Cuota puta: Hace referencia al precio inflado de los servicios o productos que se ofrecen a una trabajadora sexual, justificado únicamente por la carga moral y el precio de la confidencialidad, así como las escasas alternativas para optar a mejores acuerdos. Por primera vez pude ponerle nombre a este fenómeno en la Cumbre internacional de personas trabajadoras sexuales celebrada en Colombia el 2025, cuando Carolina Calle menciona “el fin de la cuota puta” como parte de nuestro Manifiesto.
Publicamos en las redes sociales del Sindicato Independiente Ángela Lina, un registro de la manifestación del 8 de marzo, a la que asistimos con lienzos y carteles que hacen alusión al reconocimiento del trabajo sexual. “¡Paguen impuestos entonces!”, “¿Ahora van a dar boleta acaso?” decían algunos comentarios anónimos de los internautas. No es ninguna novedad que los moralismos abunden cuando nuestro objetivo es visibilizar, reducir los riesgos y mantenernos con vida.
Los abusos, la explotación y la falta de seguridad dentro de este rubro hacen que el reconocimiento del oficio sea un asunto de vida o muerte. Si seguimos trabajando ocultas, ¿Quién responde por nosotras? Somos parte de la economía informal y, por ende, corremos riesgos que los formales apenas imaginan. No romanticemos el trabajo como una forma de dignificar nuestra existencia. Necesitamos que se nos reconozca como tal porque habitar la clandestinidad nos impide mejorar nuestras condiciones laborales y denunciar los abusos. Para el resto de la población, sin embargo, lo único que importa es que paguemos impuestos.
La doble moral
Las personas que no han ejercido trabajo sexual manejan poca información sobre nuestro rubro, basada en mitos y arquetipos reforzados por relatos de ficción. Por un lado, tenemos la imagen de la prostituta sin voluntad, que se relaciona con criminales y “cae” en la prostitución por no tener otra alternativa. No es trabajadora, es una víctima.
Por otro lado, tenemos a la prostituta, stripper o actriz porno que gana millones al mes, que se codea con la alta sociedad, ostentando sus lujos inalcanzables para cualquier trabajador común. Tampoco se le percibe como trabajadora, porque es prácticamente una traidora desclasada a quien le gusta la plata fácil. Ambos personajes han sido completamente ficcionados por los medios. Aunque podrían existir en la vida real, no son representativos de las trabajadoras y trabajadores sexuales pobres y de clase obrera.
“¿Por qué ganan tanto haciendo algo tan indigno, mientras yo hago todo bien, cumplo con todo lo establecido y no recibo lo que merezco?”. No es culpa de las personas que creen en la meritocracia que les prometieron. Estamos en una constante crisis moral y una especial preocupación por el mal uso de los recursos fiscales. En general, hay un discurso popular de que “se roba la plata”.
Los más acomodados sienten que no reciben nada, no ven nada que les beneficie directamente porque pagan todo privado y lo público es “para pobres”. Los pobres, por su lado, ven que todos los servicios tienen fallas, sobre todo en salud y educación pública. A nadie le dan ganas de pagar impuestos. ¿Para qué nos roben?, ¿Para que financien inmoralidad disfrazada de “cultura”? (eso dicen). Nos mandan a pagar impuestos como si por realizar algo moralmente incorrecto tuviéramos que pagar nuestra cuota puta al Estado, como castigo. Nadie quiere pagar. Es por esto que, últimamente, hemos visto una creciente presión fiscal para que la población cumpla con sus obligaciones.
El grado de cumplimiento tributario a nivel global ha ido decreciendo a medida que crece la desconfianza en los gobiernos y en la clase política. No perdieron la oportunidad de comenzar a cobrarles a todos los creadores de contenido digital, incluyendo, por supuesto, a las actrices porno que reciben pagos desde plataformas de suscripción y streaming. A la hora de cobrarnos, nadie cuestiona si lo que hacemos es un trabajo. Trabajadores cuando les conviene.
