Una madrugada cualquiera en la ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. El tránsito es escaso. En una esquina, bajo la luz amarilla de un semáforo, una mujer espera. Lleva un abrigo largo, fuma despacio y mira los autos que pasan. Hace años que trabaja allí.
No tiene recibo de sueldo; no tiene vacaciones pagas; no tiene aportes jubilatorios. En los papeles, no existe como trabajadora.
La reforma laboral aprobada por el Congreso argentino forma parte del proyecto del presidente Javier Milei de “modernizar” el mercado laboral, en línea con las recetas liberales promovidas por organismos internacionales como el FMI.
Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca corregir distorsiones del mercado laboral y generar más empleo, bajo la premisa de que empleadores y trabajadores pueden negociar en condiciones más flexibles.
Entre los cambios más discutidos de la nueva normativa aparecen jornadas laborales que podrían extenderse hasta doce horas, la flexibilización en los despidos y nuevas formas de contratación más laxas.
La opinión pública está dividida al respecto: muchos la ven como un retroceso histórico en materia de derechos; otros como parte de la transformación necesaria que encara el gobierno de Milei; y otra gran proporción la ignora o no le da relevancia.
Más allá de esta división, hay sectores donde históricamente las reformas del mercado laboral nunca llegan.
Un trabajo que existe pero no existe
En Argentina, la prostitución ejercida de manera individual no es ilegal. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo o la explotación sexual. Ese encuadre jurídico genera una paradoja: el trabajo sexual no está prohibido, pero tampoco está reconocido como trabajo.
Para Georgina Orellano, secretaria general del sindicato de trabajadoras sexuales AMMAR, ese vacío legal refleja una contradicción estructural del sistema: “Las trabajadoras sexuales existen para el mercado, pero no para el derecho laboral”.
Orellano comenzó en el trabajo sexual a los 19 años y transformó esa experiencia en militancia sindical. Desde hace más de una década reclama que el Estado reconozca derechos laborales para quienes ejercen la actividad.
“Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes quedamos en el medio somos las trabajadoras sexuales”, ha señalado en distintas entrevistas echando por tierra todo tipo de discusión.
Es que sin regulación laboral específica, la mayoría de quienes ejercen el trabajo sexual lo hacen en condiciones de informalidad total y esto, independientemente de la reforma vigente, impacta de manera negativa sobre quienes lo ejercen.
El mercado laboral como frontera
La reforma laboral ya fue sancionada y la disputa hoy de quienes la resisten dejó de estar en las calles y pasó a los escritorios.
El sindicalismo, cuya hegemonía es sostenida por la CGT (Central General de Trabajadores) por la multiplicidad y cantidad de gremios que agrupa, presentó un recurso de amparo para que no se aplique considerándola “inconstitucional” y le delegó así la decisión a la Justicia.
Frente a los detractores, el Gobierno sostiene que la reforma laboral permitirá crear empleo y reducir la informalidad. Sin embargo, las estadísticas muestran una tendencia distinta.
Desde que asumió Javier Milei, se perdieron 276.624 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representa una disminución del 2,81% en el empleo formal. Este número equivale a más de 432 empleos menos por día durante ese período. Los sectores más afectados incluyen la administración pública, la construcción, y los servicios de transporte y almacenamiento.
Distintos análisis sobre Argentina muestran que cuando el empleo formal se vuelve más inestable o directamente se retrae, el trabajo informal no solo crece, sino que lo hace más rápido, absorbiendo a quienes quedan por fuera del sistema. Según especialistas, el empleo no registrado crece tres veces más rápido que el total.
En efecto, el cuarto trimestre del 2025, según un informe de la Universidad de Buenos Aires, la tasa de informalidad laboral fue del 43%, lo que supone que más de 4 de cada 10 trabajadores se encuentran en empleos que no están cubiertos por la legislación relevante, laboral, impositiva o de seguridad social.
En ese contexto, la informalidad deja de ser una excepción y pasa a ser una condición estructural del mercado laboral argentino.
El trabajo sexual no es la excepción
En ese marco, el trabajo sexual no es la excepción. Es, en muchos casos, uno de los destinos posibles de esa expulsión: un territorio donde confluyen la falta de oportunidades formales, la necesidad urgente de ingresos y la feminización de la precariedad.
Como vienen señalando desde organizaciones como AMMAR, muchas mujeres y personas trans llegan al trabajo sexual no desde una lógica de elección libre en abstracto, sino como estrategia de supervivencia frente a un mercado laboral que expulsa, segmenta y deja a amplios sectores sin alternativas reales.
Un registro histórico de esto: durante la crisis económica de 2001 y 2002 (y el estallido social conocido como “argentinazo”), organizaciones sociales registraron un aumento significativo de mujeres que ingresaban a la actividad tras perder sus empleos. Algo similar ocurrió durante la pandemia de 2020.
En efecto, las economías informales suelen funcionar como “economías refugio”. Cuando el empleo formal se retrae, aparecen estrategias de supervivencia.
A ese escenario se suma además una transformación incipiente: la expansión del trabajo sexual en entornos digitales muy diversos. Desde plataformas como OnlyFans, camming, venta de contenido erótico en redes sociales o directorios de avisos adultos, todos ellos reconfiguran las formas de laburar en el sector adulto. Muchas de ellas ofrecen mayor autonomía y control sobre el propio trabajo y la imagen personal, pero no todas están exentas de riesgos, como es la constante exposición.
En rigor, la virtualización del trabajo sexual no elimina la desigualdad estructural ni el reconocimiento de los derechos laborales del colectivo, pero sí que pretende ofrecer mayor autonomía en el filtrado y control de clientes, así como la delimitación propia de tarifas y condiciones en los servicios.
