En esta oportunidad, vamos a hablar un poco sobre las legislaciones que se dictaron en Inglaterra y en España para controlar el acceso de niñas, niños y adolescentes a páginas de contenido adulto. Pero como siempre que abordamos legislaciones, vamos a prestar particular interés a los efectos que tienen en el ámbito del trabajo sexual y en los derechos humanos de quienes se dedican a esta actividad.
Empecemos con la ley inglesa
La ONLINE SAFETY ACT (en adelante OSA) es el resultado de muchos años de presión social por el fracaso de la “autorregulación” de las empresas tecnológicas que deberían haber impuesto controles más eficaces en contra del acceso de personas menores de edad a contenido pornográfico en línea.
Ya en el año 2017 se había dictado la Digital Economy Act, que disponía la verificación obligatoria de edad para el acceso a las páginas de contenido adulto; sin embargo, no pudo ser implementada por problemas técnicos. En OSA, encontraron como herramienta para poder implementar estas medidas, que consiste en dotar de mayores facultades al ente regulador (OFCOM).
La ley que entró en vigencia elimina la “autodeclaración” de edad (es decir, el botón de “soy mayor de edad”) y obliga a las empresas a verificar fehacientemente la edad de lxs usuarixs.
Con esta legislación se produce un cambio de paradigma, ya que durante las décadas anteriores las plataformas eran consideradas “tuberías” y, por lo tanto, no podían ser responsabilizadas por el contenido que circulaba por ellas. En la actualidad, se considera que las plataformas tienen “un deber de cuidado” donde las empresas deben evaluar los riesgos de sus productos antes de lanzarlos al mercado.
¿Por qué este cambio?
Estos cambios se basan en estudios que fueron realizados por la Comisionada de la Infancia de Reino Unido que arrojaron los siguientes resultados:
- Niños de 11 y 12 años accedían rutinariamente a pornografía hardcore extrema (violencia, humillación) en sus teléfonos, a menudo en el patio de la escuela o en el autobús.
- Se detectó que esta exposición estaba deformando la comprensión del consentimiento y las relaciones sexuales en adolescentes, generando un aumento de casos de acoso sexual entre pares en las escuelas (fenómeno conocido como "Everyone’s Invited").
¿Cómo funciona la ley OSA en Reino Unido?
Con esta ley se creó un sistema de garantía de edad efectiva, donde la responsabilidad de impedir el acceso recae sobre la plataforma, bajo las siguientes directrices:
- Estimación Facial (Biometría): El usuario se toma una selfie en tiempo real. Una inteligencia artificial analiza los rasgos faciales para estimar la edad. Si la IA confirma que pareces mayor de 25 años (para tener margen de error), te deja pasar. La imagen se borra inmediatamente y no se guarda.
- Verificación de Documento (ID): Subir una foto del pasaporte o licencia de conducir.
- Tarjeta de Crédito: Realizar una micro-transacción o validación bancaria (ya que los menores no pueden ser titulares de tarjetas de crédito legalmente en el Reino Unido).
- Banca Abierta (Open Banking): Conectar con la app del banco para que la entidad financiera confirme "Sí, este cliente es mayor de 18", sin compartir más datos.
Las sanciones que establece esta ley para las plataformas contempla:
- Multas Económicas: Hasta 18 millones de libras o el 10% de la facturación global de la empresa (lo que sea mayor).
- Bloqueo de Sitios (ISP Blocking): Si un sitio se niega a cooperar, Ofcom puede ordenar a los proveedores de internet (como BT, Virgin, Sky) que bloqueen el acceso a esa página en todo el Reino Unido.
- Responsabilidad Penal: En casos extremos, los directivos de las empresas tecnológicas pueden enfrentar cargos penales si no colaboran con investigaciones sobre protección infantil.
Frente a la aplicación de esta legislación, algunos sitios de contenido para adultos han decidido bloquear todo el tráfico proveniente de direcciones de IP del Reino Unido (geo-bloqueo). También se observó el auge de las VPN por parte de usuarios que navegan desde otro país y evitar cumplir con las medidas de control.
Otro caso al lado del charco: España y sus restricciones
En España, a diferencia del modelo inglés, la Agencia Española de Protección de Datos y la Ley General de Comunicación Audiovisual abordan las restricciones desde un punto de vista diferente, con medidas que protegen con mayor rigurosidad la privacidad de lxs usuarixs.
Esta reglamentación establece un sistema en el que no existe el vínculo entre la identidad y la verificación. La propuesta radica en que el usuario solicite una credencial de mayoría de edad en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y, al momento de loguearse, utiliza un token criptográfico y se mantiene el anonimato.
Se busca, por un lado, proteger a las personas menores de edad, y a la vez, defender el derecho fundamental a la privacidad.
