Está confirmado que José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile el 11 de marzo de 2026, tras imponerse con el respaldo transversal de las derechas del país. Militante del Partido Republicano y referente de la extrema derecha chilena, su triunfo abre profundos interrogantes sobre el rumbo que adoptarán las políticas públicas, particularmente en materia de género y en la protección de los derechos de las mujeres.
"Peligran derechos fundamentales para nosotras como mujeres, disidencias y trabajadoras sexuales"
Tal como acuña la periodista política Yasna Lewin en su columna publicada en Interferencia, Kast es presentado como un líder ultraconservador que concibe a las mujeres desde un supuesto “orden natural”, privilegiando los roles tradicionales por sobre la autonomía, la igualdad de género y el reconocimiento de derechos. Esta concepción, advierte la autora, es utilizada como argumento político para legitimar desigualdades y frenar avances en materia de derechos humanos.
En este contexto, las voces de quienes se ven directamente afectadas por este escenario adquieren un peso central. Dominga (pseudónimo), trabajadora sexual desde hace siete años y radicada en la zona centro del país, Santiago de Chile, advierte sobre los riesgos concretos que un eventual gobierno de ultraderecha podría implicar tanto para las mujeres como para quienes ejercen el trabajo sexual. Desde su experiencia personal y laboral, subraya que garantizar la salud sexual, que incluye el libre acceso a anticonceptivos, exámenes médicos, aborto libre y seguro y una atención de salud integral libre de prejuicios, no constituye una demanda abstracta, sino una condición básica de supervivencia y dignidad.
“Con un gobierno de ultraderecha como el de Kast, que en su proyecto de gobierno no se refiere directamente a este tema, peligran derechos fundamentales para nosotras como mujeres, disidencias y trabajadoras sexuales. Un gobierno así pone en riesgo nuestros cuerpos, nuestra salud y nuestra autonomía, y solo abre la puerta a mayor vulnerabilidad, menos prevención y una infinidad de riesgos. Puedo imaginar que desde el gobierno se espere una abolición del trabajo sexual, pero eso no garantiza su desaparición; al contrario, solo propicia la clandestinidad, lo que conduce a la precarización y vulnera nuestros derechos de sobrevivencia”, señala.
No cabe duda que la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud sexual son pilares fundamentales para la seguridad de las mujeres. Sobre la continuidad de estas políticas en un contexto más conservador, Dominga advierte que ambas medidas no solo son herramientas de cuidado para toda la población, sino que para las trabajadoras sexuales representan verdaderas medidas de supervivencia. “Si se llegan a reducir estos programas en el gobierno, sería un retroceso general, más exposición a ITS, embarazos no deseados, violencias sexuales, desinformación, etc. Sobre todo mayor estigma e ignorancia’’.
Dominga expone que un gobierno ultraconservador tiende a reducir derechos fundamentales como acceso a la salud, la posibilidad de denunciar situaciones de violencia, incrementa la persecución policial y la discriminación y fomenta el proxenetismo.
‘’Los derechos fundamentales para las trabajadoras y trabajadores sexuales son los mismos que para cualquier trabajador: garantías básicas como seguridad, accesibilidad a salud, protección frente a cualquier tipo de violencia, acceso a justicia, no discriminación y reconocimiento legal. Este, al ser un trabajo no regulado, quedamos fuera del sistema, sin respaldo para exigir las condiciones mínimas de trabajo y quedamos expuestas. Necesitamos derechos laborales y humanos. Ahora siento que hay una exposición punitiva desde la legalidad y frente a la sociedad que tiene una opinión negativa a quienes han ejercido en este rubro’’, enfatiza.
El avance de la ultraderecha y el retroceso de los derechos de las mujeres
Para Rodrigo Azócar, doctor en Estudios Interdisciplinares de Género por la Universidad de Huelva y director de investigación sobre Género y Sexualidades de la Universidad Autónoma, este resultado no puede entenderse como un hecho aislado. Según explica, el avance de la ultraderecha responde a una tendencia global que comparte patrones ideológicos y estratégicos bien definidos.
En ese marco, Azócar advierte que estos proyectos políticos impulsan una ofensiva directa contra el sistema multilateral y los derechos humanos, con un foco particularmente intenso en aquellos vinculados al género. “No es casual que uno de los principales blancos de estos movimientos sean los derechos sexuales y reproductivos”.
Desde su perspectiva, estos derechos deben entenderse como parte integral del marco de los derechos humanos. “No solo funcionan como garantías básicas, sino como pilares fundamentales de la autonomía individual, la igualdad de género y la calidad democrática de una sociedad. Sin embargo, bajo la óptica del gobierno entrante del Partido Republicano, y de acuerdo con la posición que Kast ha difundido de manera consistente, estos derechos son reinterpretados o directamente negados’’.
Azócar explica que esta negación del próximo mandatario de Chile se sustenta en una doctrina de derecho natural que prioriza una visión biológica y moral de la familia y la vida, por sobre la autonomía de las mujeres y las diversidades sexuales y de género. “Lo que está en juego es una frontera política clara entre dos modelos de sociedad incompatibles”.
Por un lado, describe un modelo basado en el pluralismo, la laicidad y la autonomía individual, defendido históricamente por organismos internacionales y movimientos feministas. Por otro, un proyecto sustentado en una jerarquía moral, nacionalista y naturalista, promovido por el Partido Republicano y por la red ideológica de la extrema derecha a nivel global. “La disputa es central, porque para estos gobiernos revertir derechos sexuales y reproductivos es la vía más eficaz para volver a naturalizar desigualdades que el feminismo ha politizado”, afirma.