En ese sentido, el pasaje de la esquina a la pantalla no implica una solución inminente para el sector, pero sí una mejora de las condiciones y control que ejerce uno mismx, dependiendo de cada plataforma.
La economía de la expulsión
El trabajo sexual no se explica solo por elección individual, sino por trayectorias de exclusión. La situación es particularmente dramática para muchas mujeres trans y travestis, históricamente marginadas del mercado laboral.
La conductora y actriz Florencia de la V, referente mediática de la diversidad en la Argentina, lo explicó con crudeza en una conversación con la periodista Julia Mengolini en el programa radial Futurock. Allí recordó la historia de muchas personas trans expulsadas de sus hogares durante la adolescencia.
“Hay chicas que son echadas de sus casas a los 13 años”, relató. “Y muchas veces la primera vez que alguien las abraza es un cliente”.
La frase sintetiza una realidad estructural: para muchas personas trans, el trabajo sexual no fue una elección entre varias alternativas laborales, sino una de las pocas posibilidades de supervivencia disponibles. Durante décadas, el mercado laboral formal les cerró casi todas las puertas.
En Argentina existe desde 2021 la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, conocida como Ley 27.636 de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero, que establece que al menos el 1% de los cargos del sector público deben ser ocupados por personas trans.
La norma fue celebrada como un avance histórico frente a décadas de exclusión, pero su implementación presenta fuertes límites. Distintos relevamientos muestran que el cumplimiento es desigual entre organismos y que, incluso donde se aplica, no logra revertir una inserción laboral estructuralmente precaria.
La brecha entre la ley y la realidad persiste: mientras el acceso al empleo formal sigue siendo restringido, muchas personas trans continúan encontrando en el trabajo sexual una de las pocas estrategias posibles de subsistencia.
Feminismo y disputa política
El trabajo sexual también divide aguas dentro del feminismo. Algunas corrientes sostienen que la prostitución es una forma de explotación patriarcal que debería abolirse; y otras organizaciones, como AMMAR, plantean que reconocer derechos laborales es una forma de reducir violencia y precarización.
La activista y actriz porno feminista María Riot forma parte de esa segunda corriente. Sostiene que el debate sobre prostitución suele darse sin la voz de quienes la ejercen. “Se habla de nosotras todo el tiempo, pero casi nunca se nos escucha. El problema no es solo el trabajo sexual, sino las condiciones en las que se lo ejerce y la falta de derechos”, planteó en varias oportunidades.
Para muchas activistas, el problema central no es el trabajo sexual en sí mismo, sino la ausencia de derechos laborales y la criminalización social que pesa sobre la actividad.
Los cuerpos en el capitalismo
La historiadora feminista Silvia Federici ha explicado cómo el capitalismo se construyó sobre enormes cantidades de trabajo invisibilizado o no remunerado, especialmente el trabajo reproductivo de las mujeres.
Desde esa perspectiva, el trabajo sexual revela una contradicción profunda: el mercado puede mercantilizar casi cualquier actividad, pero ciertas formas de trabajo siguen siendo moralmente estigmatizadas.
La filósofa Judith Butler, por su parte, sostiene que las normas sociales determinan qué vidas y qué cuerpos son considerados legítimos dentro del orden social. “No todas las vidas son consideradas vidas en el mismo sentido”, advierte, señalando cómo ciertas existencias quedan fuera de los marcos de reconocimiento y protección.
La antropóloga Rita Segato plantea algo similar: los cuerpos de las mujeres y las disidencias funcionan muchas veces como territorios donde se inscriben las jerarquías sociales. “El cuerpo de las mujeres ha sido históricamente el lugar donde se escribe la ley del poder”, sostiene, dando cuenta de cómo las violencias y regulaciones se ejercen también sobre esos cuerpos como forma de orden social.
El trabajo sexual aparece así como un punto donde se cruzan múltiples desigualdades: género, clase, color de piel, identidad de género y acceso al empleo formal.
Entre el mercado y la intemperie
En una esquina de la ciudad, la mujer sigue esperando. Un auto frena unos metros más adelante. Hablan unos segundos. El vehículo se aleja.
Su trabajo ocurre en un territorio ambiguo: entre la economía y la clandestinidad, entre la autonomía y la vulnerabilidad. Un espacio donde el ingreso depende del cuerpo, pero también del contexto económico, de la regulación ausente y de un mercado que incluye sin reconocer.
En ese sentido, el trabajo sexual expone una verdad incómoda: no está por fuera del sistema laboral, sino en uno de sus bordes más desprotegidos. Funciona como un espejo donde se reflejan las transformaciones más amplias del mundo del trabajo: fragmentación, autoempleo, ausencia de derechos, dependencia de ingresos variables.
La reforma laboral no crea este escenario, pero puede profundizarlo. Al flexibilizar las condiciones del empleo formal, corre el riesgo de ampliar esa zona gris donde cada vez más trabajadores quedan librados a su propia capacidad de generar ingresos, sin redes de contención ni garantías mínimas.
La promesa de mayor libertad aparece entonces tensionada por una pregunta de fondo: ¿qué significa ser libre en un mercado donde las opciones están determinadas por la necesidad?
En esa esquina, mientras espera, la mujer no encarna una excepción sino una posibilidad cada vez más extendida. No solo en el trabajo sexual. También en otros sectores donde el empleo se vuelve intermitente, individualizado y precario.
En ese escenario, la libertad deja de ser una condición y se vuelve una posibilidad desigual.
La reforma laboral promete un mercado más flexible y libre. La pregunta es quién puede realmente moverse con libertad dentro de él.