Se imponen también sanciones a las plataformas, incluso aquellas intermediarias como X o Telegram por no implementar estos sistemas de verificación. En términos generales, podemos evaluar que esta legislación afecta con menor intensidad el derecho a la privacidad de los usuarios.
Sin embargo, las críticas dicen que esta ley es de muy difícil aplicación por la localización de los servidores. Funcionará si España ordena a las operadoras de internet que bloqueen el acceso a las webs incumplidoras.
¿Cuál es la situación en Argentina?
Hay que señalar que en Argentina no existe una legislación que busque implementar sistemas de verificación estrictos, como los casos de España e Inglaterra. Por ahora, se encuentra severamente penalizado la tenencia y distribución de pornografía infantil, y en la actualidad existen algunos proyectos de ley que buscan establecer sistemas de control como los que vimos en Europa.
Entre los que están en debate en el país son:
- Ley Integral de Protección Digital de NNyA: Este proyecto (que ganó tracción a finales de 2025) busca prohibir el acceso a redes sociales a menores de 14 años y obligar a las plataformas a usar "métodos fehacientes de verificación de edad".
- Restricción en Sitios Específicos: Se discuten normativas para que los sitios con contenido para adultos deban validar la identidad mediante sistemas vinculados a Mi Argentina o bases de datos similares, aunque esto genera fuertes debates sobre la privacidad de los adultos.
Por lo tanto, no hay una ley activa como tal que prohíba o restrinja el acceso a páginas web de contenido adulto o el acceso a redes sociales a menores y adolescentes, como ha sucedido recientemente en España y en otros países más lejanos como Australia.
Sin embargo, y en cualquier caso, la legislación que busca controlar el acceso de las personas menores de edad enfrenta dos derechos importantes para las personas: ¿qué debe prevalecer, la privacidad o la protección? Esta tensión se traslada también a las capacidades técnicas para proteger la privacidad, aun cuando se hayan creado sistemas de verificación de edad, la eficacia de estas medidas frente a sitios alojados fuera del país que sanciona las leyes, etc.
Los efectos de esta ley para lxs trabajadorxs sexuales (y clientes)
Desde la perspectiva de la oferta de trabajo sexual en plataformas, así como de la protección contra la vigilancia masiva que se despliega bajo estas legislaciones, podemos enumerar algunos efectos muy contraproducentes para las personas que se dedican a esta actividad.
Expulsión de un entorno seguro
Como sabemos, el entorno digital se ha convertido en una herramienta que brinda seguridad para seleccionar clientes, mantener el control de las interacciones sin intermediarios. En líneas generales, permiten prácticas más seguras.
El conjunto de legislaciones que se han venido sancionado a lo largo del mundo bajo la perspectiva abolicionista han ido avanzando sobre las estrategias que han elaborado lxs trabajadorxs sexuales frente a la clandestinización. El avance de las medidas sobre el ejercicio del trabajo sexual en línea (en EEUU la sanción de las leyes FOSTA y SESTA, las medidas que se adoptaron para el cobro de servicios sexuales de plataformas, etc.) expulsan a lxs trabajadorxs sexuales de plataformas seguras, donde los diferentes gobiernos aumentan exponencialmente el riesgo de criminalización y de vulnerabilidad.
Discriminación financiera
Otro efecto muy grave para lxs trabajadorxs sexuales es la discriminación financiera o debanking que les impide cobrar por vías rápidas, seguras y confiables los servicios ofrecidos.
Los bancos (como Barclays, HSBC o JPMorgan) y los procesadores de pago (Visa, Mastercard, PayPal) operan bajo estrictas normas de compliance. Mediante el dictado de este tipo de leyes, el contenido adulto pasa a ser calificado como una actividad de “riesgo alto” y se sanciona con multas millonarias por procesar esta clase de pagos.
Cierre de cuentas
También se cierran las cuentas de las trabajadoras sexuales y de las plataformas porque sus actividades están encasilladas como riesgosas para esas entidades. Estas regulaciones generan que quienes obtienen ingresos de esta actividad se vean impedidxs de formalizar sus ingresos, de acceder al crédito, acceder a la vivienda, y puedan trazar un plan de previsión social para el futuro.
Asimismo, del lado de lxs clientes, quienes acceden a contenido adulto en línea, el uso de métodos de pago también se ve restringido, porque las tarjetas de crédito rechazan los pagos o directamente lo entienden como una violación de sus políticas de uso.
Así pues, estamos frente a otro supuesto de legislación abolicionista sobre el trabajo sexual: el trabajo sexual voluntario de personas mayores de edad no está castigado penalmente, pero como demuestra este caso (y los que venimos analizando), las leyes solo construyen obstáculos para poder ejercerlo.