A pesar de haber disminuido la intensidad de la violencia desde el Acuerdo de Paz en 2016, Colombia vive, desde hace más de cinco décadas, un conflicto armado interno que ha dejado cicatrices en la sociedad y que ha golpeado con dureza a los grupos más vulnerables, siendo uno de ellos las trabajadoras sexuales.
Este colectivo ha tenido que enfrentarse no solo a la violencia, sino también a la pobreza, la extorsión y la exclusión institucional. Además, los estigmas sociales y la criminalización del trabajo sexual agravan la situación, impidiendo el acceso a servicios de salud, justicia y protección. Por lo tanto, las personas dedicadas al sexo de pago quedan atrapadas entre el miedo y la invisibilidad.
De hecho, organizaciones como la Defensoría del Pueblo y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) han documentado los impactos del conflicto sobre las mujeres que ejercen el trabajo sexual, señalando cómo muchas fueron víctimas de violencia sexual o utilizadas como instrumentos de control por parte de actores armados.
Es por ello que, en medio de este panorama de inestabilidad e inseguridad, la resiliencia y la organización colectiva se han convertido en herramientas fundamentales para la supervivencia y la defensa de los derechos humanos en este colectivo.
Los efectos del conflicto armado colombiano en el trabajo sexual
Para entender mejor este fenómeno y sus consecuencias, hay que remontarse a la década de los sesenta, cuando surgieron guerrillas como las FARC-EP y el ELN, nacidas de reivindicaciones políticas y sociales frente a la desigualdad rural. Sin embargo, con el paso del tiempo, parte de estos grupos comenzó a financiarse a través del narcotráfico, la minería ilegal y el secuestro, lo que reforzó su control territorial y extendió la violencia a nuevas regiones del país.
En ese contexto, los lugareños, las trabajadoras sexuales y tantos otros sectores civiles quedaron atrapados en medio del conflicto, siendo víctimas de amenazas, desplazamientos forzados, abusos sexuales y extorsiones. El trabajo sexual, ya de por sí marcado por la marginalidad, se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Según el histórico de la Unidad para las Víctimas, más de 8,5 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto armado en Colombia. Este desplazamiento masivo, uno de los más altos del mundo, ha afectado directamente a personas que vivían en regiones rurales y fronterizas.
Debido al desplazamiento forzado, muchas personas del colectivo afectadas por esta situación encontraron y siguen encontrando un refugio en entornos urbanos donde actualmente hay espacios para reconstruir sus vidas.
- En Medellín, los colectivos feministas, las organizaciones de trabajadoras sexuales y la Alcaldía han impulsado espacios de formación y proyectos de reinserción laboral para trabajadoras sexuales desplazadas.
- En Cúcuta y en la frontera con Venezuela, la crisis migratoria y la presencia de grupos armados han incrementado la vulnerabilidad en esta zona. Sin embargo, han dado lugar a redes binacionales de apoyo entre trabajadoras sexuales colombianas y venezolanas.
- En Buenaventura, puerto del Pacífico, el control armado y la violencia sexual han motivado a las mujeres a organizarse en colectivos que promueven la denuncia de abusos y la defensa de derechos.
Así, en medio de una guerra interna, las trabajadoras sexuales no solo han resistido, sino que han construido formas de apoyo mutuo.
Las redes de solidaridad y de apoyo mutuo, indispensables ante la inestabilidad
La situación de vulnerabilidad que viven lxs trabajadorxs sexuales en Colombia no solo queda registrada en los testimonios a pie de calle, sino también en informes elaborados por organizaciones de trabajadoras sexuales, donde se ofrecen visiones sobre la violencia institucional y las condiciones laborales reales.
Uno de ellos es el estudio de 2016 sobre violencia institucional hacia trabajadoras sexuales colombianas, que analiza casos de hostigamiento policial y exclusión de políticas públicas, destacando la importancia de la autoorganización. O el análisis de 2023 sobre violencias a trabajadoras sexuales y condiciones laborales hacia trabajadoras sexuales migrantes, donde los datos muestran el impacto del desplazamiento y la migración forzada en la región.
Ante esta situación, la resiliencia colectiva ha dado lugar a una amplia red de organizaciones y alianzas que trabajan por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en el país.
- RedTraSex Colombia ha promovido campañas contra la violencia institucional, programas de salud sexual y reproductiva y acciones de empoderamiento económico.
- La Casa de las Mujeres de Medellín ha brindado acompañamiento psicosocial, asesoría legal y espacios de refugio a mujeres desplazadas o afectadas por la violencia armada.
- La organización Santamaría Fundación, con sede en Cali, trabaja por el reconocimiento de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y personas trans, ofreciendo atención médica, asesoría jurídica y formación en liderazgo comunitario.
- En Cartagena y Barranquilla, colectivos locales como Mujeres del Centro y Asociación Mujer y Futuro desarrollan talleres de educación en derechos y prevención de violencia de género.
Por otro lado, la tecnología se ha convertido en una aliada en cuanto a resistencia y resiliencia. Existen grupos de mensajería que alertan de zonas peligrosas y agresores que ponen en aviso al colectivo. Asimismo, debido a la inseguridad de las calles, muchas trabajadoras sexuales han diversificado sus fuentes de ingresos anunciándose en plataformas como Simple Escort u ofreciendo contenido online de forma personalizada y bajo suscripción.
El conflicto armado más allá de Colombia
La realidad que enfrentan las prepagos colombianas también se vive en diferentes países de América Latina, donde los conflictos armados, la militarización y la violencia estructural han generado vulnerabilidad y precariedad.
La presencia del crimen organizado y la militarización de la seguridad pública en México han golpeado fuertemente al colectivo, especialmente en los estados fronterizos donde la trata de personas y la violencia de género son recurrentes. Ante esta situación, organizaciones como la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” han impulsado proyectos de salud y protección legal.
Por otro lado, en Guatemala, y antes en El Salvador, el legado de la guerra civil y las pandillas ha creado entornos inseguros donde las trabajadoras sexuales enfrentan persecución policial y violencia sexual. Gracias a entidades como la Organización Orquídeas del Mar se han promovido programas de educación en derechos y acompañamiento comunitario.
En Brasil, la intervención militar en favelas y la represión policial han expuesto a las trabajadoras sexuales brasileñas a violaciones de derechos humanos, pese a la existencia de asociaciones organizadas como la Rede Brasileira de Prostitutas, que defiende la descriminalización y la protección social.
Sin duda, la violencia, la pobreza y la exclusión institucional son las principales consecuencias en contextos de conflicto y postconflicto. De ahí que la organización comunitaria y el reconocimiento legal sean indispensables para fortalecer la resiliencia de las trabajadoras sexuales en entornos tan duros como los de la guerrilla.