Algunos, tal como el Servicio de impuestos internos (SII) se han avivado y lanzan ideas ambiciosas como: “Las trabajadoras sexuales deberían ser trabajadoras del Estado. El Estado está perdiendo ene plata con eso, imaginen casas de prostitución donde la muchacha que quiera trabajar allí lo hace tranquilamente con sus revisiones médicas (...) Ellas reciben un sueldo alto como siempre y el resto se va a las arcas fiscales. El estado recaudaría millones con los calentines…” dijo un usuario de Instagram y obtuvo 484 likes. Luego hay quienes dicen que los cafiches son otros.
Las políticas públicas apuntan a mejorar el cumplimiento tributario a través de distintas estrategias. Existen factores pecuniarios que se centran en la fiscalización, control y castigo (multas y cárcel, por ejemplo). Por otro lado, existen los factores no pecuniarios, que intentan llegar a las personas a través del altruismo y la sensación de reciprocidad a través de programas sociales, propaganda, información, etc. Una estrategia intermedia es la que están usando con los creadores de contenido, enviándoles un correo en donde se les informa que deben declarar sus ingresos recibidos desde plataformas digitales.
Si bien aún no se habla de un castigo, nos genera una sensación de que estamos bajo la mira del SII. Nos tienen identificadas. En este punto aplican factores morales como el sentido de responsabilidad y también la vergüenza de no pagar y ser expuestas. Aquí es cuando juega un rol importante el concepto de Moral tributaria.
¿Quiénes son los que evaden impuestos?
Según las últimas cifras del Centro de Estudios Públicos (CEP) en su análisis más reciente sobre Moral tributaria, queda expuesto que los jóvenes, solteros, varones y personas con bajo nivel educativo justifican más la evasión. Esto se debe a que gran parte de los recursos van dirigidos a quienes tienen hijos, a quienes están casados, estudian y obtienen más herramientas para postular a diferentes tipos de financiamiento.
Según el mismo estudio, en nuestro país el 45% de la población justifica la evasión de impuestos. La gente no quiere pagar, pero considera que el castigo de las trabajadoras sexuales debería ser pagar impuestos para que otros se beneficien. Es cierto, no queremos pagar impuestos porque no percibimos un apoyo real de parte del Estado, ni mucho menos de sus instituciones. Los municipios y las fuerzas policiales abusan, discriminan y nos empujan a la clandestinidad. Nos presentan como una obligación algo que debería ser un derecho. Lo peor es que pedimos lo mínimo. Queremos reducir los riesgos de nuestro trabajo y mejorar nuestras condiciones de vida. Quien no cotiza, no recibe nada, así que toca pagar la cuota.
El SII ha intensificado la fiscalización a creadores de contenido, obligándolos a formalizar sus ingresos, incluyendo dinero y canjes por productos o servicios. Deben iniciar actividades en segunda categoría, emitir boletas de honorarios y declarar impuestos mensualmente (F29), enfrentando retenciones del 14,5%, además de una mayor supervisión en la Operación Renta, que afecta a cualquier trabajador que reciba más de 11 millones de pesos al año (en el famoso F22).
Al igual que muchas de mis colegas, yo tampoco tenía idea de cómo ni cuánto pagar. A fines del 2024, en el Sindicato Ángela Lina comenzamos a preocuparnos de la medida conocida popularmente como “Ley de las 50 transferencias” porque tanto en el trabajo presencial como virtual, es muy probable que nos lleguen más de 50 transferencias y todas desde cuentas distintas, ahí comenzó nuestra paranoia. En ese tiempo sólo teníamos una compañera que emitía boletas, la Valentina Carfulén que llevaba años declarando como independiente. Ella nos hizo una breve instrucción para emitir boleta de honorarios.
A partir de ese momento empezamos a adentrarnos en el lenguaje tributario, pero en lugar de respuestas, encontrábamos cada vez más preguntas. Es así como conocimos a Patricio Cruz Carrera, un ex colega que actualmente se dedica a realizar asesorías como contador, mientras investiga la situación tributaria del trabajo sexual, generando herramientas para evitar sanciones y entender el cómo funcionan los impuestos.