El investigador subraya que el retroceso o debilitamiento de estas políticas públicas tiene consecuencias directas sobre la ciudadanía sustantiva de las mujeres. “Para aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, este retroceso significa la pérdida de la autonomía sobre sus propios cuerpos y proyectos de vida”.
‘’La priorización de estos valores tradicionales implicaría una redistribución regresiva de la libertad y la ciudadanía, donde la autonomía corporal y la identidad se convertirían en privilegios de clase accesibles solo en el mercado privado, mientras el Estado abandonaría su rol de garante de derechos humanos para asumir un papel de guardián moral que naturaliza desigualdades y criminaliza la disidencia bajo un modelo de seguridad mucho más punitivo’’, concluye Azócar.
El conservadurismo y el machismo como orden sociocultural en Chile
¿Es casualidad el triunfo de José Antonio Kast? Más allá del resultado electoral, el conservadurismo en Chile parece atravesar el país de norte a sur, no solo como una posición ideológica, sino como una expresión territorial y cultural profundamente arraigada. No se trata de una abstracción: se vive en los cuerpos, en las prácticas cotidianas y en las experiencias de quienes habitan territorios históricamente marcados por estructuras patriarcales.
Pájaro Verde (pseudónimo), tiene 34 años y es oriunda de Chiloé, un archipiélago del sur del país reconocido por su fuerte identidad cultural y tradiciones comunitarias. Tal como documenta el proyecto Mujeres y ruralidad en Chiloé, se trata de un territorio donde el entramado cultural convive con profundas desigualdades de género sostenidas por una estructura social históricamente machista, aún vigente.
Desde ese contexto, Pájaro habla desde su propia experiencia. Se dedica al trabajo sexual hace un par de años y actualmente vive en la isla. Para votar en la última elección presidencial viajó desde Chiloé hasta Santiago, cruzando 1.234 kilómetros de distancia. “Viajé a votar por Jara. Me frustró mucho saber que eligieron a Kast, me dio mucha pena y angustia”, afirma.
Para ella los discursos de odio no son nuevos, pero sí teme que se intensifiquen. “Si bien los discursos de odio hacia el trabajo sexual han existido desde siempre, porque es un tema tabú y juzgado por la sociedad, quizás ahora se exacerben, se vean más”, señala. En su vida cotidiana, ese juicio ya es palpable. Pájaro cuenta que quienes conocen su oficio “lo comentan, lo mal hablan, lo miran despectivamente”.
En ese sentido, Pájaro apunta al doble estándar que, a su juicio, atraviesa toda la discusión. “El cuerpo de la mujer siempre ha sido utilizado y malversado. Lo que más me molesta es la doble moral del hombre, porque la mujer puede ser objeto solamente cuando él quiere y como él quiere”.
Desde su mirada, el conservadurismo no es ajeno al territorio que habita. Conoce de cerca las dinámicas sociales de la isla y cómo se reproduce el machismo. “Yo conozco el contexto sociocultural del sur, cómo se relaciona la gente, cómo viven el machismo y cómo se habla de la mujer cuando es empoderada”.
Pájaro interpreta el triunfo de Kast como la expresión de una matriz cultural más profunda. A su juicio, no se trata solo de una elección política, sino de una forma de pensar extendida. “La gente en Chile es conservadora. Ganó Kast porque votó mucha gente ignorante, gente que no sabe leer ni escribir. Ahora solo queda esperar que este gobierno no nos deje la cagada, que no nos quite los derechos sociales adquiridos como mujeres y personas”.
Entre la clandestinidad y el estigma: los temores compartidos del trabajo sexual
Para Dominga el triunfo de José Antonio Kast expresa un retroceso cultural y político. ‘’Hay muchos factores para que haya salido un gobierno de ultraderecha, pero esto es inherente a retroceder a reducir el diálogo para construir políticas para quien ejerce el trabajo sexual’’.
Uno de sus principales temores es que aumente el estigma y la discriminación.’’Los valores tradicionales y la mirada moralista hacia el trabajo sexual nos considera un problema y si bien vivir con ese peso para algunos puede ser alienador, para otras personas es desolador y doloroso. Pero estas ideologías no lograrán que desaparezcamos, solo nos perjudicarán, porque vivir en clandestinidad normaliza la violencia. Si el estado no te reconoce como trabajador, no existes para el sistema y quedas exento de protección y garantías. Quedas expuesto y vulnerable, fomentando la marginalidad y clandestinidad’’.
Para Pájaro la clandestinidad no es una abstracción política, sino una experiencia concreta que expone a mayores riesgos, especialmente en territorios donde el control moral y el estigma social están profundamente arraigados. En este sentido, reconoce que el contexto puede agudizar las violencias ya existentes. “Machos han existido toda la vida, conservadores también. No quiero pensar que ahora voy a tener más restricciones como mujer, de las que ya teníamos”, subraya.
Consciente de la diversidad de realidades dentro del rubro, Dominga decidió consultar a otras colegas antes de responder. “En esta pregunta me tomé el atrevimiento de preguntar a más colegas para tener una respuesta más democrática, considerando que existen muchas realidades y necesidades diferentes”, explica. A partir de ese ejercicio colectivo, identifica una demanda transversal: el reconocimiento como sujetas de derecho.
‘’Es fundamental que se nos escuche como sujetos de derecho y no objetos de debate moral. Para esto es importante la educación, que se conozca nuestra historia, visibilizar la violencia y la discriminación que vivimos’’, concluye.