El acceso a la vivienda se convirtió en una dificultad creciente para quienes trabajan en la informalidad. En el caso de las trabajadoras sexuales, esa problemática suma obstáculos específicos vinculados con la falta de documentación laboral y el estigma que todavía atraviesa la actividad.
Un relevamiento realizado en 2021 por CONICET, UBA y AMMAR-CTA encontró que el 93% de las trabajadoras sexuales mayores de 18 años había atravesado alguna dificultad para acceder a una vivienda, mientras que el 67% señaló no contar con recibo de sueldo. Entre las principales barreras aparecían también la falta de ingresos suficientes y de una garantía propietaria.
La situación se desarrolla en un mercado de alquileres que modificó sus condiciones luego de la derogación de la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/2023. La eliminación del plazo mínimo de tres años y la posibilidad de pactar libremente las condiciones de los contratos generaron una mayor diversidad de requisitos para los inquilinos. Según el corredor inmobiliario Carlos Allende, también se extendieron contratos con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales.
En ese contexto, demostrar ingresos se convirtió en una condición central para acceder a un alquiler. La falta de recibo de sueldo y de garantía puede derivar en alternativas habitacionales más precarias. La trabajadora sexual trans Yokhari Marquez Ortiz, Coordinadora de Casa Roja Ammar, describe situaciones de alquiler de habitaciones en condiciones deficientes y señala que el estigma asociado al trabajo sexual constituye una dificultad adicional.
La problemática también alcanza al trabajo sexual realizado a través de plataformas digitales. El Informe Exploratorio Trabajo Sexual y Plataformas Digitales, elaborado por AMMAR y CONICET y publicado en 2025, señala que el 62,7% de las personas encuestadas son inquilinas, mientras que apenas el 12% es propietaria de su vivienda.
Los datos sobre los anuncios publicados en SimpleEscort Argentina durante el último año (julio 2025-julio 2026) indican que el 93% de las trabajadoras sexuales recibe a los clientes en un espacio propio, muchas veces el mismo en el que viven, mientras que los servicios a domicilio son menos frecuentes.
También los clientes de las trabajadoras sexuales prefieren llegar a un lugar que no sea su propia vivienda o un hotel, para mantener mayor privacidad: de hecho, el filtro "a domicilio" es utilizado mensualmente solo por el 7% de los usuarios de SimpleEscort.
Las dificultades de acceso se producen, además, en un contexto de crisis habitacional más amplia. La Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026 registró que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en emergencia habitacional, el 72,9% mantiene deudas y el 38% registra atrasos en los pagos. Uno de cada cinco hogares relevados tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler.
La exclusión del mercado formal también favorece la aparición de circuitos informales de alquiler. Entre ellos se encuentran los subalquileres de habitaciones dentro de viviendas cuyos titulares sí lograron cumplir con los requisitos exigidos por el mercado. Para quienes quedan fuera del circuito tradicional, esto puede implicar alquileres sin contrato, mayor precariedad y costos más elevados.
A este escenario se suma el debate sobre el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo media sanción en el Senado el 7 de agosto, por 37 votos contra 33, y debe ser tratado por la Cámara de Diputados. El capítulo referido a los desalojos permaneció en el texto aprobado y contempla mecanismos orientados a agilizar los procesos judiciales.
Para las trabajadoras sexuales, la dificultad habitacional no se explica únicamente por la informalidad. El estudio de CONICET, UBA y AMMAR registró que el 25% identificó específicamente la discriminación por ejercer el trabajo sexual como un obstáculo para acceder a una vivienda. También se relevaron situaciones de discriminación de género y por nacionalidad, raza u otros motivos.
Aunque no existe actualmente un nuevo estudio nacional que permita comparar esos porcentajes con los de 2021, los datos disponibles muestran una combinación de factores que profundiza la vulnerabilidad habitacional: informalidad laboral, imposibilidad de acreditar ingresos, falta de garantías y estigma.
El resultado es una frontera de acceso al mercado inmobiliario que no se limita a la capacidad de pagar un alquiler: también exige contar con documentación, garantías y condiciones formales de contratación que una parte de las trabajadoras sexuales no puede acreditar.
Pone el foco en una problemática particularmente compleja dentro de ese universo: la situación de las trabajadoras sexuales, para quienes la dificultad para demostrar ingresos se combina con el estigma.