Patricio nos calmó un poco la ansiedad explicándonos que para aquellas colegas que necesiten iniciar actividades y cotizar como independientes, es posible declarar que realizamos “servicios personales” sin mayor explicación, pero si quisiéramos declarar como trabajadores sexuales con todas sus letras, podríamos hacerlo agregando una glosa descriptiva. Existe un miedo a reconocernos como trabajadoras sexuales, pero al no tratarse de una actividad ilegal, nadie puede impedir que coticemos como independientes. Si no es delito, ¿por qué no lo declaramos?
El problema sigue siendo la discriminación y aún tenemos mucho en nuestra contra cada vez que mencionamos nuestro trabajo en público. Si mentimos, también nos arriesgamos. Para alquilar un lugar donde vivir, para declarar renta ante cualquier institución educacional, ante los bancos o para tramitar una visa, te exigen entregar tu información y si ven que la glosa dice “trabajo sexual”, muchas entidades y personas nos descartarían de inmediato mientras que otras intentarán sacar provecho.
Nuestra ignorancia les sirve
Los locales nocturnos, cafés con piernas y shoperías, que no cumplen con los estándares mínimos de una empresa, no pierden la oportunidad de abusar de nuestra ignorancia en temas financieros. Su patente de “cabaret” les permite disfrazar lo que todas sabemos que ocurre realmente en esos locales. Un cabaret, por definición, es un lugar en donde se baila y se bebe, pero pagan tan poco por bailar que todas las bailarinas tenemos que hacer esos “trabajos extra” que no están permitidos en ningún establecimiento comercial. En Chile no está penado el trabajo sexual, pero sí el proxenetismo, definido como cualquier actividad de comercio sexual realizada en un recinto comercial o privado, en el cual exista participación de terceros. Si bien muchas de las trabajadoras en estos espacios reciben pagos en efectivo y no declaran sus ingresos, hay una creciente necesidad de regularizar esta situación, por distintos motivos y necesidades de las mismas trabajadoras.
En este contexto, los locales “ofrecen” a las colegas con mejor conducta, la “posibilidad” de emitir boletas de honorarios, pero como camareras u otros oficios asociados y además, les hacen cumplir con exigencias absurdas, horarios obligatorios, multas y una cantidad de horas y condiciones, sin contrato de por medio.
Los empresarios se benefician de esta zona gris, porque no tienen la obligación de cumplir con los deberes de un empleador. Los locales con más ingresos tienen plata suficiente para pagar las multas a los municipios y las coimas a los policías. Todos se benefician menos nosotras, que seguimos pagando nuestra cuota puta en cada aspecto de nuestra vida, no importa cual sea el servicio, si saben que somos putas nos cobran más. Si de algo estoy segura, es que si llegamos a lograr el reconocimiento del trabajo sexual en Chile, no será para combatir los abusos ni los peligros a los que nos exponemos, porque no les importa nuestra vida, les importa nuestra plata. Todos quieren su tajada y nuestra ignorancia los beneficia, por eso nadie recibe educación financiera. Necesitan que esa información la manejen sólo unos pocos. Jamás hubiera imaginado que tendría que pagar impuestos, si la mayoría de las instituciones no nos reconoce ni nos financia y las que deberían protegernos, abusan. Así no dan ganas.
Algunas por obligación, otras para acceder a vivienda, salud y pensiones, otras para obtener una residencia definitiva, sea cual sea el motivo, cada vez más trabajadoras y trabajadores sexuales en Chile están declarando sus ingresos, pero no podemos saber la cifra exacta porque de seguro muy pocos han descrito los detalles de su trabajo en la glosa. Algunas figuran como bailarinas, masajistas, actrices o simplemente hacen “servicios personales” y por supuesto las famosas “creadoras de contenido”, todos eufemismos creados para ocultar que las personas que ejercemos trabajo sexual somos y siempre hemos sido un aporte, no sólo en nuestra dimensión humana como agentes de cultura, patrimonio y salud sexual, sino también aportamos directamente a la economía (al contrario de lo que muchos piensan).
Si tanto les interesa que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales, lo mínimo que deberían hacer los estados es garantizar nuestros derechos, dejar de discriminarnos, escuchar nuestras demandas y propuestas, porque fueron muchas las generaciones de trabajadoras sexuales que murieron abandonadas en la total precariedad y las vivas, estamos buscando estrategias para sobrevivir al inminente paso del tiempo.