La discusión sobre cómo y cuánto debe el Estado intervenir en Internet dejó de ser un debate teórico. Desde el Reino Unido hasta Australia, pasando por España, los gobiernos han comenzado a aplicar restricciones de edad más estrictas para acceder a contenido adulto y redes sociales.
Chile no está al margen: en el Congreso ya se tramitan iniciativas que buscan prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y establecer mecanismos de verificación de edad. La pregunta de fondo es si el país está preparado para entrar en esta ola regulatoria global y cuáles serían sus efectos reales.
El debate chileno: redes sociales bajo la lupa
En 2023, el Reino Unido aprobó la Online Safety Act, que obliga a verificar la edad para impedir que menores accedan a contenidos pornográficos o dañinos. En paralelo, países como España y Australia han planteado restricciones aún más amplias, incluyendo límites al uso de redes sociales por menores de 16 años, en nombre de la salud mental y el desarrollo infantil.
En Chile, la discusión también se ha reactivado con fuerza este 2026. Según explicó El Mostrador, el Congreso comenzó a debatir una iniciativa que podría modificar sustantivamente el acceso de niños, niñas y adolescentes a las redes sociales.
El senador de Evópoli, Felipe Kast, confirmó el ingreso de un proyecto de ley que propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. La iniciativa no solo fija un límite etario, sino que traslada la carga de cumplimiento a las propias plataformas digitales, exigiendo mecanismos de verificación de edad “efectivos y comprobables”, resguardo de datos personales y sanciones económicas en caso de incumplimiento.
“Hemos ingresado un nuevo proyecto de ley que busca replicar la norma aplicada en Australia, que prohíbe las redes sociales para todas las niñas y niños menores de 16 años. Hoy esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de ellos”, señaló el parlamentario al presentar la iniciativa.
Sin embargo, esta propuesta fue anunciada inicialmente por el diputado de la UDI, Cristóbal Martínez, en diciembre de 2025, quien fundamentó la medida en los riesgos asociados al uso intensivo de redes sociales por menores, como el ciberacoso, la exposición a contenidos inapropiados y el deterioro de la salud mental.
“Hoy existe evidencia suficiente que vincula el uso excesivo de estas plataformas con el aumento de la ansiedad, la depresión y otros trastornos, ante lo cual el Estado no puede permanecer indiferente”, argumentó Martínez.
Si bien la mayoría de las plataformas establecen en sus términos y condiciones una edad mínima de 14 años, los impulsores del proyecto sostienen que estas restricciones son fácilmente vulnerables y carecen de mecanismos reales de fiscalización.
Cabe recordar que no es la primera vez que esta discusión llega al Congreso. En enero de 2025, el diputado del Partido Radical, Rubén Oyarzo, presentó un proyecto de ley que prohíbe el acceso y utilización de cuentas de redes sociales a menores de catorce años.
El texto proponía una prohibición expresa de registro y acceso a cuentas para menores de 14 años, obligando a las plataformas a eliminar aquellas cuentas que incumplieran la norma. Además, contemplaba prohibir la orientación de publicidad a menores de esa edad y exigía a las empresas implementar protocolos públicos de fiscalización.
Sin embargo, al igual que otros proyectos sobre regulación de plataformas digitales presentados en años anteriores, como el impulsado en 2021 por senadores de distintos sectores, la iniciativa de Oyarzo permaneció en primer trámite legislativo.
La reiteración de propuestas en distintos períodos legislativos revela que el Congreso ha intentado, de manera fragmentaria, dotar al ordenamiento jurídico de herramientas para enfrentar los riesgos asociados a las plataformas digitales.
Contenido adulto: el vacío normativo chileno
En Chile, la discusión legislativa sobre protección de menores en entornos digitales ha ganado visibilidad, pero avanza de manera fragmentada. A diferencia de lo ocurrido en el Reino Unido, el país no cuenta hoy con una normativa específica que imponga estándares robustos a las plataformas pornográficas.
El foco regulatorio chileno se ha concentrado principalmente en las redes sociales, dejando en un segundo plano el acceso directo a páginas de contenido sexual explícito. El intento más cercano de abordar esta brecha se produjo en julio de 2023, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados ratificó una resolución que solicitaba otorgar suma urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.168 (Ley General de Telecomunicaciones), con el objetivo de restringir el acceso de menores a contenidos perjudiciales para su desarrollo. Sin embargo, la iniciativa no prosperó.
La ausencia de una regulación clara no es un asunto meramente técnico. Supone, en la práctica, que niños y adolescentes navegan en un entorno donde la verificación de edad es débil o inexistente, y donde el acceso a material sexualizado depende más de la autorregulación empresarial que de estándares legales exigibles.
El psiquiatra infanto-juvenil, Elías Araba, a través del medio CIPER ha advertido que el problema excede el acceso a la pornografía en sentido estricto. Se trata de un ecosistema digital que amplifica, normaliza y monetiza la sexualización temprana. Plataformas diseñadas para maximizar la atención y la permanencia priorizan contenidos que generan interacción, sin distinguir necesariamente entre creatividad y exposición riesgosa.
En ese contexto, niñas replicando bailes con connotación erótica, preadolescentes hiperexpuestas a filtros corporales o el consumo de pornografía a edades cada vez más tempranas no responden solo a transformaciones culturales. También son consecuencia de arquitecturas tecnológicas que operan bajo incentivos económicos claros: captar tiempo, datos y validación social.
