El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile plantea múltiples interrogantes sobre cómo su administración, próxima a iniciar en marzo de 2026, abordará fenómenos distantes de su ideario conservador, tales como el trabajo sexual y la política cultural.
Este reportaje busca dilucidar, en la medida de lo posible, el impacto de sus eventuales políticas desde diversos enfoques, integrando dimensiones políticas, jurídicas y socioculturales.
Panorama normativo actual
El ordenamiento legal chileno carece de una ley específica que reconozca o regule el trabajo sexual como actividad laboral. Este vacío normativo se traduce en una contradicción: Si bien la Constitución resguarda, por ejemplo, la libertad de trabajo, no existe una regulación que garantice protección laboral ni acceso a seguridad social (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2021; Fundación Margen, 2020).
En consecuencia, quienes ejercen esta actividad se ven privados de contratos, licencias médicas, cotizaciones previsionales y mecanismos de protección frente a la discriminación o la violencia. Esta precariedad institucional, sumada al estigma social todavía imperante, profundiza las condiciones de vulnerabilidad.
¿Qué dice el Código Sanitario chileno?
El Código Sanitario, en su artículo 41, regula el comercio sexual desde un enfoque restrictivo y de control sanitario. Esta disposición obliga a llevar un registro estadístico de las personas que ejercen el comercio sexual y prohíbe la existencia de prostíbulos o casas de tolerancia, delegando su fiscalización en las autoridades sanitarias y en Carabineros de Chile (Código Sanitario, art. 41; Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN], 2021). Tal marco regulatorio refuerza una mirada que concibe el trabajo sexual como un problema de orden público y salud, más que como una actividad lícita que implique derechos laborales.
Trabajo sexual en el Código Penal
El Código Penal, por su parte, sanciona una serie de delitos asociados al comercio sexual, tales como la promoción o facilitación de la prostitución y, de manera categórica, la prostitución de menores de edad. Sin embargo, la prostitución ejercida entre personas adultas y de manera consensuada no se encuentra penalizada en el ordenamiento jurídico chileno. Pese a ello, diversos estudios y organizaciones han señalado que, en la práctica, fuerzas policiales recurren a figuras ambiguas o poco claras —como las “ofensas al pudor o a las buenas costumbres”— para fiscalizar, hostigar o amedrentar a personas trabajadoras sexuales, lo que contribuye a profundizar su situación de vulnerabilidad y estigmatización social (BCN, 2021; Fundación Margen, 2020).
Otras normas a tener en cuenta
Existen otras normas que, aunque no regulan el comercio sexual de forma directa, poseen una incidencia no menor en las concepciones sobre el cuerpo, la sexualidad y la sociedad.
En este sentido, destaca la Ley N° 20.609, conocida como Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, la cual sanciona actos de discriminación arbitraria, incluyendo aquellos basados en la orientación sexual o la identidad de género (Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2012). Este marco jurídico podría ser invocado para proteger los derechos fundamentales de las personas trabajadoras sexuales ante actos discriminatorios.
Por otra parte, la Ley N° 21.643 —denominada Ley Karin— fortalece la prevención, investigación y sanción del acoso laboral y sexual (Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2024). Dicha normativa genera amplias implicancias culturales, pues redefine los estándares de respeto a la integridad física y la dignidad en el ámbito laboral.
Preocupación de organizaciones de la diversidad sexual
La elección de José Antonio Kast ha sido interpretada por diversos actores como la consolidación de un giro conservador en la conducción del Estado que puede afectar materias vinculadas a la sexualidad, el género y los derechos reproductivos (Montes, 2025).
Históricamente, Kast, desde su rol como diputado, ha mantenido una postura de oposición al matrimonio igualitario, la adopción homoparental y las leyes de identidad de género. Esta posición marca un contraste con la derecha liberal representada por el expresidente Sebastián Piñera durante sus dos administraciones (2010-2014 y 2018-2022), bajo las cuales se impulsaron o promulgaron avances en estas agendas.
