A diferencia de buena parte de América Latina, hace décadas que Colombia optó por no criminalizar la prostitución, convirtiéndose en un referente en el continente sur. Pero todo se remonta a buena parte del siglo XX, cuando el trabajo sexual fue objeto de censura y represión policial. Sin embargo, los intentos de prohibirlo no funcionaron.
Fue en los años setenta que el Estado colombiano adoptó una postura más realista: en lugar de criminalizar la actividad, reconoció su existencia y la reguló parcialmente a través de zonas de tolerancia. Se trata de espacios delimitados en los que se puede ejercer la prostitución adulta bajo supervisión local, y que siguen activos en la actualidad.
Desde entonces, el trabajo sexual ejercido por personas adultas de forma voluntaria no es delito. Pero como sucede en otros países, existen zonas grises que afectan directamente al colectivo.
Fuera del territorio nacional, el enfoque colombiano contrasta con los modelos represivos de otros países de la región y con los sistemas plenamente reglamentaristas de Europa. Así, Colombia ocupa un punto intermedio: reconoce la existencia del trabajo sexual, lo regula parcialmente y deja su aplicación en manos de los gobiernos locales.
El marco legal que regula el trabajo sexual en Colombia
Es la Corte Constitucional, en la sentencia T-073 de 2017, la cual reconoce el derecho de lxs trabajadorxs sexuales a ejercer de manera digna y ordenada, y respalda la potestad de los municipios para establecer zonas donde la actividad pueda realizarse sin afectar a terceros.
Entonces, en Bogotá, los Decretos 400 de 2001 y 188 de 2002 establecen la delimitación de los sectores donde pueden operar establecimientos de entretenimiento para adultos, imponiendo normas de higiene, infraestructura y horarios. De esta manera, la capital colombiana institucionalizó un modelo de regulación urbana que más tarde inspiró a otras ciudades.
“El ejercicio del trabajo sexual no constituye infracción penal, siempre que sea voluntario y entre personas mayores de edad. Las autoridades locales podrán establecer zonas especiales de actividad controlada.” Decreto 400 de 2001, Alcaldía Mayor de Bogotá.
Otras normas y actos locales recientes, así como antecedentes históricos relevantes, son:
- En Cali, el Acuerdo 73 de 1944 delimitó la zona de tolerancia entre Cra. 12–15 y Cl. 19–15. Sin embargo, hoy en día esta área no cuenta con un reconocimiento oficial.
- En Medellín, en 2024 la Alcaldía adoptó medidas temporales para prohibir la oferta y demanda de prostitución en sectores turísticos de El Poblado (Parque Lleras). Se trató de una estrategia contra la explotación sexual que, si bien no definen una nueva zona, complementan el enfoque territorial existente.
- En Cartagena, el Decreto 003 de 2024 restringe por seis meses el ejercicio de la prostitución y actividades conexas en sectores del Centro Histórico, como medida de orden público y protección de NNA, con fundamento en la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía).
Así, en ausencia de una ley nacional uniforme, cada ciudad define su política. Si bien algunas aplican controles más estrictos, basados en inspecciones sanitarias y permisos locales, otras toleran la actividad de manera informal.
Las zonas de tolerancia colombianas: mapa de la prostitución urbana
En el centro de Bogotá, el barrio Santa Fe es el símbolo más visible del sistema de zonas de tolerancia. Entre las calles 19 y 24, y las carreras Caracas y 17, se concentran locales nocturnos, residencias y whiskerías donde se ejerce trabajo sexual. En estas zonas, las autoridades locales realizan controles de salubridad, inspecciones y operativos, aunque el estigma y la precariedad se suelen percibir en el ambiente.
En Medellín, la zona de La Veracruz cumple una función similar. Está ubicada en el centro de la ciudad, alrededor de la Carrera 51 (Bolívar) entre calles 51 y 53, cerca del Parque de Berrío y del Pasaje Sucre, donde funcionan bares, residencias y moteles bajo vigilancia local. También la zona de Lleras, San Diego, La Raya y los alrededores del Museo de Antioquia.
En Cali, aunque la regulación es antigua, se mantiene la zona de tolerancia delimitada entre la Carrera 12 y la 15, y las Calles 19 y 15, en el centro histórico de la ciudad. Sectores donde hoy se concentran establecimientos nocturnos.
Cómo se distribuye el territorio y el ordenamiento urbano
La delimitación de las zonas de tolerancia forma parte de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), que determinan los usos del suelo urbano. Estas áreas suelen ubicarse lejos de colegios, centros religiosos y zonas residenciales, buscando la coexistencia entre la convivencia ciudadana y el derecho a ejercer el trabajo sexual. En la práctica, funcionan como áreas de contención, pues concentran una actividad socialmente incómoda pero económicamente importante.
Sin embargo, el problema que señalan organizaciones como la Mesa Nacional de Trabajadoras Sexuales es que el ordenamiento no suele garantizar condiciones seguras. La planificación urbana y la regulación pueden derivar en exclusión.
¿Funciona el modelo colombiano?
El modelo colombiano a través de zonas de tolerancia no es perfecto, pues tiene tantas fortalezas como debilidades persistentes a nivel social.
En el ámbito sanitario, las zonas controladas facilitan campañas de prevención de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Sin embargo, el sistema sigue enfrentando retos estructurales. Sin ir más lejos, la existencia de zonas de tolerancia no elimina la presencia de redes de explotación, trata o proxenetismo basado en la narcocultura, que operan tanto dentro como fuera de los sectores regulados. Además, la falta de una ley laboral que reconozca a las trabajadoras sexuales como sujetas de derechos genera vacíos en protección social, seguridad y acceso a justicia.
Por otro lado, a nivel local, los gobiernos han variado en su respuesta. Mientras Medellín y Bogotá mantienen programas activos de control sanitario y social, otras ciudades aplican medidas restrictivas que tienden a empujar la actividad hacia la clandestinidad.
Colombia frente al mundo: otros países que inspiran
Comparada con otros países de América Latina, Colombia ofrece un modelo diferencial. En muchos de ellos, la prostitución sigue tratándose como un delito, lo que empuja a miles de trabajadorxs a la invisibilidad y vulneración.
En contraste, países europeos como Alemania, Bélgica o Países Bajos reconocen el trabajo sexual como una profesión formal, con garantías laborales y jurídicas similares a las de otros oficios. Asimismo, el modelo de Nueva Zelana, implementado en 2003 con la Prostitution Reform Act, es uno de los más avanzados en el mundo, ya que despenaliza completamente esta actividad y otorga protección plena all gremio.
Así pues, la aparente regulación de la prostitución colombiana por zonas permite al Estado ejercer cierto control sanitario y reducir tensiones vecinales. Sin embargo, no es perfecta, pues todavía falta avanzar hacia políticas de inclusión, educación y derechos. De esta manera, no sería necesario la delimitación de zonas donde ejercer.