Entre el fuego y la exclusión: de la caza de brujas europea a la violencia contra trabajadoras sexuales en Colombia

La caza de brujas europea, desarrollada entre los siglos XV y XVIII, constituyó uno de los procesos de persecución masiva más violentos contra las mujeres en la historia occidental. Lejos de ser un episodio marginal de superstición religiosa, se trató de un fenómeno estructural vinculado a transformaciones económicas, religiosas y políticas propias de la modernidad temprana.  Casi el 80% de las personas acusadas y ejecutadas por brujería fueron mujeres (Levack, 2016). Esta desproporción no fue accidental: se debió a una lógica de violencia de género profundamente arraigada a la organización social de la época.

En diversos estudios se ha logrado demostrar que las mujeres que fueron acusadas de cometer algún delito, sobre todo contra la “moral religiosa”, compartían ciertos rasgos de vulnerabilidad social: pobreza, viudez, soltería o extranjería (Barstow, 1994; Wiener-Hanks, 2008). En este contexto las trabajadoras sexuales ocuparon un lugar particularmente expuesto y violento. Para el año de 1630 en muchas regiones de Europa un alto número de mujeres que fueron acusadas de brujería ejercían la prostitución o eran señaladas por conductas sexuales consideradas del orden matrimonial (Roper, 2004).

Sexualidad femenina y construcción de la sospecha

La sexualidad, libertad y autonomía femenina fueron un eje central en la construcción simbólica de la brujería. En Europa para esa época, el control del cuerpo de las mujeres adquirió una dimensión política importante. Como lo describe Silvia Federici (2004), la persecución de las brujas se inscribió en un proceso más amplio de disciplinamiento del cuerpo femenino y reorganización del trabajo reproductivo en el tránsito hacia el nacimiento del capitalismo. Por lo tanto, las mujeres que ejercían el trabajo sexual no tenían interés alguno en la reproducción sino en asumir libremente su sexualidad, situación que para la época no era bien vista, ni siquiera para la actual, pero además se castigaba de manera ejemplarizante.

Las trabajadoras sexuales representaban una “anomalía” moral y estructural: gestionaban su sexualidad fuera del matrimonio, obtenían ingresos propios y circulaban en el espacio público urbano, ¡eran mujeres libres! Esa autonomía y libertad desafiaban el ideal femenino que se reducía al hogar bajo la autoridad masculina tanto individual como colectiva. En consecuencia, estos actos de “rebeldía” con su cuerpo fueron vistos por la religión y por la inquisición como amenaza y por lo tanto se requirió una brutal forma de castigo que llevaba implícito un largo sufrimiento.

En medio de esta necesidad de perseguir y castigar a los cuerpos libres y “desobedientes” de las mujeres, se empezaron a tejer acusaciones con el fin de acrecentar el temor en la sociedad: la fabricación de pócimas de amor, hechizos para doblegar la voluntad masculina o hechizos sexuales, hacían que se constituyera un efecto de preocupación entre la sociedad y el clero respecto de la pérdida del control patriarcal sobre estas mujeres y quizás que esto pudiera “contagiarse” a otras.  Tanto Lynda Roper (2004) como Silvia Federici (2004) han mostrado cómo la imaginación infernal de los poderosos estaba profundamente atravesada por ansiedades sexuales y fantasías sobre el deseo femenino desbordado. En el caso de las trabajadoras sexuales, estas narrativas encontraron un terreno fértil. 

Lo que no podemos controlar es demoníaco y, por lo tanto, deberá ser estigmatizado, perseguido y castigado.

Trabajo sexual, marginalidad y economía urbana

El trabajo sexual en la Europa medieval y moderna no era del todo clandestino; en muchas ciudades estaba regulado e incluso durante algunos periodos se toleró como un mal menor (Otis, 1985). Sin embargo, esa tolerancia coexistía con una fuerte estigmatización moral. La trabajadora sexual ocupaba un lugar ambivalente: funcional para la economía urbana, pero simbólica y religiosamente peligrosa.

Cuando surgieron las crisis económicas, las epidemias o los conflictos religiosos, se intensificaba la búsqueda de las culpables. Las mujeres situadas en la marginalidad eran las primeras señaladas, pero en este grupo de mujeres marginadas, las trabajadoras sexuales eran las primeras que se buscaban por concentrar el estigma moral: ellas, quienes inicialmente fueron acusadas de brujería, eran el blanco fácil para la canalización de esas tensiones sociales. (Levack, 2016)

Pero reducirlas a víctimas pasivas no sería justo. Su actividad implicaba independencia económica y un conocimiento del cuerpo y del deseo que para la iglesia era devastador, pues se salían de su control monopolizador que operaba bajo la figura del matrimonio. Las trabajadoras sexuales siempre han encarnado una forma incómoda de autonomía femenina: son mujeres que negocian directamente con el deseo masculino sin medicación conyugal y son dueñas de su cuerpo y sus pasiones.

Esa negociación económica fue reinterpretada por los tribunales como un pacto con el diablo y su capacidad de influir en los hombres —comerciantes, funcionarios, miembros del clero— fue convertida en prueba de hechicería. En pocas palabras, la autonomía económica, sexual y la libertad sobre sus cuerpos fueron redefinidas como un delito sobrenatural y por lo tanto fuertemente castigadas.

El fuego como ritual político de disciplinamiento

El castigo – la tortura, los tratos crueles inhumanos y degradantes, las confesiones forzadas y las ejecuciones públicas- tuvo una dimensión ejemplarizante. Este no solo tenía el objetivo de eliminar a la acusada, sino de escenificar el poder disciplinario del orden patriarcal.  Como lo menciona Silvia Federici (2004), la violencia contra las trabajadoras sexuales acusadas de brujas cumplió una función política: redefinir los limites aceptables de la feminidad y desalentar prácticas que no pudieran ser controladas por los hombres. Hombres que fungían como “clientes” de estas mujeres, mientras sacaban provecho de su autonomía y libertad sexual; y que, por supuesto, nunca fueron señalados ni castigados, sino vistos como víctimas de los hechizos de estas mujeres.  

