La República Dominicana se proyecta ante el mundo como el corazón del turismo caribeño, un escaparate de playas paradisíacas y desarrollo económico sostenido que atrae a millones de visitantes de todo el mundo. Sin embargo, tras este brillo hay una de las industrias de servicios más robustas y, paradójicamente, más invisibilizadas de la región.
El trabajo sexual en territorio dominicano es una realidad que involucra a miles de personas y mueve importantes flujos de capital, pero que sobrevive en una "zona gris" jurídica que el Estado parece haber diseñado por omisión para mantener el control social sin asumir responsabilidades laborales. Esta situación se define técnicamente como alegalidad, un estado donde la actividad no está prohibida pero tampoco regulada.
A diferencia de modelos abolicionistas o prohibicionistas que criminalizan el intercambio, el sistema dominicano no tipifica los servicios sexuales entre adultos consintientes como un delito en su ordenamiento penal. No obstante, esta falta de prohibición no se traduce en libertad, sino en una orfandad de derechos que deja a las personas en un limbo absoluto. Así, al no existir una regulación que reconozca la actividad como un trabajo legítimo, lxs trabajadorxs sexuales quedan atrapados en un vacío donde no son criminales ante la ley, pero tampoco son ciudadanos con plenos derechos ante las instituciones públicas.
Esta ambigüedad estructural es el hilo conductor de una cadena de vulnerabilidades que van desde la exclusión financiera hasta la violencia institucional.
Marco legal actual: Qué dice (y qué calla) la ley dominicana
La Constitución de la República Dominicana declara en su Artículo 62 que el trabajo es un derecho, un deber y una función social bajo la protección del Estado. Bajo una interpretación progresista y técnica, cualquier actividad lícita que genere sustento debería estar bajo este paraguas de protección. Sin embargo, el estigma social y la presión de sectores conservadores han impedido que esta protección constitucional se materialice para el sector sexual, dejando a miles de mujeres en la desprotección total.
Asimismo, en el Código Penal Dominicano es donde la ambigüedad se vuelve más evidente. Aunque no sanciona el ejercicio individual, utiliza artículos sobre el proxenetismo y la "moral" para justificar intervenciones arbitrarias. Ante la falta de una ley clara que distinga el trabajo autónomo de la explotación, el sistema de justicia suele actuar bajo criterios morales en lugar de principios de derecho laboral. Así, el vacío legal no es una ausencia de normas, sino una presencia de normas contradictorias.
Derechos fundamentales vs. realidad cotidiana
Esta vulnerabilidad se manifiesta con mayor notoriedad en el acceso a la salud y la seguridad ciudadana. Si bien es cierto que cualquier residente tiene derecho a la asistencia médica, en la práctica el estigma actúa como una barrera para el colectivo.
Muchas trabajadoras sexuales evitan los hospitales públicos por temor a ser discriminadas por el personal sanitario al revelar su ocupación, lo que empuja a muchas a la automedicación o a la omisión, que ponen en riesgo su vida a largo plazo. Una realidad que se agrava con la adicción a ciertas sustancias, que suele ser habitual entre trabajadores del sexo.
Por otro lado, el punto donde el vacío legal duele más es en la relación con las fuerzas del orden, pues se dan detenciones en la vía pública que suelen terminar en extorsiones económicas o abusos a cambio de la libertad. Al no tener un estatus legal reconocido, la víctima sabe que su palabra carece de peso ante un sistema que no la reconoce como trabajadora legítima, lo que genera una cifra negra de delitos nunca denunciados.
El rol de las organizaciones y el colectivismo
Ante el silencio estatal, la resistencia la han liderado las propias trabajadoras organizadas, destacando el papel histórico de grupos como el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU). Su lucha no se limita a pedir el cese de las detenciones, sino que exige, de manera formal, ser incluidas en el sistema de seguridad social y que se les reconozca el derecho a la sindicalización.
Estas colectivas denuncian que la falta de regulación por parte del sistema las mantiene en la precarización, pues sin un carné de identidad laboral o un registro que las proteja, son invisibles para las estadísticas de empleo pero visibles para la represión policial.
Los otros desafíos: la trata de personas y la migración
Un punto de inflexión necesario es la correcta interpretación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. Al igual que en otros países, la diferencia entre trata y trabajo sexual voluntario se difumina, lo que agrava la situación de las personas que deciden ejercer libremente. Esto deriva en supuestos "operativos de rescate" que terminan vulnerando los derechos de mujeres autónomas a través de las incautaciones y revictimizándolas bajo el pretexto de una protección que ellas no han solicitado.
Por si fuera poco, este escenario se complica aún más con la migración, pues el país es hogar de miles de trabajadoras haitianas y venezolanas que enfrentan una triple exclusión: por su nacionalidad, su ocupación y su estatus migratorio irregular. Para ellas, el derecho a denunciar un abuso es inexistente, pues el riesgo de deportación está ahí.
La exclusión financiera
La falta de legalidad no solo afecta la integridad física; tiene un impacto directo en la inclusión financiera. En el país, las trabajadoras sexuales enfrentan barreras insuperables para abrir cuentas bancarias, acceder a créditos para vivienda o incluso inscribir a sus hijos en ciertos centros educativos debido al estigma social. Al no poder declarar sus ingresos como "lícitos" bajo una categoría laboral reconocida, se ven obligadas a permanecer en la informalidad financiera total.
Esta informalidad económica es lo que mantiene a muchas personas atrapadas en el ciclo de la pobreza. Sin acceso al crédito o al ahorro formal, es imposible construir un patrimonio o planificar un retiro digno, lo que obliga a las personas a extender su vida laboral mucho más allá de lo deseado por necesidad de subsistencia.
Tarea pendiente: una regulación con enfoque de Derechos Humanos
La actual situación de alegalidad en la República Dominicana requiere una revisión técnica que garantice la seguridad jurídica, pues el modelo de omisión legislativa no ha reducido la actividad, sino que ha fomentado un entorno de falta de control y precariedad. Por lo que una transición hacia un marco regulatorio permitiría establecer estándares de seguridad y salud claros, reduciendo el margen para la discrecionalidad policial.
La propuesta técnica hacia una regulación implica tres ejes fundamentales:
- Reconocimiento de la autonomía laboral: Establecer mecanismos para la cotización en la seguridad social.
- Capacitación en derechos humanos: Formación obligatoria para las fuerzas de seguridad y personal sanitario sobre protocolos de atención no discriminatorios.
- Diferenciación normativa: Clarificar en el Código Penal la frontera entre el ejercicio libre de la actividad y los delitos de trata y explotación.
Así, la adecuación del marco legal dominicano a los estándares internacionales de derechos humanos es una necesidad técnica para asegurar la transparencia institucional. Mientras persista el vacío normativo, el Estado carecerá de las herramientas necesarias para proteger eficazmente la integridad de sus ciudadanos y combatir con precisión las redes de criminalidad reales.