Organizaciones de la diversidad sexual han manifestado preocupación frente a este escenario, advirtiendo posibles retrocesos en políticas de reconocimiento y protección de derechos. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual llamó al presidente electo a asumir un compromiso explícito con la protección de los derechos humanos de todas las infancias y adolescencias, “sin restringir su desarrollo ni su bienestar en razón de la orientación sexual o identidad de género que van reconociendo a lo largo de sus vidas” (Movilh, citado en El Mostrador, 2025).
Legislación y protección de derechos
El impacto más obvio se manifiesta en el ámbito normativo. Dado que el trabajo sexual carece de una regulación sistemática, un gobierno de corte conservador como el de Kast podría suponer el estancamiento de iniciativas orientadas al reconocimiento explícito de los derechos laborales del sector. Bajo la retórica de la “protección de la familia” y la “moral pública”, el Estado tendería a priorizar el control administrativo por sobre la dignidad del trabajador. Asimismo, dicha postura política dificultaría la implementación de reformas de despenalización amplia; en lugar de transitar hacia un modelo que garantice una protección integral, se corre el riesgo de reforzar un enfoque punitivista que criminalice indirectamente el uso del espacio público y la organización autónoma de las y los trabajadores.
Es lo que se conoce como “populismo penal”. Diversos expertos han alertado sobre el sobreuso, por ejemplo, de la prisión preventiva como una herramienta de validación social, así como sobre el frenesí legislativo que busca el endurecimiento de penas como forma de enfrentar la crisis de seguridad. Este enfoque se traduce en un “voluntarismo parlamentario, muy dado a endurecer de forma exprés normativas penales que, en tiempos normales, requieren de una discusión pausada para evitar la colisión con las libertades individuales” (El Mostrador, 2023). Los datos respaldan esta tendencia: la delincuencia se mantiene como la principal preocupación de la ciudadanía (Centro de Estudios Públicos, 2025), lo que ha servido de sustento para consolidar una agenda pública basada en el miedo, donde la punición aparece como la única respuesta.
Lo anterior echa raíces en una dimensión cultural ineludible: la reducción de la complejidad social a un mero problema de delincuencia y orden público, excediendo los márgenes del debido proceso y las garantías fundamentales. Este sería el mecanismo mediante el cual un gobierno conservador lograría criminalizar aún más el trabajo sexual, profundizando el estigma que ya pesa sobre el sector.
El impacto del giro conservador en la política cultural
El ascenso de la ultraderecha a nivel global ha consolidado una batalla cultural sin precedentes. Líderes populistas como Donald Trump en EE. UU., Viktor Orbán en Hungría, Giorgia Meloni en Italia o Javier Milei en Argentina han marcado su agenda en torno a la reivindicación de valores tradicionales frente al universalismo, el pluralismo y el sistema internacional de derechos humanos. El cuestionamiento de los organismos multilaterales pone en jaque la estabilidad de la democracia liberal y los consensos sociales alcanzados tras la Segunda Guerra Mundial.
El populismo funciona así, en términos antagónicos, casi como si se tratara de una guerra. Según la socióloga Eva Illouz (2023), estos liderazgos exacerban el conflicto “a través de enemigos y heridas por vengar” (p. 176), dirigiendo su hostilidad hacia lo que denominan despectivamente como lo “woke”: un cajón de sastre donde convergen mujeres, inmigrantes, minorías y sectores precarizados.
Tal es la preocupación que el Movilh emplazó al presidente electo y a sus adherentes a “comprender e internalizar” que “los derechos de las personas LGBTIQ+ se inscriben en la universalidad de los derechos humanos y no constituyen una ideología ni una tendencia política” (Movilh, citado en El Mostrador, 2025).
Para efectos de este reportaje, se plantea que políticas conservadoras podría mermar el apoyo institucional al trabajo sexual, encasillándolo bajo categorías morales, sanitarias o de orden público. De hecho, la futura primera dama señaló en una entrevista en 2017, a propósito de la legislación sobre identidad de género: “Encuentro que es una locura plantear que los niños pueden elegir su sexo y que no es con el que nacen” (citada en El Desconcierto, 2017). Respecto a la adopción homoparental, afirmó que “las familias que funcionan y que son el lugar donde mejor puede estar un niño están conformadas por un hombre y una mujer” (2017).
