un sector sin censo, pese a superar las 50.000 personas
En Ecuador el trabajo sexual es legal, pero no está reconocido como actividad laboral, lo que deja a quienes lo ejercen fuera de la seguridad social y de cualquier protección formal frente al impago, el abuso o la enfermedad. El país no cuenta con un censo, registro o estudio oficial actualizado sobre el sector, pese a que distintas investigaciones académicas estiman que supera las 50.000 personas.
La Fundación CARE Ecuador, en su informe sobre la situación de mujeres y personas que ejercen trabajo sexual en el país, encontró que más de la mitad de esta población percibe ingresos por debajo del salario básico unificado, y que el 79% trabaja en condiciones precarias e informales, sin reconocimiento legal ni respaldo estatal, lo que las expone a múltiples formas de violencia.
El vacío legal no es nuevo ni está cerca de resolverse. El Proyecto de Ley Orgánica que Dignifica el Trabajo Sexual, presentado por los asambleístas Ana Herrera, Fernando Cedeño, Gissela Garzón, Jorge Miranda y Viviana Veloz para reconocer el trabajo sexual como actividad económica con acceso efectivo a la seguridad social, lleva más de dos años estancado en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Nacional sin pasar a debate. El reclamo sigue en la calle: el 2 de junio de 2026, trabajadoras sexuales del Centro Histórico de Quito marcharon por el Día Internacional del Trabajo Sexual exigiendo su regulación real.
Cuando la pobreza ya no basta: la extorsión como segunda carga
Para una parte del sector, la precariedad económica no termina al conseguir trabajo: empieza una segunda extracción. Desde 2020, bandas vinculadas al crimen organizado cobran “vacunas” a trabajadoras sexuales trans en distintas ciudades de Ecuador, con montos que van de cuotas diarias de 5 dólares a pagos mensuales de hasta 500 u 800 dólares, a cambio de permitirles trabajar en el espacio público, según documentó GK y confirma un análisis académico de la Revista Andares (UASB) sobre la falta de debida diligencia estatal frente a estos casos.
La provincia de El Oro se ha consolidado como una de las zonas más peligrosas para el colectivo trans, con al menos cinco personas LGBTI+ asesinadas entre 2025 y 2026, según el Observatorio Runa Sipiy que dirige Diane Rodríguez, presidenta de la Asociación Silueta X.
Lo que dicen los datos propios de SimpleEscort
El análisis de comportamiento de la audiencia ecuatoriana de SimpleEscort, plataforma internacional de anuncios clasificados para adultos presente en 24 países, registró 221.555 sesiones y 129.287 usuarios activos procedentes de Ecuador durante agosto de 2026.
Quito concentra el 40,8% del tráfico geolocalizado (76.915 sesiones) y Guayaquil el 23,8% (44.934), pero el dato que rompe el mapa esperado es Puyo: con apenas 82.754 habitantes en todo su cantón (Censo 2022, INEC), genera casi tantas sesiones como Cayambe o Riobamba y más que capitales provinciales mucho más pobladas como Portoviejo, Loja o Machala.
Calculado por habitante, Puyo mueve 0,06 sesiones por persona en el mes, el doble que Quito (0,03) y el triple que Guayaquil (0,02): la demanda no crece solo con el tamaño de la ciudad, sino con la precariedad económica local.