La discusión sobre verificación de edad, por tanto, no es únicamente moral ni simbólica. Es estructural. Niños y adolescentes interactúan con sistemas diseñados por y para adultos, que funcionan bajo lógicas de mercado. La erotización temprana no surge en el vacío: es también el resultado de modelos de negocio que convierten la atención, y muchas veces el cuerpo, en mercancía digital.
La industria adulta, ante una regulación más estricta
La experiencia internacional muestra que las regulaciones de verificación de edad pueden generar efectos inmediatos en la industria del contenido adulto. En el Reino Unido, tras la entrada en vigor de exigencias más estrictas bajo la Online Safety Act, la plataforma Pornhub anunció que limitaría el acceso de nuevos usuarios, argumentando que el sistema no estaba cumpliendo eficazmente su objetivo y que estaba empujando a parte del tráfico hacia sitios menos regulados.
Este tipo de medidas suele traducirse en una caída significativa de visitas en el corto plazo. Cuando las barreras de entrada se endurecen, parte del consumo adulto tiende a desplazarse hacia espacios más opacos: sitios alojados en otras jurisdicciones, plataformas sin estándares claros o intercambios privados difíciles de fiscalizar. El efecto puede ser paradójico: menos control real y mayor exposición a riesgos.
Para las modelos y creadoras de contenido adulto digital, las regulaciones estrictas pueden traducirse en mayor concentración del mercado en manos de grandes empresas capaces de asumir costos tecnológicos y regulatorios. Quienes operan de forma independiente podrían quedar en desventaja competitiva o verse forzadas a migrar a entornos menos seguros.
El debate global sobre control de edad no se limita a garantizar una protección efectiva de menores, quienes no deben acceder a este tipo de contenido, sino que también tiene el potencial de transformar el funcionamiento de la industria del contenido adulto. Las decisiones regulatorias pueden reconfigurar mercados, modificar condiciones laborales y tensionar estándares de privacidad, con el riesgo de empujar parte de este sector, y a sus consumidores, hacia espacios digitales más difíciles de fiscalizar.
El factor político: el próximo gobierno y la definición del rumbo
¿Qué ocurrirá con los proyectos que hoy avanzan en el Congreso? Con José Antonio Kast próximo a asumir la presidencia, la discusión sobre control de edad en Internet entra en una fase decisiva. La pregunta ya no es solo legislativa, sino política: ¿hará suyo el Ejecutivo este debate o lo dejará circunscrito al terreno parlamentario?
Hay un elemento que añade una dimensión particular al escenario. El senador de Evópoli, Felipe Kast, quien propone prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años y establecer obligaciones directas para las plataformas, es sobrino del presidente electo.
El dato no es menor. Aunque pertenecen a partidos distintos dentro del espectro de la derecha chilena, el vínculo familiar introduce un componente simbólico y político que genera interrogantes sobre la eventual sintonía entre el Ejecutivo y este tipo de iniciativas.
Una administración vinculada a sectores conservadores podría inclinarse naturalmente hacia una agenda reforzada de “protección de la familia y la infancia”, lo que haría coherente respaldar restricciones etarias más estrictas tanto en redes sociales como en sitios de contenido adulto. Sin embargo, el escenario no es lineal.
Dentro del propio sector conviven visiones distintas sobre el rol del Estado. Mientras algunos promueven respuestas rápidas y contundentes frente a fenómenos percibidos como crisis sociales, otros han defendido históricamente la reducción de regulaciones y la protección de libertades individuales y económicas. Esa tensión podría trasladarse directamente al debate digital.
El desafío, en consecuencia, no es solo normativo, sino ideológico: cómo equilibrar protección infantil con garantías fundamentales.
Además, las iniciativas actualmente en trámite carecen aún de un debate público amplio que involucre a expertos en infancia, salud mental, protección de datos, industria tecnológica y sociedad civil. El riesgo es que la discusión quede encapsulada en una lógica reactiva, centrada en la prohibición, sin abordar de manera sistémica la alfabetización digital y el diseño responsable de plataformas.
El próximo gobierno deberá, entonces, tomar una decisión que va más allá de este proyecto específico: definir qué modelo de regulación digital quiere impulsar para el país.
El control de edad en Internet no puede reducirse a la prevención de daños inmediatos. Implica:
- Discutir cómo se resguardan derechos fundamentales en un entorno digital cambiante
- Cómo se forma ciudadanía crítica desde edades tempranas
- Cómo se evita que nuevas regulaciones generen desigualdades o riesgos adicionales, especialmente en materia de datos personales.
Si la administración de José Antonio Kast opta por una estrategia integral y no exclusivamente restrictiva, Chile podría posicionarse con un enfoque propio en el debate global. En cambio, si prevalece una lógica de urgencia y control, el país podría alinearse con modelos que privilegian la barrera técnica por sobre la educación y la participación democrática.
El debate ya está abierto. Lo que está en juego no es solo una edad mínima, sino el tipo de relación que el Estado chileno quiere establecer con el ecosistema digital en la próxima década: cuánto regular, cómo proteger sin vulnerar derechos y qué responsabilidades exigir a plataformas que hoy influyen directamente en la formación, la salud mental y la vida cotidiana de los adolescentes.