La situación que sostienen las trabajadoras sexuales se encuadra en el 44, 2% -según datos del Indec de primer trimestre de 2026- de los empleados que permanecen en informalidad en la Argentina, pero con el agravante de ser un sector minoritario y estigmatizado.
El observatorio de industria y trabajo sexual de SimpleEscort, SimpleMedia, ratificó los datos emitidos en un informe del 2021 realizado por el CONICET, la UBA y AMMAR-CTA: entre el 93% de las trabajadoras sexuales de 18 años o más atravesó alguna dificultad para acceder a una vivienda; y el 67% de las trabajadoras sexuales señaló no contar con recibo de sueldo.
Entre los principales causas de esta situación excluyente, figuran la falta de ingresos suficientes; no contar con una garantía propietaria; y no tener recibo de sueldo.
Más oferta, pero también más filtros
El mercado de alquileres se modificó profundamente desde diciembre de 2023, cuando el DNU 70/2023 derogó la Ley de Alquileres y flexibilizó las condiciones de los contratos. La normativa eliminó el plazo mínimo de tres años establecido por la legislación anterior y habilitó a las partes a pactar libremente aspectos como la duración del contrato y los mecanismos de actualización.
Para los propietarios, esa mayor libertad contractual modificó las condiciones de negociación. Para los inquilinos, en cambio, significó también una mayor diversidad de requisitos y condiciones según cada contrato.
Carlos Allende, corredor inmobiliario de la firma Allende/Torales, identifica allí un punto de quiebre. Según explica, antes de la derogación regían contratos de tres años, actualizaciones anuales y condiciones que consideraba más favorables para los inquilinos.
Después de ese cambio comenzaron a generalizarse contratos con actualizaciones trimestrales o cuatrimestrales y condiciones que, en su mirada, favorecen más a los propietarios.
“Esto hizo que haya más oferta y desreguló los precios, pero asfixió más al inquilino”, sostiene Allende. Para el corredor, el mercado no encontró un punto intermedio: “No creo que haya un término medio hoy, sino que se fue al otro extremo”.
En ese escenario, la informalidad laboral adquiere una dimensión concreta: no alcanza con tener ingresos; también hay que poder demostrarlos.
El recibo como frontera
“Los requisitos hoy son que hay que demostrar ingresos”, explica Allende. A eso se suma, habitualmente, una garantía propietaria de un familiar directo.
“Quienes no cumplen con esos requisitos terminan en hoteles y pensiones, habitaciones con baños compartidos y todo lo que implica eso”, cuenta.
Yokhari Marquez Ortiz, Coordinadora de Casa Roja Ammar, describe ese circuito desde su propia experiencia. “Nos alquilan en sitios precarios, no aptos para vivir, porque no queda otra”, cuenta.
Según relata, el estigma asociado al trabajo sexual constituye una barrera adicional. “El hecho de ser trabajadora sexual nos complica por el estigma sobre nuestro trabajo”, sostiene, y señala que la legislación vinculada con la trata de personas puede ser utilizada, desde su perspectiva, para poner bajo sospecha situaciones de trabajo sexual voluntario.
La normativa argentina diferencia la trata y la explotación sexual -que constituyen delitos- de otras situaciones vinculadas con el ejercicio de la prostitución. A su vez, la legislación sanciona la promoción, facilitación o comercialización de la prostitución ajena y establece que el consentimiento de una víctima de trata no exime de responsabilidad a quienes explotan a esa persona.
Para las trabajadoras sexuales organizadas, esa distinción legal no siempre se traduce en una percepción de protección. Por el contrario, sostienen que puede generar situaciones de hostigamiento o sospecha sobre quienes alquilan viviendas para ejercer su actividad.
Yokhari describe también una dimensión económica concreta: “Los alquileres nos cobran el doble, en piezas con hongos, humedad, insalubre”. Ella paga $600.000 por una habitación que describe como “un cuadrado”.
Esta dimensión alcanza a las trabajadoras sexuales virtuales. Según el “Informe Exploratorio Trabajo Sexual y Plataformas Digitales” (AMMAR - Conicet) publicado en 2025, tan sólo el 12% de las personas encuestadas es dueña de su hogar, la mayoría son inquilinas (62,7%) y una buena parte habita un lugar sin ser dueña ni pagar alquiler (22,2%).
Pero la dificultad para acceder a una vivienda no es exclusiva de quienes trabajan en la informalidad. La Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026, elaborada por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, encontró que el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra en situación de emergencia habitacional.