La quema pública del cuerpo femenino libre operó como mensaje colectivo. Era una advertencia dirigida a todas las mujeres que para la época pensaran tan siquiera asumir formas de autonomía económica o sexual.  En este sentido, la trabajadora sexual no fue perseguida por practicar magia, brujería o hechicería, sino por encarnar de forma libertaria su vida, su cuerpo, su economía, situación que por supuesto desafiaba la moral y la sociedad.

Ahora bien, es necesario advertir que la elección de la hoguera no fue accidental. A diferencia de la decapitación – que era una forma de ejecución “honorable” –, la quema estaba asociada a los delitos que se consideraban espiritualmente corruptos, es decir, crímenes que implicaban contaminación moral y religiosa. El fuego cumplía una función simbólica de purificación: destruir el cuerpo para erradicar el mal que supuestamente lo habitaba, el mal era la libertad sexual y la autonomía económica sobre sí misma.

En el caso de las mujeres trabajadoras sexuales acusadas de brujería, su cuerpo era concebido como espacio de desorden y tentación, por lo tanto, la quema en el espacio público era un castigo total: no solo era la muerte, sino que buscaba, por medio del sufrimiento extenso mientras se desarrollaba la quema, la aniquilación absoluta del cuerpo “peligroso”, pues esta incineración impedía cualquier forma de conservación del cadáver.

El fuego, entonces, no fue solo un método de ejecución, fue un ritual político patriarcal de purificación social.

La persistencia del control sobre la autonomía femenina

El legado simbólico de la caza de brujas no desapareció con el fin de las ejecuciones. La asociación entre la sexualidad femenina autónoma y la peligrosidad moral persistió en discursos posteriores. La construcción social de la trabajadora sexual como amenaza social nos pone de presente nuevas formas de criminalización y estigma contra estas mujeres. Se les tilda de todo, menos de mujeres trabajadoras y por lo tanto sujetas a derechos.

Joan Scott (1988) recuerda que el género no es una categoría natural sino una forma primaria de significar relaciones de poder. La persecución de las trabajadoras sexuales en el contexto de la caza de brujas evidencia precisamente eso: el castigo no fue solo religioso sino político. Se trató de disciplinar cuerpos que escapaban al modelo de esposa reproductora y obediente.

Revisar esta historia desde el medievo y con las trabajadoras sexuales en el centro nos invita a cambiar la narrativa tradicional. Ellas no fueron simplemente unas “víctimas de la superstición”, fueron mujeres cuya autonomía resultaba intolerable para un orden político y religioso. Nombrarlas hoy implica reconocer que la historia de la “caza de brujas” es una historia de control, castigo, estigmatización del cuerpo femenino, de la autonomía y de la libertad sexual. 

Donde hubo fuego, hubo miedo al poder femenino, a la sexualidad y a la libertad.

Resonancias contemporáneas: violencia y estigmatización en Colombia

Aunque las hogueras pertenecen al pasado europeo, la lógica de persecución moral contra las mujeres marginadas que ejercen el trabajo sexual encuentra ecos inquietantes en el contexto colombiano.

Las trabajadoras sexuales continúan enfrentando altos niveles de violencia física, simbólica e institucional. En distintas ciudades del país, los operativos policiales basados en la “recuperación del espacio público” han derivado en hostigamientos, desalojos y prácticas de perfilamiento que refuerzan la idea de que estas mujeres no son sujeto de ningún tipo de derecho. Las mujeres en todas sus diversidades que ejercen el trabajo sexual han sido víctimas de algún tipo de violencia o coacción, registrándose agresiones físicas, simbólicas y psicológicas hasta llegar a feminicidios. Pero, además de esta forma de violencia, se evidencia que en muchos casos se les niega el acceso a servicios básicos de salud, al ejercicio libre de sus derechos sexuales y reproductivos, y al acceso a la justicia, reforzando una exclusión institucional y social que las vuelve a poner en el centro de la marginalización, incrementando su vulnerabilidad. Esta violencia no se limita al ámbito interpersonal, sino que se inserta en una estructura de exclusión que reproduce nuevamente los estigmas sobre la sexualidad femenina.

¿Qué nos susurra La Historia sobre las prácticas inquisitivas en contra de las trabajadoras sexuales? Así como estas prácticas se enquistaron en un proceso de configuración del Estado Moderno europeo, y en la consiguiente formación de los estados-nación, en el contexto colombiano se derivaron prácticas eugenésicas que vieron en la construcción del “otro” o “la otra”, motivo de legitimación socioeconómica y política de las élites criollas. La marginalización sistemática en función de la clase, el sexo, el género y el lugar que ocupaban los agentes sociales a partir de su profesión, se volvió en excusa-motores de configuración del estado-nación colombiano, permitiendo la producción y reproducción de prácticas de violencia que se perpetúan hasta nuestros días.

Si en la Europa del medievo el fuego cumplía una función simbólica “purificadora” del pecado y el desorden moral, en el contexto colombiano la estigmatización, la criminalización, la violencia estructural y la impunidad operan como mecanismos que disciplinan el cuerpo, lo público, el sexo y la libertad: no las queman, pero las excluyen.

La historia de la caza de brujas no es, por tanto, un episodio finalizado, sino una herencia del castigo sobre la autonomía femenina que sigue encontrando expresiones en las formas actuales de violencia contra las trabajadoras sexuales en Colombia.