El turno termina y el colectivo baja desde la montaña. Hay polvo en la ropa, en la piel, en el aire. Los trabajadores vuelven después de días -a veces semanas- de aislamiento en el yacimiento. Cobran sueldos que duplican o triplican el promedio nacional. En los pueblos cercanos, las luces se encienden un poco más fuerte esos días: bares, hoteles, casas que no figuran en ningún registro oficial.
Ahí, en ese movimiento casi invisible, se activa otra economía.
No está en los informes de inversión ni en los discursos oficiales, pero crece al ritmo de la extracción: el mercado sexual. Como una sombra del modelo productivo, aparece donde hay capital concentrado, territorios fragmentados y cuerpos disponibles.
La reciente modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei, marca un punto de inflexión. Al otorgar mayor margen de acción a las provincias sobre zonas protegidas, habilita la expansión de la frontera extractiva en territorios ricos en minerales.
Esta medida, que el Congreso nacional aprobó pese a un fuerte rechazo popular -con movilizaciones en distintos puntos del país y cientos de miles de personas inscriptas en audiencias públicas para manifestar su oposición-, representa un nuevo triunfo para el Gobierno libertario y una oportunidad estratégica para las empresas mineras, que ven allanado el camino para profundizar un extractivismo a demanda. Pero ese avance no es nuevo. Tiene historia.
Un estado con perspectiva minera
La megaminería viene funcionando desde hace décadas en la Argentina. Se trata de una industria resistida por las comunidades de muchas de las regiones donde pretendió instalarse, pero que, por su poder económico y capacidad de lobby, suele imponerse.
La instalación de un enclave minero no altera únicamente el ambiente y los ecosistemas: reconfigura de manera integral la vida social, económica y laboral de los territorios donde se inserta.
La llegada de una gran empresa extractiva suele producir un aumento abrupto del costo de vida, presión sobre la vivienda, dependencia económica de un único sector productivo, masculinización del mercado laboral y transformación de los circuitos comerciales locales.
En muchos casos, actividades económicas previas -agropecuarias, turísticas o comunitarias- quedan subordinadas o desplazadas por la nueva centralidad minera.
El entrecruzamiento con la política resulta clave para comprender ese proceso. En Catamarca, por ejemplo, uno de los slogans promocionales del gobierno provincial resume esa identificación entre Estado y extractivismo: “Catamarca Minera”. La consigna no solo busca atraer inversiones; procura también investir de sentido positivo al significante minería, asociándolo a progreso, desarrollo y destino productivo inevitable.
La desregulación y la economía de mercado
En San Juan, el proyecto Veladero consolidó una economía de enclave basada en campamentos, turnos extendidos y rotación de personal, reorganizando el tiempo social de comunidades enteras en función de los ritmos de la mina.
En Catamarca, la experiencia de Bajo de la Alumbrera dejó como saldo localidades profundamente dependientes de la actividad extractiva, con economías locales atadas a los ciclos de inversión empresaria y una creciente desigualdad entre quienes acceden a empleos vinculados al sector y quienes quedan por fuera de esa renta extraordinaria.
Más al norte, el auge del litio en el NOA reproduce dinámicas similares: comunidades indígenas desplazadas de sus formas tradicionales de subsistencia, migraciones internas hacia zonas de explotación y expansión de mercados informales ligados al consumo de trabajadores temporales.
Incluso en enclaves energéticos históricos como Comodoro Rivadavia, la lógica extractiva dejó una marca persistente: economías locales organizadas alrededor de los ciclos de ingreso de trabajadores varones, con circuitos paralelos de ocio, consumo y sexualidad.
En ese marco, el mercado sexual no aparece como un fenómeno accesorio ni marginal, sino como parte de la reorganización económica que acompaña al enclave extractivo. Allí donde el capital concentra salarios altos, masculiniza la fuerza de trabajo y fragmenta el tejido comunitario, proliferan también formas específicas de consumo que incluyen -de manera recurrente- la mercantilización de cuerpos feminizados.
Con la flamante reforma sobre la protección de zonas glaciares y periglaciares, se espera que el desarrollo de economías mineras en nuevos territorios multiplique estas dinámicas.
Cómo funciona el mercado sexual en las zonas extractivas
En esos territorios, esa economía adopta formas específicas. Desde la AMMAR —la organización que nuclea a trabajadoras sexuales y reclama reconocimiento laboral para la actividad— sostienen que los contextos de alta circulación de dinero y baja regulación estatal incrementan tanto la demanda como los riesgos.
En sus informes sobre derechos humanos, la organización advierte que en estos territorios se registra una mayor exposición a violencia institucional, dificultades para acceder a salud y protección social, y crecimiento de intermediaciones abusivas en contextos de alta demanda.
Un problema adicional atraviesa cualquier intento de dimensionar este fenómeno: en la Argentina no existen estadísticas oficiales sistemáticas sobre la cantidad de trabajadoras sexuales que ejercen en zonas mineras o enclaves extractivos.
La falta de reconocimiento legal y de registros formales vuelve al trabajo sexual una actividad deliberadamente invisibilizada por el Estado, aun cuando organizaciones como la AMMAR, investigaciones académicas y crónicas territoriales coinciden en señalar la expansión de mercados sexuales informales en contextos de alta masculinización laboral, concentración de ingresos y débil regulación estatal.
La clandestinidad, en este punto, no solo precariza el ejercicio de la actividad: también impide medirla, estudiarla y diseñar políticas públicas para intervenir sobre sus condiciones materiales.