El relevamiento también señala que el 72,9% de los hogares inquilinos mantiene deudas, mientras que el 38% registra atrasos en sus pagos. Además, uno de cada cinco hogares relevados tuvo que mudarse por no poder afrontar el alquiler.
El problema, entonces, tiene dos momentos: entrar al mercado y permanecer en él. Para quienes parten de una situación laboral informal y, además, enfrentan dificultades para demostrar ingresos o conseguir una garantía, la primera barrera puede aparecer incluso antes de firmar un contrato.
La informalidad como negocio especulativo
Las dificultades para ingresar al mercado formal también pueden generar mecanismos informales dentro del propio mercado de alquileres.
Allende observa una de esas situaciones: “Hoy se utiliza mucho que tenés un inquilino que alquiló un departamento de dos dormitorios y contaba con solvencia y, a su vez, subalquiló las habitaciones. Eso en un contrato no lo ves, pero va a pasar”, explica.
El fenómeno muestra cómo la falta de acceso directo puede producir una segunda capa dentro del mercado: personas que sí logran superar los filtros formales terminan convirtiéndose, de hecho, en intermediarias para quienes quedaron afuera.
En ese circuito, la informalidad no desaparece: se desplaza hacia el interior de la vivienda y puede generar relaciones de alquiler más precarias, sin contrato y con mayores costos para quienes no consiguen cumplir con los requisitos tradicionales.
El “desalojo exprés” y una nueva discusión sobre la vivienda
El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo, obtuvo media sanción en el Senado el 7 de agosto. La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33 y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.
Durante el tratamiento parlamentario se eliminaron los capítulos referidos a la compra de tierras por parte de extranjeros y a modificaciones vinculadas con la Ley de Manejo del Fuego. El capítulo referido a los desalojos, en cambio, permaneció en el proyecto aprobado.
Según explicó durante el debate el senador Agustín Coto, uno de los objetivos de las modificaciones vinculadas con los desalojos es agilizar los procesos judiciales y brindar herramientas para acelerar su resolución.
La discusión introduce una pregunta particularmente sensible para quienes ya se encuentran en los márgenes del mercado formal: ¿qué sucede cuando la persona que alquila no tiene contrato, garantía ni documentación que permita demostrar su relación con la vivienda?
Allende considera que el sistema actual de desalojos es lento. “La ley hoy es muy lenta, te terminan sacando si no pagás, pero tarda”, señala.
Sin embargo, su lectura sobre la reforma es crítica: “Creo que esta nueva ley está pensada para los que más tienen, aunque el Gobierno diga que es para beneficiar a la clase media”.
A su entender, la iniciativa responde especialmente a los intereses de grandes propietarios y empresarios que buscan recuperar rápidamente inmuebles.
La opinión del corredor inmobiliario abre así una discusión que excede el conflicto entre propietarios e inquilinos: qué tipo de protección debe tener una persona que ya se encuentra en una situación habitacional precaria y qué ocurre cuando se agilizan los mecanismos para recuperar una propiedad sin resolver las condiciones que llevaron a esa persona a quedar fuera del mercado formal.
Una crisis que no empieza en el alquiler
Para las trabajadoras sexuales, esa dificultad puede combinarse con otro obstáculo: el estigma. El estudio de CONICET, UBA y AMMAR encontró que el 35% de las trabajadoras sexuales relevadas mencionó la discriminación de género como un obstáculo para acceder a una vivienda; el 27% señaló discriminación por nacionalidad, raza u otros motivos; y el 25% identificó específicamente la discriminación por ejercer el trabajo sexual.
Cinco años después de aquel relevamiento, no existe un nuevo estudio nacional que permita saber si esos porcentajes cambiaron entre las trabajadoras sexuales. Esa ausencia también forma parte del problema: mientras sí existen mediciones recientes sobre el endeudamiento de los inquilinos, el costo del alquiler y la informalidad laboral, siguen siendo escasos los datos específicos sobre cómo esas condiciones impactan en quienes ejercen el trabajo sexual.
Lo que sí muestran los datos disponibles es que la dificultad para acreditar ingresos no es una barrera menor. En un mercado donde conseguir una vivienda requiere cada vez más capacidad económica y contractual, no tener recibo de sueldo, garantía o un vínculo formal con el empleo puede significar quedar relegado a opciones habitacionales más caras, precarias o informales.
Y para las trabajadoras sexuales, esa frontera se cruza con otra: la del estigma que todavía condiciona la posibilidad de acceder, en igualdad de condiciones, a un lugar donde vivir.