Según Adriasola, es necesario velar por el “bien” de los niños para que crezcan “lo más sanos posible”, reafirmando el rol de la familia tradicional. En referencia al ámbito escolar, sostuvo: “Es grave que a los niños les digan que no naces hombre ni mujer. Y que esas ideas se estén esparciendo” (como se citó en El Desconcierto, 2017).
En términos de producción artística, el sistema de financiamiento estatal —caracterizado en Chile por su naturaleza concursable— podría verse condicionado por este giro hacia esquemas culturales conservadores. Actualmente, áreas como las artes visuales, fotografía, danza, diseño y literatura dependen de fondos donde los proyectos son evaluados por jurados externos según criterios de calidad, relevancia y trayectoria. Sin embargo, dado que las bases de cada concurso son diseñadas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio—entidad dependiente del Ejecutivo—, un gobierno conservador podría redefinir los parámetros de evaluación. Esto permitiría priorizar propuestas que favorezcan representaciones tradicionales de la familia, la sexualidad y el cuerpo, restando competitividad a temáticas críticas, feministas o con un enfoque de derechos humanos, las cuales podrían ser catalogadas como “ideológicas” o carentes de “impacto social directo”.
El problema reside tanto en lo que se explicita como en lo que se omite. Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast no profundizó en propuestas para el sector; de hecho, su programa de gobierno adolece de un apartado específico para la cultura, priorizando ejes como seguridad, economía, orden social, migración y reducción del Estado (Elías y Guerrero, 2025).
La ausencia de definiciones, sumada a la posibilidad de fusionar el Ministerio de las Culturas con Deporte o Educación, idea que ha circulado con fuerza en medios de comunicación, no hace más que acrecentar el escepticismo en el sector. Al final, queda la duda sobre qué subyace realmente a su concepto de “gobierno de emergencia” y cómo este afectará la autonomía de la institucionalidad cultural y al ecosistema creativo en su conjunto.
Referencias Bibliográficas
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile [BCN]. (2021). Informe sobre la situación legal y social del trabajo sexual en Chile. Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones.
Centro de Estudios Públicos. (2025). Encuesta Nacional de Opinión Pública: Especial Seguridad y Delincuencia.
Chile. Código Penal de la República de Chile. (2024). Texto refundido, coordinado y sistematizado. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Chile. Código Sanitario de la República de Chile. (2024). Artículo 41. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
El Desconcierto. (2017, 28 de octubre). 6 frases ultraconservadoras de María Pía Adriasola, la esposa de José Antonio Kast.
El Mostrador. (2023, 29 de marzo). Expertos advierten sobre el peligro del “populismo punitivo” en el paquete de medidas antidelincuencia y protección a policías.
Elías, B., y Guerrero, C. (2025, 14 de diciembre). Las propuestas de Kast y Jara en materia cultural. Doble Espacio.
Fundación Margen. (2020). Informe anual sobre derechos humanos y trabajadoras sexuales en Chile.
Illouz, E. (2023). La vida emocional del populismo. Cómo el miedo, el asco, el resentimiento y el amor socavan la democracia. Madrid. Katz Editores.
Ley N° 20.609. Establece medidas contra la discriminación [Ley Zamudio]. (2012, 24 de julio). Ministerio Secretaría General de Gobierno.
Ley N° 21.643. Modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales, en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo [Ley Karin]. (2024, 15 de enero). Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Montes, R. (2025, 14 de diciembre). Kast vence en Chile y la extrema derecha alcanza la presidencia por primera vez en democracia. El País.
Movimiento de Integración y Liberación Homosexual [MOVILH]. (2025, 15 de diciembre). Movilh declara estado de alerta tras triunfo de Kast y advierte incertidumbre por derechos LGBTIQ+. El Mostrador Braga.