La tierra y los cuerpos, territorios en disputa
En la Argentina, pocas consignas sintetizan con tanta potencia la resistencia socioambiental como “El agua vale más que el oro”. La frase comenzó a masificarse a comienzos de los años 2000, especialmente durante las movilizaciones contra la megaminería en Esquel, y desde entonces se convirtió en una de las consignas más reconocibles de los movimientos ambientalistas y progresistas del país.
Diversos trabajos académicos la identifican como emblema del ciclo de resistencias abierto por el conflicto de Esquel en 2002-2003, cuando por primera vez una comunidad logró frenar mediante plebiscito un proyecto de minería a gran escala.
La fuerza de esa consigna reside en que invierte la lógica extractivista: donde el mercado ve rentabilidad, el movimiento socioambiental pone el valor de la vida. No se trata solo de una defensa de recursos naturales, sino de una impugnación al orden de prioridades del capital.
Desde una lectura feminista materialista, el problema excede la cuestión moral o identitaria: remite a cómo el capitalismo organiza y jerarquiza los cuerpos según su utilidad económica.
Si la minería extrae valor de la tierra, el mercado sexual extrae valor de cuerpos históricamente feminizados y colocados en posición de disponibilidad. Ambos circuitos participan de una misma lógica de acumulación: convertir en mercancía aquello que antes estaba por fuera del mercado o cuya mercantilización permanecía invisibilizada.
La pensadora feminista Silvia Federici sostiene que el capitalismo no solo se expande mediante la explotación salarial clásica, sino también a través de la apropiación de cuerpos y trabajos no reconocidos como productivos.
En esa línea afirma que “el capitalismo siempre ha necesitado controlar la capacidad reproductiva y laboral de los cuerpos de las mujeres”, porque allí se juega una parte fundamental de la reproducción de la fuerza de trabajo.
Bajo esta mirada, los cuerpos feminizados no son un margen del sistema productivo, sino uno de sus soportes estructurales.
La disputa por el reconocimiento laboral, entonces, no es solo una demanda sectorial. Es una discusión sobre qué cuerpos producen valor, bajo qué condiciones lo hacen y quién se beneficia de esa producción.
Porque mientras el extractivismo multiplica ganancias en la superficie de los balances empresariales, en sus márgenes prolifera una economía de cuerpos feminizados que también sostiene el funcionamiento del enclave, aunque siga siendo tratada como una actividad sin derechos, sin legitimidad y sin nombre.
“¿Para qué esté el planeta, para contemplarlo?“
La posición del gobierno de Javier Milei frente al ambiente no se limita a decisiones de gestión: se construye también desde un discurso que relativiza el problema.
En distintas intervenciones, Milei ha negado el consenso científico sobre el cambio climático, al afirmar que “el calentamiento global es una mentira del socialismo” y que “todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”.
Esta postura no quedó solo en el plano retórico: su gobierno redujo el rango del área ambiental, recortó presupuestos y llegó incluso a retirar a la delegación argentina de la COP29, en un gesto leído como parte de una estrategia de distanciamiento de la agenda global sobre el clima.
En las últimas semanas, esa negación adquirió un tono aún más confrontativo. Durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Milei calificó a quienes promueven la sustentabilidad como “ambientalistas idiotas” y cuestionó directamente la idea de proteger el planeta: “¿Para qué está el planeta? ¿El creador nos dio el planeta para contemplarlo?”.
Estas frases condensan una cosmovisión donde la naturaleza se figura como objeto de explotación y no como límite. En ese marco, la política ambiental deja de ser una herramienta de regulación colectiva para convertirse en un obstáculo ideológico que debe ser transformado.
Es una concepción del mundo que la modificación de la Ley de Glaciares cristaliza en términos normativos.
Como señala la socióloga Maristella Svampa “el extractivismo no es solo un modelo económico, es una forma de apropiación del territorio que redefine las relaciones sociales”.
Resistencias: otros mapas posibles
Frente a este modelo, no obstante, hay territorios que dicen no. El caso paradigmático es Esquel, en Chubut. Allí, hace más de veinte años, una empresa minera prometía trabajo, desarrollo y progreso. El gobierno provincial acompañaba.
Pero algo se desvió: el pueblo empezó a informarse, a reunirse, a discutir.
Lo que siguió fue una experiencia inédita de organización territorial: asambleas abiertas, circulación de información, debate comunitario y construcción colectiva de saberes. Como recuerda uno de los protagonistas de esa historia: “El pueblo junto, organizado y en la calle puede discutir el modelo productivo”.
El 23 de marzo de 2003, el resultado fue contundente: más del 80% votó contra la megaminería en el plebiscito local. No fue solo una decisión ambiental. Fue una disputa sobre el sentido del territorio. Ese rechazo se extendió al conjunto de Chubut y derivó en la sanción de la Ley 5001, que prohíbe la megaminería en la provincia.
Desde entonces, Esquel se volvió referencia nacional. No solo por el resultado, sino por la persistencia de su organización asamblearia, su memoria activa y su capacidad de sostener el conflicto en el tiempo.
En 2020, cuando el entonces gobernador Mariano Arcioni intentó avanzar nuevamente con proyectos extractivos, la respuesta fue inmediata: marchas multitudinarias, protestas en distintas ciudades y una nueva demostración de rechazo social.
En esa experiencia aparece algo más profundo: la posibilidad de interrumpir el sentido común extractivo. De decir que no todo territorio está disponible, y que no toda riqueza es desarrollo, ni todo desarrollo merece ser llamado progreso.